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"El Estado niega una jubilación digna a los cuidadores que cumplieron su parte"
Una cuidadora passeja amb una persona dependent, a Barcelona.
Juan Valentín López
Escribo para denunciar una injusticia que condena a miles de personas a la pobreza: la suspensión de cotizaciones a cuidadores no profesionales desde 2012 y la negativa del Estado a repararla retroactivamente. En 2012, el Gobierno eliminó las cotizaciones que la Seguridad Social asumía por familiares que cuidaban a personas dependientes, garantía establecida en la Ley de Dependencia de 2006.
Entretodos
Se vendió como medida "temporal" por la crisis. Doce años después, miles de cuidadores -mayoritariamente mujeres de clase trabajadora- siguen sin que se reconozcan esos años perdidos. La trampa es cruel: muchos dejaron sus empleos entre 2007 y 2012 confiando en que el Estado cotizaría por ellos. Cumplieron su parte. El Estado, no. Hoy, al llegar a la jubilación, descubren que les faltan años para alcanzar los 15 mínimos de cotización.
Su recompensa: 517 euros mensuales de pensión no contributiva, bajo el umbral de la pobreza. En 2019 se recuperaron las cotizaciones, pero solo para nuevas altas. Quienes cuidaron entre 2007 y 2012 quedaron excluidos. Esta discriminación castiga a quienes más confiaron en las instituciones. Hablamos de personas reales: la mujer de 63 años que dejó su empleo en 2010 para cuidar a su madre con alzhéimer y le faltan tres años de cotización; el hombre de 64 que redujo jornada en 2011 para atender a su esposa con ELA y no alcanzará pensión contributiva.
Cada cuidador ahorró al Estado entre 18.000 y 30.000 euros anuales. El Estado se benefició de su trabajo gratuito y ahora les niega jubilación digna.La solución: reconocer retroactivamente los períodos de cotización interrumpidos entre 2012 y 2019 a todos los cuidadores dados de alta. Coste estimado: 800-1.000 millones, irrisorio comparado con los 140.000 millones del sistema de pensiones.
Jurídicamente, la suspensión unilateral de 2012 vulneró un derecho adquirido. Moralmente, la deuda es incuestionable. Exigimos una reforma legal urgente que garantice este reconocimiento y una justa reparación.
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