Carta de un empleado público: "No es solo cuestión de recuperar poder adquisitivo"

No es solo cuestión de recuperar el poder adquisitivo de los sueldos. Los empleados públicos estamos sometidos a un tipo de relación laboral absolutamente exigente, que la jurisprudencia califica de 'especial sujeción', para garantizar que las Administraciones presten, bajo cualquier circunstancia, los servicios públicos establecidos.

Al tomar posesión del cargo aceptamos un contrato de adhesión, en el que pueden cambiarse las cláusulas contractuales sin consentimiento de la parte más débil: el trabajador público. De hecho, se nos bajó el sueldo en 2010 y desde entonces, hasta 2017, nos congelaron las remuneraciones básicas.

Además, en 2012, aumentaron nuestra jornada de trabajo en 2,5 horas semanales, redujeron nuestros días de libranza y suprimieron una de las dos pagas extras anuales.

En definitiva, se modificaron nuestras condiciones de trabajo arbitrariamente, sin que cupiera defensa o negociación alguna por parte de los trabajadores públicos, a golpe de ley presupuestaria, con la contención del gasto público como gran argumento.

Todo esto fue legitimado por el Tribunal Constitucional, en su sentencia 99/2016 y ha deteriorado de forma continuada las prestaciones del servicio, incluso las más necesarias.

Ha propiciado asimismo la privatización como alternativa de gestión y como oportunidad de negocio boyante, por tener siempre una clientela garantizada: la inmensa mayoría de los ciudadanos.