Los abusos de la enseñanza concertada

La intervención de la ministra Celaá en el 15º Congreso de Escuelas Católicas ha perturbado a los delegados asistentes al decir que "la Constitución no ampara la libre elección de centro", que es la base de apoyo de la escuela concertada. La oyeron bien y los murmullos no se hicieron esperar: no gustó, pero había que decirlo.

La escuela católica ha sabido aprovechar los resquicios constitucionales para duplicar ingresos de los centros concertados, convertir el derecho de los padres en un pilar ideológico y aumentar la financiación en la concertada, mientras se ha estancado la pública.

El artículo 27 de la Constitución establece el derecho a la educación, reconoce la libertad de enseñanza, garantiza recibir la formación religiosa y moral y la creación de centros docentes. No habla de financiar la enseñanza concertada, que fue una concesión de los gobiernos socialistas, precisamente, pero no una obligación basada en el derecho de los padres. El Tribunal Constitucional estableció en 1981 que "el derecho a decidir la formación religiosa y moral es distinto del derecho a elegir centro docente".

La ministra niega que el derecho de los padres sea parte de la libertad. Pueden elegir centro, ideario y formación religiosa, pero tal decisión no obliga al Estado a pagar con dinero público una decisión privada y meramente particular. La promoción de la escuela pública científica, laica, gratuita y democrática es una de las grandes funciones del Estado. La educación privada tiene sus propios recursos.

La "demanda social" de la LOMCE favorece la enseñanza concertada. Se demandan centros, la Administración ofrece suelo y levanta un colegio, que después se concierta, siendo financiado con dinero público.

No se trata de ningún lapsus de la ministra, sino de establecer la doctrina constitucional, relajada vergonzosamente. Lo sorprendente es la queja de la Conferencia Episcopal, que ha vampirizado casi todo. Abusar no queda bonito.