La frontera con Venezuela, el otro polvorín colombiano

En medio del estallido de malestar que se vive en las grandes ciudades de Colombia han pasado desapercibidas las informaciones que llegan desde la frontera con Venezuela, donde al narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas, además de la lucha entre organizaciones criminales por el control de la región, se han sumado últimamente reiteradas denuncias sobre comercio de niños. Una investigación reciente del Gobierno colombiano apunta a la existencia de una red organizada que se aprovecha de las mujeres venezolanas que llegan embarazadas al paso de frontera, donde reciben ofertas lo bastante tentadoras, dada su situación, como para considerar la posibilidad de vender a sus hijos recién nacidos en el mercado negro. Muchas ceden a la presión. Hay pocas cosas más terribles que una madre obligada a vender a su hijo, pero el deterioro de la seguridad en la frontera favorece este y una larga lista de delitos.

 Un lugar sin ley

“La frontera colombo-venezolana ha venido acrecentando sus graves problemas por su preocupante dinámica, en especial de seguridad, y por la ausencia o distorsionada presencia de los dos Estados”, dice Socorro Ramírez, antigua integrante de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos Colombia-Venezuela y promotora de Puentes Ciudadanos, una red binacional de académicos que busca poner en marcha iniciativas para reforzar los vínculos entre los dos países. “Debido a la ausencia de una presencia integral de los dos Estados, en los distintos ámbitos fronterizos colombo-venezolanos se ha sentido el efecto del conflicto colombiano con no pocos impactos en Venezuela”, añade. La “porosa” frontera podría considerarse casi un escenario en pequeño de las principales lacras colombianas (guerrilla, paramilitares, narcotráfico...), de modo que decir que es un lugar sin ley no es exagerar. A los efectos sobre el terreno de la falta de diálogo entre los dos gobiernos se suman las dificultades para imponer el orden en un linde topográficamente intratable.

Es un territorio codiciado. A día de hoy la presencia de grupos armados en la zona más problemática –entre los departamentos colombianos de Arauca y Norte de Santander y los estados venezolanos de Apure, Zulia y Táchira, al sur del golfo de Maracaibo– es amplia y llena de alianzas y rivalidades. Es un complejo ajedrez. Sin ánimo exhaustivo, operan en la región tres disidencias de las FARC (Estructura Décima Martín Villa, el Frente 33 y Segunda Marquetalia) y dos guerrillas: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Fronteras del EPL (Ejército Popular de Liberación). También tienen actividad en la zona grupos criminales como los Rastrojos, los Urabeños y el Clan del Golfo, básicamente interesados en el control de las rutas de la cocaína, aunque con intereses en otros negocios al margen de la ley. Más, naturalmente, las policías y los ejércitos de ambos países, descoordinados, desbordados y a veces cómplices de la acción delictiva.

Conflicto múltiple

“Es un conflicto múltiple”, dice el periodista colombiano Norbey Quevedo, director de la Agencia Api. “Los militares venezolanos luchan contra las diferentes disidencias, entre las disidencias luchan por el negocio del narcotráfico y las fuerzas militares y la policía se enfrentan a todos los grupos armados ilegales”. Quevedo explica que los casi 2.200 kilómetros de frontera fueron históricamente “un corredor de contrabando” antes de convertirse en “un eje de los conflictos del Estado con los grupos armados ilegales, especialmente las FARC y el ELN”. A principios de siglo se desplegaron los grupos de autodefensa y finalmente se consolidó el narcotráfico, en especial en la región del Catatumbo, cuya economía gira hoy en día en torno a la droga de exportación a Europa.

Un informe publicado a finales del 2020 por la colombiana Fundación Pares (Paz & Reconciliación) señala que en los 24 municipios fronterizos ubicados en Norte de Santander, Arauca y La Guajira murieron asesinadas el año pasado 472 personas, 63 de ellas de nacionalidad venezolana. Veinticuatro fallecieron en contextos de masacres, 13 personas más fueron secuestradas y 1.365 fueron obligadas a dejar sus hogares. “Esta investigación –señala el informe– indica que la compleja situación en materia de derechos humanos en la frontera colombo-venezolana, especialmente en la zona de frontera entre Norte de Santander y Táchira, obedece a una muy acelerada reconfiguración de las estructuras armadas ilegales, así como de las economías criminales en las que estas participan”. La población de la frontera se encuentra en medio de una guerra que se libra por el control de un sustancioso botín delincuencial. De baja intensidad, pero guerra.

La "porosa" frontera

“Las fronteras de países donde es inexistente el Estado de derecho son muy peligrosas para los ciudadanos”, resume, desde el otro lado de la frontera, Rocío San Miguel, directora del observatorio sobre temas de seguridad y defensa en Venezuela Control Ciudadano. “Guerrilla, paramilitares, delincuencia organizada, delincuencia común”, dice, tienen intereses vinculados a las economías ilegales que "a partir del cruce de la frontera se hacen más rentables: tráfico de drogas, minerales, personas, alimentos, combustible…”. Según San Miguel, las investigaciones llevadas a cabo en la zona “sugieren que hay connivencia de funcionarios de seguridad del Estado con los hechos ilícitos que se cometen en la frontera, así como participación directa en algunos casos”. No es posible imaginar un peor sitio por el que tener que pasar en la tarea de forjarse una vida.

Pues a esta zona que concentra todos los males del conflicto armado colombiano el colapso de la economía de Nicolás Maduro ha aportado un nuevo actor: los miles de venezolanos que a diario llegan a la frontera con Colombia en busca de una vida mejor. Hay que imaginarlo de esta manera: cerca de 3 millones de venezolanos han cruzado legalmente la frontera, pero al menos otros tres millones la han cruzado por los pasos ilegales, donde no hay presencia institucional y un civil indefenso y vulnerable puede caer en manos de uno u otro grupo ilegal. Según Ramírez, el cierre intermitente de los pasos fronterizos formales que ha tenido lugar durante cinco años no les ha dejado alternativa, pero en la odisea se han topado con grupos armados que “los someten a extorsiones, esclavitud laboral, explotación sexual, reclutamiento forzado y uso y abuso de niños”. El tráfico de recién nacidos es un hecho. Se han practicado detenciones. Los niños son registrados como hijos de padres falsos y suelen acabar en el seno de familias europeas.

Un círculo vicioso

Si la economía y el hambre impulsan a muchos venezolanos a dejar su país y aventurarse más allá de la frontera colombiana, no hacen menos los enfrentamientos entre los grupos armados por el control del territorio, o entre los grupos armados y las autoridades. Es un círculo vicioso: los combates los expulsan de su hogar y su desplazamiento engrosa las filas de inmigrantes necesitados de cruzar la frontera, donde pueden ser víctimas de los grupos armados otra vez. Los enfrentamientos entre militares venezolanos y grupos irregulares que han tenido lugar en las últimas semanas, en una escalada vista con igual preocupación tanto desde Caracas como desde Bogotá, han reproducido esa dinámica, como explica la escritora y periodista colombiana Melba Escobar. “Durante la última semana de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lanzó la operación Lanceros de Apure contra disidentes de las FARC en la población de La Victoria. La confrontación se prolongó varios días en las riberas del río Arauca que sirve de línea fronteriza, y como consecuencia varios miles de venezolanos buscaron refugio en el lado colombiano”.

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La autora de ‘Cuando éramos felices pero no lo sabíamos’, un volumen periodístico que indaga en la crisis venezolana, opina que “no hay esperanzas de que la situación mejore en la medida en que siga la falta de entendimiento entre Caracas y Bogotá. La ausencia de relaciones deriva en que la ilegalidad sea la nota predominante en la frontera, mientras la población civil y los migrantes son los que pagan las consecuencias de la ausencia de instituciones y la inseguridad”. La situación es combustible y cualquier chispa puede resultar explosiva, de ahí los llamamientos de la comunidad internacional a la calma y al diálogo tras los enfrentamientos en Apure, mientras las diplomacias de las capitales involucradas entrecruzaban las acusaciones habituales: Miraflores señalando a Colombia de ser un “narcoestado” y el Palacio de Nariño tachando a Venezuela de “amenaza para la seguridad regional”, como dijo la ministra de Exteriores, Marta Lucía Ramírez. Bogotá volvió a acusar al Gobierno de Maduro de complicidad con el narcotráfico, las disidencias de las FARC y el ELN. Sin diálogo es improbable que la situación mejore a corto plazo.

“Con el aumento de la tensión entre los gobiernos centrales y la respuesta unilateral de enviar solamente fuerzas armadas y de seguridad, crecen los riesgos de roces incluso militares entre los dos países”, dice Ramírez. Es lo que se intenta conjurar. Los llamamientos a una mediación de la ONU por parte de la sociedad civil se multiplican, porque cualquier rehabilitación de la frontera pasa por un entendimiento entre los gobiernos. Mientras tanto, las víctimas del deterioro son los más vulnerables. Como de costumbre.