"Si un contribuyente está cuatro años sin pagar la renta, el argumento no ha de ser que 'falló el sistema'"

Resulta sorprendente que una persona vinculada a 39 empresas pudiera permanecer durante cuatro años sin presentar la declaración del IRPF sin que, según reconoció la propia Agencia Tributaria, se activaran los mecanismos de alerta previstos para detectar este tipo de incumplimientos. Durante la comparecencia de la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández ante la comisión de investigación del Senado, tuvo que responder sobre las deficiencias detectadas en el caso de Julio Martínez.

Durante su intervención reconoció que el sistema no detectó la ausencia de las declaraciones del IRPF y atribuyó lo sucedido a un fallo en las alertas, al tiempo que negó rotundamente que hubiera existido cualquier trato de favor. Sin embargo, la explicación ofrecida deja abiertas numerosas incógnitas. ¿Cómo es posible que un contribuyente vinculado a un importante entramado empresarial permaneciera durante cuatro años fuera del radar de la Administración tributaria? Es una pregunta que cualquier ciudadano podría plantearse.

La controversia adquiere una mayor dimensión por tratarse de una persona vinculada al entorno político del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Agencia Tributaria debería extremar la transparencia y ofrecer todas las explicaciones necesarias para disipar cualquier sospecha de trato de favor, demostrando con datos, y no solo con declaraciones, que el principio de igualdad ante la ley se aplica sin excepciones.

La confianza en las instituciones no depende únicamente de que actúen con imparcialidad, sino también de que los ciudadanos perciban que esa imparcialidad existe. Cuando un contribuyente permanece cuatro años sin pagar la renta y el argumento es que «falló el sistema», la duda deja de ser meramente técnica y se convierte en un problema de credibilidad institucional.