Órdago judicial

Aborto en EEUU: ¿hay argumentos jurídicos para dar marcha atrás?

El borrador del documento que prepara el Tribunal Supremo de EEUU para revocar el derecho al aborto permite examinar con lupa determinados aspectos legales y éticos. Varios juristas coinciden en que lo que se ve del edificio jurídico que justifica la decisión es endeble.

Activistas defensores del aborto protestan ante la sede del Tribunal Supremo en Washington.

Activistas defensores del aborto protestan ante la sede del Tribunal Supremo en Washington. / Alex Edelman / AFP

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Mauricio Bernal
Mauricio Bernal

Periodista

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Una inédita filtración desde las sacrosantas instancias del Supremo estadounidense ha levantado la voz de alarma: los magistrados conservadores del máximo tribunal federal se disponen a hacer valer su mayoría para sentar una nueva jurisprudencia en lo tocante al derecho al aborto. El borrador que firma el juez Samuel Alito pone en entredicho la sentencia del mismo tribunal que en 1973 reconoció el derecho de las mujeres a abortar, y concreta una amenaza que ha sacado a miles de mujeres a la calle a protestar. He aquí una serie de consideraciones a tener en cuenta.

Un tribunal político

El Tribunal Supremo de EEUU no es como ningún otro tribunal con funciones constitucionales de ningún otro país del mundo. José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València y miembro del comité de expertos que asesoró al Gobierno socialista a redactar la ley del aborto de 2010, recuerda que “en el diseño de la arquitectura constitucional estadounidense el Tribunal Supremo no fue concebido como un órgano puramente jurídico”, y explica: “En la cultura norteamericana el Supremo es un órgano mixto, pensado para tener una impronta y una trascendencia”. Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la UB, recuerda que “el Supremo estadounidense siempre ha sido objeto de críticas por su carácter activista”, aunque a veces intente disimularlo. Pero no tendría por qué. Lo lleva en la sangre.

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¿Cuestión de consenso?

Es importante destacarlo, porque uno de los argumentos de los jueces conservadores es que la sentencia de 1973, “lejos de lograr un consenso nacional”, atizó el debate y acentuó la división social. Pero, que se sepa, no es deber de la justicia tener a todo el mundo contento. “La justicia, en efecto, no está para generar consenso, el consenso a lo que da lugar es a las leyes”, dice González Cussac. “Así que no es un razonamiento jurídico, porque ninguna decisión en torno al aborto va a gozar de consenso”. “Si el TS actuara siempre así, en busca de consenso”, añade Arbós, “seguramente los ciudadanos de EEUU carecerían de muchos derechos que hoy tienen. Además, no se debe confundir el deseo de las mayorías en el poder con el consenso”.

Una doctrina frágil

Según el documento filtrado, uno de los argumentos de los jueces conservadores del Supremo es que en la Constitución no está recogido al aborto. ¿Y qué Constitución lo reconoce? “No conozco ninguna Constitución que proteja expresamente el derecho al aborto, lo que pueden reconocer son los derechos de las mujeres”, explica Arbós. “Además, la Constitución de EEUU y sus enmiendas tienen muchos años y están lejos de las nuevas realidades sociales”. En este sentido, González Cussac dice que es disparatado “interpretar las constituciones literalmente, y menos una de más de 200 años de antigüedad”. “Desde el punto de vista jurídico es un argumento pobre, inconsistente y peligroso. Si se universalizara tendríamos serios problemas para mantener el desarrollo de muchos derechos que tenemos en la actualidad”.

Fragilidad intrínseca

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La abogada mallorquina Maria Duran también formó parte del comité de expertos que asesoró en su día al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy es directora del Institut Balear de la Dona, y su opinión es que si la jurisprudencia que sentó la sentencia de 1973 es revocable se debe a que sus destinatarias son las mujeres. “Todos los derechos que se reconocen a las mujeres son frágiles porque afectan a un sistema patriarcal establecido en el que uno de los ejes es la subordinación de la mujer”, dice, y añade: “Lo que tienen que proteger las constituciones es el derecho de las mujeres a decidir si quieren ser madres, cuándo y cómo, el derecho al aborto se deriva de eso”. Por su parte, la secretaria de Feminismes de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Montserrat Pineda Lorenzo, recuerda que hay un movimiento decidido a acotar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres del que suele ser punta de lanza, precisamente, la magistratura conservadora. Pero, subraya, “un ataque como este es contra todos los que defienden los derechos humanos y la democracia”.

Valor simbólico

Nadie es ajeno al hecho de que hablamos de EEUU, supuesto faro de Occidente. “El golpe que puede suponer que esto ocurra en EEUU es muy importante por su valor simbólico”, dice Pineda, aunque destaca la fuerza que tienen los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres en Argentina, México o Chile, países muy en la órbita estadounidense. “Sería un retroceso enorme, y al mismo tiempo una provocación para las organizaciones feministas, que no se quedarán de brazos cruzados”, dice Duran. Para González Cussac, si la amenaza se concreta implicaría “un cambio de trayectoria de la tendencia en los últimos 50 años en el hemisferio occidental, donde todas las legislaciones han caminado hacia la despenalización”. “EEUU”, dice Arbós, “había llegado hace 50 años a una solución que parecía haber consolidado una visión del aborto como un derecho de las mujeres, y ahora parece que la Constitución no sirve para esto. Vienen tiempos difíciles para las mujeres que viven en estados conservadores”.