Por qué las pequeñas comercializadoras eléctricas están en peligro

Otra cosa que puede hacer una comercializadora es comprar electricidad en el mercado de futuros. Hoy, por ejemplo, se puede comprar electricidad para el segundo trimestre de este año a un precio de 232 €/MWh y para el año 2023 a un precio de 128 €/MWh. Los futuros tienen un riesgo evidente, puesto que puede pasar que el próximo trimestre el precio de la electricidad sea de 178 €/MWh (mucho más aún si el Consejo de Ministros del día 29 hubiese resuelto poner un tope de 180 €/MWh). En el año 2020 los que tenían un contrato de compra de electricidad a 35 €/MWh tuvieron pérdidas, porque el precio de la electricidad cayó hasta 7 €/MWh a raíz de la pandemia. Esto hace que el estudio del riesgo en tiempo de incertidumbre tiene que ser muy afinado.

Las comercializadoras pequeñas tienen que comprar al mercado y pagar la electricidad que compran cada semana, mientras que facturan a sus clientes a final de cada mes. Además, tienen que depositar un aval proporcional al volumen de la compra. Como la venta la hacen a final de mes esto implica que tienen que tener un buen colchón de tesorería para soportar este decalaje temporal. La tesorería se ha complicado mucho desde la mitad del año 2021, porque el precio de la electricidad ha pasado de una media de 45 €/MWh en 2019 hasta una media de 200 €/MWh los meses de enero y febrero de este año o de 320 €/MWh en lo que llevamos de mes de marzo. Esto implica que las comercializadoras han tenido que aumentar su tesorería 4,4 veces o incluso en 7 veces este mes de marzo, además de aumentar el aval que depositan al OMIE en la misma proporción. Esto ha puesto en riesgo a muchas pequeñas comercializadoras.

Añadamos otro elemento que ha pasado a partir del mes de julio del año pasado, cuando un decreto obligó a las empresas distribuidoras a facturar a los clientes de forma horaria, con tarifas que dan señal al consumidor para utilizar electricidad en unas horas del día con menos demanda. Esto provocó un desbarajuste tecnológico en las grandes distribuidoras que no pudieron resolver a tiempo las lecturas de todos los clientes. Como estas lecturas de las distribuidoras son las que se envían a las comercializadoras, estas se encontraron con un gran problema de retrasos en las lecturas (impidiendo facturar a los clientes) y con estimaciones de consumo a menudo erróneas (hay casos donde se ha pasado de una factura de 10.000 kWh a 150.000 kWh), con un problema de reclamaciones que perjudican directamente a las comercializadoras, porque el procedimiento obliga a presentar nuevamente avales a REE con tiempo de resolución de 12 meses.

Todo ello ha hecho tambalear a las pequeñas comercializadoras, hecho que las grandes empresas del oligopolio eléctrico han visto como una oportunidad para atrapar una cuota de mercado que en los últimos años habían perdido en más del 7%, o incluso en un 25%, si hablamos del canal industrial. Añadamos que las comercializadoras que forman parte del capital de empresas con generación nuclear e hidráulica, con costes muy bajos, han firmado contratos PPA, a los cuales las pequeñas comercializadoras no tienen acceso. En Francia, EDF fue obligada a poner a disposición de todas las comercializadoras un precio nuclear de 46 €/MWh. Aquí, este precio solo lo tienen atado las grandes empresas propietarias de esta generación.

Todo ello es un ataque en toda regla con armas desiguales a las pequeñas comercializadoras, con un riesgo elevado de desaparición y de reforzamiento del mercado oligopolístico eléctrico.

Ante esto, ¿qué hace la CNMC? Mirar hacia otro lado y esperar que la ley natural de mercado cierre las pequeñas comercializadoras y el mercado lo resuelva por darwinismo.

¿Cómo pueden ayudar las otras administraciones? Pues poniendo a disposición soluciones financieras para cubrir la tesorería necesaria, por ejemplo en un porcentaje de la facturación (5-10%). También se pueden acortar los plazos para la solución de errores, pasando de 12 meses a 4, hecho que tendría que resolver REE, y la disminución de las garantías pedidas por cada conflicto derivado de un error evidente de lectura.

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Hay que observar, finalmente, que las comercializadoras también tienen que hacer frente al impago de clientes que no pueden pagar, y el de clientes que no están de acuerdo con las lecturas. En definitiva, tienen que cargar con todo el malestar de la sociedad en este momento.

Todas estas razones llevan a pensar que hace falta una ayuda urgente, tanto a las comercializadoras como las pymes con problemas de precios energéticos a sus costes. No hacerlo tiene como consecuencia la pérdida de competencia en el mercado y el aumento del peso del oligopolio, que nos pasará factura en el futuro con pérdida de competitividad de la economía.