"Para la Administración hay ciudadanos y entornos de primera y de segunda"

Como vecino del barrio de Porta, en Nou Barris, asisto a un contraste tan absurdo como doloroso. En la calle de la Maladeta, donde durante una década el vecindario autogestionó pacíficamente unos huertos comunitarios, hoy se están acabando de construir bloques de pisos con alquileres que superan los 2.000 euros al mes. Una cifra prohibitiva para un barrio obrero.

La paradoja es que, justo al lado de estas viviendas de lujo ha proliferado un campamento ilegal que se ha convertido en una auténtica jungla de chatarra. Cuando este asentamiento comenzó a crecer, se denunció la situación ante la Administración y la policía por una preocupación real de salubridad y dignidad, tanto para los que allí malviven como para el resto del vecindario.

La respuesta institucional fue de total indiferencia: un frío "ya sabemos que están ahí" y que hay agentes de paisano vigilando. Es cierto que no han generado problemas graves de convivencia, pero el abandono es evidente. Ante esto, cabe hacerse una pregunta incómoda: ¿Se habría permitido este nivel de insalubridad y desatención de haberse producido junto a una promoción exclusiva en los barrios más ricos de la ciudad?

La respuesta todos la intuimos; parece que para las administraciones hay ciudadanos y entornos de primera y de segunda categoría. Aunque estas realidades locales parecen intrascendentes desde los despachos, lo cierto es que siembran un profundo malestar entre la clase trabajadora. Sentirse ignorados por las instituciones mientras el precio de la vivienda expulsa a los vecinos es el caldo de cultivo perfecto para el descontento.

Luego, cuando llegan las elecciones, las altas esferas se sorprenden al ver cómo estos barrios castigados terminan votando a partidos que fomentan el odio entre los de una misma clase. No se escandalicen: la semilla de ese rencor la siembran ustedes con su desidia cotidiana.