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"Tras la dura sentencia del Supremo, no existen perspectivas de una salida satisfactoria"
Manuel Marchena, entre un mar de cabezas durante la apertura del año judicial. / POOL
José Melero Pérez
La gran mayoría de los catalanes, tanto los que se consideran independentistas como los que no, como también la de muchos otros españoles, han considerado la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés' como extremadamente dura e injusta.
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¿Por qué? Porque al haber probado los abogados defensores que no hubo rebelión, el supuesto delito más importante que había sobre la mesa del Supremo y al que más energías dedicó para no solo castigar a los acusados con las máximas penas de hasta 25 años, sino también para descabezar el independentismo, no procedía imponer penas tan extremadamente duras como encarcelarlos entre 9 y 13 años.
Era previsible, por tanto, que decenas de miles de manifestantes salieran a manifestarse y mostrar su rechazo a la sentencia. Protestas que tendrán su punto culminante el próximo viernes, día 18, con la convocatoria de una huelga general en toda Catalunya.
El problema de Catalunya no se resolverá nunca por vía judicial ni por vía represiva, ya que lo avivará aún más, sino por la vía política. Tiempo ha habido para encontrar soluciones, pero a los políticos, con gran dosis de irresponsabilidad, se les ha escapado de las manos, recurriendo el 2010 al recorte del Estatut del 2006 promovido por el PP, a pesar de haber sido aprobado por el Parlament y por referéndum con un apoyo del 74% de los catalanes, al 155 y al Tribunal Supremo.
Todas esas medidas, en vez de apaciguar el independentismo, lo han potenciado exponencialmente. Así se ha llegado a la situación límite en la que nos encontramos, sin perspectivas de una salida satisfactoria.
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