"Con el fin del estado de alarma nos hallamos inmersos en la inseguridad jurídica"

En la madrugada del sábado 8 al domingo 9 de mayo cesaba el estado de alarma. Más allá de las bochornosas imágenes de plazas y calles atestadas de gente incumpliendo las mínimas normas de convivencia, sin intervención alguna de las autoridades y la preceptiva prevención ante la pandemia, algunas comunidades autónomas veían rechazadas sus medidas por los tribunales.

Mientras el covid sigue campando a sus anchas, con una tasa de vacunación aún insuficiente, nos encontramos huérfanos del amparo normativo más allá de la responsabilidad individual, de cuya carencia muchos presumieron emborrachándose sin mascarillas ni la mínima distancia social pervirtiendo la palabra 'libertad'.

Durante la vigencia del estado de alarma, desde los medios de comunicación, el Congreso y las autonomías se solicitaban las reformas necesarias para prevenir la actual situación de desamparo administrativo. El Gobierno se empecinó en decirnos que contábamos con los medios necesarios para actuar.

En unas pocas horas, sentencias judiciales y el comportamiento de miles de irresponsables demostraban que no era así. Nos hallamos inmersos en la inseguridad jurídica y una cogobernanza coja. Apenas un día después, varios ministros han reconocido que es necesario aprobar medidas que permitan dotarnos de instrumentos de protección sin la excepcionalidad del estado de alarma con una legislación tan insuficiente como caduca. La realidad ha validado los peores pronósticos, y me pregunto ¿qué ha hecho el Gobierno durante estos meses de estado de alarma para prevenirlo?

Todo ello sumado a una guerra política en la que la oposición dice una cosa y su contraria según una conveniencia arribista. En realidad, la pregunta correcta sería ¿qué ha hecho la clase política aparte de lanzarse los trastos y aprovechar las víctimas en su beneficio?