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'Bullying' en el aula: "No entendía por qué tenía que quedarse en casa él cuando no había hecho nada"

El hijo de M.C. fue objeto de repetidos mensajes despectivos y amenazas en un instituto. Una sentencia exime al personal del centro al entender que hizo todo lo posible para ayudar al menor.

M. C. sostiene la sentencia que exime al centro educativo del ’bullying’ sufrido por su hijo.

M. C. sostiene la sentencia que exime al centro educativo del ’bullying’ sufrido por su hijo. / RICARD CUGAT

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Luis Benavides
Luis Benavides

Periodista

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M .C. ya no puede más. Necesita cambiar de ciudad y empezar de cero. Su hijo, al que llamaremos Eric, de 16 años, sufrió ‘bullying’ en un instituto de Barberà del Vallès durante varios años. Cambió de centro educativo, pero ahora no puede salir solo a la calle, tiene miedo. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso administrativo número 17 de Barcelona, sin embargo, exime de toda responsabilidad penal a los demandados: el instituto y la Generalitat.“Contra esta sentencia no hay recurso”. Esta frase, recogida en el fallo, con fecha 22 de abril de 2022, ha hundido a la familia, que ya no sabe a dónde acudir. Por eso han escrito una carta a Entre Todos. “Solo me queda el derecho a la pataleta y dar a conocer nuestra historia. No tengo el dinero suficiente para contratar un buen abogado y seguir luchando”, explica a este diario M.C., de 46 años. 

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Los padres de Eric, que tenía diagnosticado TEA y TDAH, escogieron ese centro educativo de titularidad pública porque les aseguraron que su hijo estaría acompañado por psicólogos y educadores especializados, pero al poco tiempo empezó una pesadilla que todavía les persigue. Un grupo de compañeros de clase empezaron ridiculizándolo, incluso compartiendo vídeos en redes sociales en los que era objeto de burla. En el grupo de Whatsapp que tenían para comentar las tareas y otros asuntos escolares le insultaban, repetidamente. Llegaron a atarlo a una silla y pegarle, asegura su madre. Como consecuencia de estas acciones desarrolló un trastorno de conducta, según la lectora. “Envié varios escritos al colegio y al EAP (equipo de atención primaria), pero nunca obtuve respuesta. Puse denuncia en los Mossos, aportando pruebas, y hablaron con estos chicos y sus padres, pero tampoco podían hacer más. Al ser menores eran inimputables”, recuerda M.C., que al final optó por dejar a su hijo en casa durante dos meses. Servicios sociales y una psicóloga, asegura, le recomendaron apartarlo “mientras no se solucionara el problema”. 

Lejos de mejorar, la situación empeoró. La denuncia soliviantó a sus presuntos acosadores. Recibió amenazas de muerte e intentó quitarse la vida en al menos tres ocasiones. Eric sacaba toda su frustración en casa, rememora su madre. Hasta entonces había sido un chico relativamente tranquilo, que sacaba buenas notas, sobre todo en matemáticas e informática, un detalle que también generaba recelos entre algunos compañeros, según la versión de su madre. “Durante esos dos meses en casa daba puñetazos a las paredes, tenía mucha rabia acumulada. No entendía por qué tenía que quedarse en casa él cuando no había hecho nada –continúa M.C.-, por qué sus acosadores podían hacer vida normal y él no, ir a clase, salir de excursión”.

Sin reproche penal

La sentencia recoge que el menor fue objeto de “rechazo” por parte del grupo escolar al que pertenecía, que se tradujo en “un cierto acoso, mensajes despectivos, amenazas y negativas a participar en juegos”. Con todo, la misma sentencia determina que no son capaces “de detectar hechos que resulten tan graves o extraordinarios como para merecer un reproche penal, o la consideración de la existencia de una situación de acoso en el término jurídico de la palabra”. En otras palabras, el juez considera que fue una situación de conflicto “que se sitúa en un nivel inferior al del acoso”.

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El mismo escrito enumera varios informes e inspecciones entre 2019 y 2021, por lo que el juez entiende que la administración educativa hizo todo lo que está en su mano para ayudar al menor. En todo caso, sí reprocha al centro escolar que no informara a la madre, que se dirigió en múltiples ocasiones al personal docente sin recibir respuesta y explicaciones.

El abogado de oficio que defendió los intereses del menor solicitaba 30.000 euros por los daños ocasionados. A los demandantes, aunque atraviesan una situación económica delicada, pues ella tiene una “invalidez absoluta” que le impide trabajar desde hace unos cinco años, el dinero no les importa. M.C. tiene pensado irse con su hijo a Madrid y dejar estos cuatro años atrás, pero sería mucho más sencillo con otro fallo. Siente que se está cometiendo una gran injusticia y sostiene que la dirección del instituto pudo hacer mucho más para proteger al menor. “Me siento abatida y desmoralizada, pero ojalá mi historia sirva de algo”, apostilla.