"La clase política debe aplicarse la misma austeridad que le exige al ciudadano"

Es inaceptable que, mientras millones de españoles luchan por pensiones dignas tras décadas de cotizaciones, los expresidentes del Gobierno central y de varias comunidades autónomas sigan recibiendo asignaciones públicas elevadas y prácticamente vitalicias. Los expresidentes del Gobierno perciben alrededor de 75.000 euros anuales para gastos de oficina y atenciones, de forma indefinida y con escasa justificación.

En comunidades como Catalunya y el País Vasco existen pensiones o complementos vitalicios, y en otras (Galicia, Andalucía, Extremadura…) compensaciones del 60-80% durante periodos largos. Los ciudadanos cumplimos estrictamente con nuestras obligaciones, siempre somos los mismos los que pagamos los platos rotos. Tras altos sueldos en el cargo, acumulan estas prebendas públicas junto al fenómeno de las puertas giratorias hacia el sector privado.

Estas normas, heredadas de otras épocas, alimentan la percepción de una casta política alejada de la realidad. Propongo una propuesta concreta de reforma: Aprobar una ley orgánica (o modificar el Real Decreto 405/1992 y equivalentes autonómicos) aplicable solo a futuros cargos; limitar la dotación a un máximo de dos años (con reducción progresiva: 100% primer año, 50% segundo); exigir justificación anual auditada por el Tribunal de Cuentas; incompatibilidades estrictas contra puertas giratorias; suspender la dotación si se perciben retribuciones de más de 60.000 euros al año y establecer un periodo de enfriamiento de dos años en sectores regulados; homogeneizar criterios en todo el Estado.

Esta reforma es viable, de bajo coste y respetuosa con los derechos adquiridos. Es hora de que la clase política aplique los mismos criterios de austeridad y responsabilidad que exige a los ciudadanos.