Dos décadas con el euro en el bolsillo

Y aunque hace 20 años que dijimos adiós a las pesetas, a muchos les costó desprenderse de la vieja moneda. Finalizado el pasado 30 de junio el plazo para cambiar los billetes y monedas en pesetas por euros en el Banco de España, los ciudadanos habían canjeado el 96,8% del valor de las pesetas que estaban en circulación en diciembre de 2001, que ascendía a 48.750 millones de euros. Ha quedado, por tanto, sin canjear el 3,2% del valor de los billetes y monedas en pesetas en circulación en diciembre de 2001, el equivalente a 1.575 millones de euros.

La introducción del euro, uno de los símbolos más tangibles de la integración europea, supuso un hito en la historia de Europa. En estas dos décadas se ha puesto a prueba su viabilidad.

El ingreso en la eurozona permitió a España culminar una aspiración largamente deseada: la plena homologación en Europa. Supuso también compartir con las economías más prósperas de la UE un marco institucional que se esperaba iba a posibilitar alcanzar mayores niveles de crecimiento y bienestar. Veinte años después, la distancia en términos de PIB per cápita que la separa de tales países es, sin embargo, prácticamente la misma que había antes, poniendo así de manifiesto lo complejo que resulta atrapar a los líderes.   

Como todas las experiencias de este tipo acaecidas con anterioridad, la Unión Monetaria Europea (UME) generó una serie de beneficios para los ciudadanos que aceptaron compartir moneda, siendo el más evidente de ellos (y también el menos relevante en términos económicos) la eliminación de los costes de transacción que soportaban hasta la fecha, cada vez que se relacionaban con el resto de países miembros. Eliminó también el riesgo de tipo de cambio entre ellos, favoreciendo así la entrada de inversores extranjeros en sus mercados de capitales. Desde la perspectiva de los costes, implicó ceder a un organismo supranacional, el Banco Central Europeo, el diseño de la política monetaria y renunciar al uso del tipo de cambio como instrumento de estabilización macroeconómica.  

La falta de voluntad política impidió que la unión monetaria fuera acompañada de la unión fiscal. Buscando evitar además que la conducta de los indisciplinados perjudicara al resto se redujo el margen de maniobra de las políticas fiscales nacionales, se prohibió al BCE actuar como prestamista de última instancia de los gobiernos y se explicitó que la Unión no ayudaría a los países miembros a hacer frente a sus compromisos de pago. La movilidad factorial (léase emigración al resto de la eurozona) y la devaluación interna (reducir salarios y beneficios) pasaron a ser de facto los únicos instrumentos de que dispondrían los miembros de la eurozona para hacer frente a impactos negativos de carácter asimétrico.  

Para los países del sur de Europa, como España, la adhesión a un área que presentaba una elevada estabilidad macroeconómica posibilitó una sustancial caída de sus tipos de interés que, al avivar de forma excesiva la demanda interna, acabó causando tensiones inflacionistas y crecientes déficits en sus balanzas por cuenta corriente. A diferencia de lo ocurrido en el pasado, cuando, alcanzados ciertos niveles de déficit exterior, los mercados se mostraban reacios a seguir proporcionando fondos obligando así a las autoridades a tomar medidas para corregirlo, la pertenencia a la eurozona permitió a tales economías financiar sin problemas las crecientes necesidades de recursos que presentaron en el periodo 1999-2007. Como contrapartida, eso sí, su grado de endeudamiento frente al exterior alcanzó niveles estratosféricos.  

El estallido de la crisis financiera cambió de forma radical la situación. La magnitud de los desequilibrios acumulados, el crecimiento exponencial de la deuda pública a medida que arreciaba la crisis y, tan o más importante, la falta de confianza en la capacidad de tales economías para afrontar sus problemas en el marco de la eurozona impidió a sus empresas, bancos y Tesoros seguir financiándose en los mercados internacionales. El resultado final no fue otro que una fragmentación total de la eurozona, que llegó a poner en cuestión su propia supervivencia. 

  

Salvado por la actuación del BCE, en la segunda década de existencia del euro se dieron pasos hacia una mayor integración bancaria cediendo a organismos supranacionales la supervisión y la resolución de las entidades de crédito. Se avanzó también tímidamente hacia la unión fiscal creando, entre otros instrumentos, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), para facilitar ayuda financiera a los miembros de la eurozona que lo necesiten. Las medidas tomadas recientemente por la UE para combatir la pandemia, y en concreto la decisión de emitir deuda mancomunada para financiar préstamos y subvenciones a los países comunitarios, pueden en cambio acabar siendo un gran paso adelante para el logro de una verdadera unión económica y monetaria. No será por supuesto fácil, pero con un poco de suerte no harán falta 20 años más para culminar la tarea. 

Han pasado 20 años desde que el euro se convirtió en la moneda única de la eurozona. En relación al cumplimiento de los requisitos apuntados por la teoría de las áreas monetarias óptimas (AMO) que cimentó la estructura del euro, se puede afirmar que el beneficio de compartir moneda ha superado a los costes. Queda pendiente el requisito de similitud de estructuras productivas, ya que la eurozona ha contribuido a una mayor especialización, pero no a la convergencia de esas estructuras.

El requisito de flexibilidad de precios y salarios que permitan un ajuste rápido sí se ha cumplido. Esto se pudo comprobar durante la crisis financiera y la de deuda soberana, donde algunas economías de la eurozona, como es el caso de España, experimentaron un ajuste vía aumento de los niveles de desempleo, unido a una devaluación interna con ajuste de precios y salarios, como mecanismos de defensa ante la recesión. Respecto a la movilidad de factores, se ha experimentado un aumento de la movilidad de capitales, pero no sucede igual con el factor trabajo.

 

Otro requisito era la necesidad de un elevado grado de integración financiera. A día de hoy se ha avanzado en este sentido, principalmente en lo que a control bancario se refiere, pero aún no se puede hablar de una integración bancaria 'stricto sensu'. En lo que se refiere a integración fiscal, aún es muy incipiente, y en el seno de la eurozona existen países con preferencias fiscales, ya sea por la parte del gasto o de los ingresos, muy diferentes. Es decir, se dispone de una única política monetaria pero 19 políticas fiscales diferentes, una distinta para cada país con euro.

Si se analiza la variación de magnitudes de los países de la UE durante estos 20 años, diferenciando el comportamiento de los países de la zona euro, ambos grupos experimentan comportamientos diferentes. Los países con una moneda distinta al euro, a medida que pasan los años, pierden sus posibles ventajas competitivas, mientras que la eurozona presenta un nivel de crecimiento más sólido.

En los países que adoptan el euro se aprecia una reducción de la variabilidad de las macromagnitudes, apuntando así un claro papel estabilizador de la moneda única en indicadores como el PIB real, el consumo privado, la demanda nacional, la tasa de paro, la inflación, el déficit público o el tipo de interés. 

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Durante la crisis del covid, a diferencia de las anteriores crisis, no se ha puesto en duda la viabilidad del euro, pero sí se ha evidenciado que el impacto de una de las crisis más simétricas de la historia ha puesto sobre la mesa la problemática de compartir moneda y política monetaria con 19 recetas fiscales diferentes.

Como ya sucedió en las anteriores crisis, veremos a EEUU salir de la crisis como una unidad, coordinando la política fiscal y la de la reserva federal; a un gigante como China mantener niveles de crecimiento elevados; y a Europa cediendo posiciones en el peso relativo del PIB mundial, como ya sucedió tras la crisis financiera.