Queja de una lectora: placas solares que no llegan

Bagué vive en una finca unifamiliar y le aconsejaron la colocación de seis placas solares en la cubierta. Su intención era autoabastecerse de energía y vender la sobrante a la red eléctrica, pero todavía no ha podido disfrutar esas ventajas. Al poco tiempo de realizar el pago para la colocación de las placas, asegura, la empresa Revosolar dejó de responder a sus llamadas y correos electrónicos. Desaparecieron, asegura. “Esta empresa ha dejado un montón de familias afectadas, que habían pagado por adelantado las placas solares. Nos sentimos estafados”, escribe en su carta.

Este diario ha conseguido hablar con uno de los propietarios de la empresa, Sjord Gaastra, quien desmiente categóricamente que se trate de una estafa. Su empresa, con más de 15 años de experiencia y más de 3.000 instalaciones solares diseñadas y realizadas, es una de las muchas pimes golpeada por el covid. “Estamos trabajando para salir de esta situación lo antes posible y daremos respuesta a las 50 instalaciones que tenemos pendientes”, asegura este ingeniero de origen holandés.

Las familias afectadas por la súbita inactividad de la empresa están repartidas por toda la geografía catalana, principalmente en el Maresme. “Nos dijeron que la empresa estaba en erte, que no podían ir a las casas a instalarnos las placas. Poco a poco fueron cerrando sus sucursales, como la de Argentona, y sus oficinales centrales en un polígono de Girona. Ahora no sabemos a dónde dirigirnos y no podemos enviar ningún burofax”, explica Bagué, erigida portavoz de una docena de familias. El burofax tiene carácter probatorio ante un tribunal y es la mejor manera de ponerse en contacto con una empresa si en caso de incidencia o discrepancia  no hay respuesta o la misma no es favorable.

El fundador de la empresa confirma el cierre progresivo de las sucursales. La empresa tenía una estructura importante, con cinco oficinas y más de 40 trabajadores, y el frenazo provocado por las medidas anticovid con la consecuente caída de la facturación les impidió mantenerla. “Recibimos un crédito ICO por el covid-19 del Gobierno para mantener la actividad pero nuestro banco se quedó el dinero, y esto es algo que está en manos de nuestros abogados”, denuncia el propietario, con la firme voluntad de “salir del pozo” en el que cayeron a mediados del 2020.

Segunda oportunidad

La compañía podría empezar a retomar su actividad a mediados de octubre o principios de noviembre. Están esperando la autorización de un juez, que debe confirmar que se pueden acoger a la llamada Ley de Segunda Oportunidad. Esto es, un mecanismo legal que permite renegociar las deudas contraídas y librarse de parte de ellas. La reciente entrada de un inversor de EEUU, interesado por las perspectivas de un sector al alza, debería apuntalar el futuro a corto plazo de la empresa.

Los afectados estudiaban denunciar a la empresa por la vía penal con la intención de recuperar el dinero entregado en caso de que los responsables de la compañía se declarasen insolventes, si bien la información obtenida durante la preparación de este artículo podría servir para que los clientes enterrasen el hacha de guerra. La empresa pide disculpas por los problemas de comunicación y pide algo de comprensión. “Enviamos hasta cinco comunicados a los clientes, explicando nuestra situación en cada momento , pero sí es cierto que al tener a la plantilla en erte me era imposible responder uno a uno todos los correos”, subraya el propietario, que ansía volver a la normalidad prepandémica cuanto antes, cuando hacían “cinco instalaciones al día, unas 1.000 al año”.

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Este diario ha contactado con la lectora a principios de marzo de 2022 - unos cinco meses después de la fecha aproximada en la que la empresa esperaba retomar su actividad- y sigue sin tener noticias de los paneles contratados.

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