Los costes sociales y climáticos del actual subsidio a los combustibles en España

El subsidio es cuestionable porque apoya actividades que generan costes sociales y ambientales. De hecho, en su planteamiento actual el subsidio total que recibe un hogar o una empresa es mayor cuanto menos eficiente es su vehículo o cuantos más kilómetros recorre. En otras palabras, los grandes contaminadores son recompensados de manera desproporcionada. Al mismo tiempo, el subsidio castiga a quienes viven sin automóviles, han invertido en movilidad sostenible o han optado por vivir en entornos caminables.

Los subsidios a los combustibles contrastan fuertemente con los modelos de políticas orientados a proteger la salud local y el clima global. El precio del combustible debe tener en cuenta su contenido de carbono para reducir las emisiones de CO₂ y, por lo tanto, incentivar menos conducción, menos viajes aéreos y estilos de vida libres de carbono. Una política climática sabia también debe ser duradera, estable y resistente a impactos como la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Para los conductores que llenan su tanque, el subsidio puede ser percibido como un alivio necesario por los precios injustamente altos, pero tarde o temprano todos lo pagamos. Además, no todos participamos de sus beneficios. De hecho, el actual subsidio a los combustibles produce efectos perversos: los que no tienen automóvil subsidian a los que tienen coche; los hogares pobres subvencionan a los ricos (con coches más pesados y potentes); los que conducen poco subvencionan a los que conducen más; y los que tienen vehículos más eficientes en combustible subvencionan a los que tienen vehículos menos eficientes (más contaminantes).

Los actuales subsidios españoles a los combustibles y la electricidad también son económicamente ineficaces debido a las distorsiones que crean en el mercado. Dado que estos subsidios afectan directamente el costo de la energía, interfieren con la competencia de precios y los márgenes de ganancia. Esto permite a los productores aumentar los precios de referencia, acelerando potencialmente el auge de los precios que paga el consumidor. Para evitar este riesgo, se debe diseñar un subsidio independiente del precio del producto, por ejemplo, a través de una reducción en el impuesto a la renta. Este instrumento es más eficaz para cumplir los objetivos de equidad porque puede estar dirigido a los hogares de menores ingresos. Además, tiene más sentido en el clima actual inflacionista de aumento de los precios de todos los bienes básicos.

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El Gobierno podría haber planteado invertir estos recursos que ahora dedica al subsidio de combustible en mejorar las opciones e infraestructuras de transporte público existentes. La decisión de subsidiar el transporte por carretera tiene ganancias políticas a corto plazo con altos costos para la sostenibilidad ambiental y la equidad social.

El Gobierno español ha diseñado una política en la que se subvenciona al que contamina, violando el principio fundamental del derecho ambiental –apoyado por la OCDE y la UE– de que quien contamina debe pagar los costes y las consecuencias de su consumo o producción. Una política sabia reemplazaría el subsidio al combustible con subsidios de ingresos más efectivos y justos, así como inversiones en sistemas de transporte y energía libres de carbono.