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"¿Excarcelar a los violadores?"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el fiscal general del Estado, Álvaro García.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el fiscal general del Estado, Álvaro García.

El derecho penal es “prevención general” o amenaza universal contra los posibles infractores, es “prevención especial” al sancionar conductas individuales no conformes a las normas, y es también “retribución” para resarcir por el mal causado, pero no a las víctimas, sino a la sociedad, que defiende con cada condena su soberanía. No podemos convertir las penas en una venganza personal dándole así un cometido que el derecho repudia.

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La ley del "solo sí es sí” ha conseguido proteger a las víctimas, ha fijado los tipos delictivos relacionados con la agresión sexual, evitando que haya interpretaciones sesgadas al juzgar las conductas individuales en relación con aquellos. Ese corsé legal en la tipificación, que es legítimo, no ha sentado bien en determinados ámbitos judiciales que se han propuesto relativizar la ley al fijar las condenas con interpretaciones poco claras o, cuando menos, evaluables por la futura jurisprudencia del Tribunal Supremo. Veremos.

El legislador reconoce que a la víctima de delitos sexuales se la defiende no solo con el Código Penal, su resarcimiento y cuidados deben prestarse necesariamente en ámbitos administrativos de apoyo y atención especializados, ajenos al derecho sancionador. Ligar la suerte de víctima a la situación penal y penitenciaria del victimario, como pretenden algunos, es una traba insalvable para cualquier terapia reparadora de aquella. Y resulta demagógico como argumento legislativo.

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