Los parques eólicos y fotovoltaicos, a debate

Nadie duda de la necesidad de extender el uso de energías renovables en la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica. Pero la dimensión y localización en el territorio de los parques eólicos y fotovoltaicos ha generado un encendido debate. El 'conseller' Damià Calvet, el geógrafo Sergi Saladié y el director general de la Unión Española Fotovoltaica) José Donoso analizan la situación desde los puntos de vista de la Administración, los colectivos movilizados en zonas rurales y las empresas. 

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Durante los últimos meses ha habido muchos anuncios de implantaciones de instalaciones de energías renovables por todo el país y, en ciertos casos, han generado controversia. Se han emitido comunicados a favor y en contra, se han organizado plataformas y se han escrito cartas al director, algunas en este diario, que hemos respondido. A pesar de esto, querría ampliar algunos aspectos para aportar datos que permitan un debate necesario, rico y abierto.

El Decreto Ley 16/2019, hecho para acelerar de manera ordenada la transición energética, recibió un amplísimo apoyo de la mayoría de los grupos en el Parlament: Junts, ERC, Ciutadans, PSC y Comuns votaron a favor. Es una norma fruto del consenso democrático, hecho con transparencia y plena conciencia de la situación en la cual nos encontramos como país. Un punto capital es que crea una Ponencia de Energías Renovables –con presencia de cuatro departamentos de la Generalitat–, que analiza todas las propuestas atendiendo a criterios ambientales, agrícolas, de impacto sobre el paisaje, sobre el patrimonio cultural, o de acumulación en el territorio. La decisión de la Ponencia es, sobre todo, un filtro: descarta los proyectos incompatibles con los criterios fijados, o los condiciona para que se adapten. Una vez superado, se inician los trámites urbanísticos y ambientales que tendrán su información pública, abierta a toda la ciudadanía. También tendrán que decir la suya los municipios, concediendo las preceptivas licencias.

Por eso, conviene no confundir las propuestas que se presentan con las que superan este primer filtro y se convierten en proyectos que, finalmente, se puedan aprobar. Valorar si las energías renovables afectan en mayor o menor grado al territorio o sus expectativas tendría que basarse solo en estos últimos, los proyectos que efectivamente se aprueben, no sobre todas las propuestas que se hacen. Lo que nos ha pasado últimamente es que han transcendido a la opinión pública cuando todavía ni se habían evaluado.

Pero lo que no podemos perder de vista es que las energías renovables sirven para combatir tanto el cambio climático como la contaminación atmosférica, que ya están perjudicando la agricultura, el paisaje y la biodiversidad. No hablamos del futuro, hablamos del presente. Los expertos nos alertan hace tiempo de sus efectos. Sin transición energética, no habrá nada que preservar, ni prosperidad para repartir. La frase es muy contundente, pero tenemos que ser plenamente conscientes. La magnitud de la transición que debemos hacer es tan grande que ahora se nos puede escapar esta plena conciencia, pero es realmente un punto de inflexión, un gran cambio estructural y necesario. No quiero reiterar grandes cifras difíciles de retener, pero, para resumir, tenemos que cerrar las nucleares y eliminar toda la producción eléctrica que todavía hacemos con combustibles fósiles. Esto nos obliga a incrementar el ahorro y la eficiencia energética en todas las actividades, a poner placas en los techos de los edificios, en suelos industriales y en las infraestructuras, pero también a desplegar nuevos parques eólicos y fotovoltaicos, pequeños, medianos y grandes, por todo el país. Y llegarán a todo el país, porque las necesidades de abastecimiento son tanto del mundo urbano como del rural. Algunos parques quedarán más próximos a la demanda y otros completarán la red de distribución, pero todos serán necesarios y complementarios. ¡Y también es una cuestión de soberanía energética!

Dos apuntes necesarios: primero, hace falta que este despliegue favorezca el territorio donde se produce. En esta legislatura que empieza se tendrá que hacer una Ley de transición energética que garantice la participación del territorio en los beneficios de las energías limpias. Y segundo, en este despliegue habrá empresas promotoras de todo tipo, grandes y pequeñas, pero todas ellas, sin excepción, tendrán que cumplir con la legislación fiscal y laboral.

Seguro que tenemos margen para mejorar algunas cuestiones administrativas o de fiscalidad, y lo haremos, pero esto no puede paralizar la transición ordenada y decidida que estamos haciendo gracias al decreto y la ponencia: no nos podemos permitir ni moratorias ni derogaciones porque el cambio climático, que destruye la vida, no espera y lo tenemos que combatir con toda nuestra capacidad. Las derogaciones nos llevarían a un escenario perverso, puesto que comportarían una situación peor de la que teníamos antes de aprobar el Decreto. Iríamos marcha atrás porque impediríamos los parques eólicos o instalaciones fotovoltaicas de mayor envergadura, pero también frenaríamos las instalaciones más pequeñas para autoconsumo que el Decreto permite. Despleguemos pues todo el potencial que tenemos, con las herramientas que nos hemos dotado, con diálogo y concertación, preservando uno paisaje y una biodiversidad que son nuestros bienes más preciados. Precisamente por eso necesitamos las renovables.

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La transición energética es una de las respuestas que tenemos que dar para mitigar dos de los principales retos que actualmente tenemos planteados como sociedad: el cambio climático y la disponibilidad decreciente de los recursos energéticos. Pero esta transición también tiene que ser un proceso por el cual la ciudadanía y los municipios recuperemos el poder y la capacidad de decisión sobre la energía. Si no es así, serán las grandes empresas (energéticas o no) y los fondos de inversión quienes harán (de hecho, ya lo han empezado a hacer) esta transición. Es decir, se cambiarán las fuentes energéticas peligrosas y contaminantes por energías renovables pero el sistema no cambiará.

La transición energética en sentido amplio, pues, tiene que ser descentralizada, democrática, limpia y eficiente. Si hablamos de electricidad, con la transición energética hay que avanzar hacia la autosuficiencia conectada, donde cada territorio intente aproximarse al máximo de autoconsumo posible con renovables y, a través de la red de distribución, compartir los excedentes u obtener los déficits con (o de) los sistemas vecinos. Y esto es válido para todas las escalas, desde un edificio hasta barrios, municipios y comarcas. E incluso, se puede plantear hacer nuevas cosechas territoriales de energía renovable para generar nuevos e importantes ingresos para las comunidades locales. Así ya lo están haciendo comunidades en todo el mundo, como la de la isla danesa de Samsø (4.000 habitantes) que desde hace más de 10 años ha logrado la plena soberanía energética con un proyecto comunitario (11 aerogeneradores de 1MW cada uno, 4 plantas de biomasa y 2.500 metros cuadrados de placas solares térmicas) que, incluso, hace que “exporten más electricidad que patatas”, tal como dicen con entusiasmo en la isla patatera. O el proyecto comunitario del municipio de Wildpoldsried (Baviera, Alemania), que con 2.500 habitantes y 11 aerogeneradores, 4.983 kW de solar fotovoltaica, 2.100m2 de solar térmica, 5 instalaciones de biomasa y una pequeña central hidroeléctrica, producen más del 500% de energía de la que necesitan y anualmente generan 4 millones de euros de ingresos por la venta del excedente.

Así, aquellas iniciativas de implantación de energías renovables que han tenido un mayor éxito a nivel internacional, tanto por la cantidad de energía instalada como por la aceptación e implicación social, son las que han dado un protagonismo más amplio a las comunidades locales. Cuando las políticas públicas promueven la producción local de energía, acercando así la producción en los centros de consumo, y la participación de las comunidades locales en los procesos de toma de decisión, se genera un marco favorable para la transición energética bien entendida. Además, hay que tener en cuenta que este modelo descentralizado no contraviene el desarrollo simultáneo ni la consolidación de una industria de energías renovables puntera y de alta calificación, al contrario.

Mientras tanto aquí, el Gobierno y el Parlament de Catalunya aprobaron el Decreto ley 16/2019 sin consultar ni a los entes locales ni a los sectores implicados, que lo único que favorece es la instalación de grandes centrales eólicas y solares en espacios agrícolas y naturales por parte de grandes empresas y fondos de inversión con unos altos impactos y unos escasos beneficios. Este proceso está generando un fuerte malestar en varios municipios y comarcas que se ven superadas por la avalancha de proyectos.

Esperamos que en el nuevo ciclo político en Catalunya se generen las condiciones para fomentar, impulsar y consolidar un modelo de transición energética desde y para los municipios, en la línea de lo que prevé la Ley 16/2017 del Cambio Climático. Una ley que en su artículo 19 dice que las energías renovables se tienen que implantar de forma distribuida y participada socialmente, y se tienen que situar cerca de los lugares de consumo y aprovechando espacios ya alterados y transformados. El Decreto ley 16/2019 va en la dirección contraria y nos parece imperativa su derogación para poder hacer un nuevo reglamento que favorezca un despliegue de las renovables justo y democrático.

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El sector energético vive un momento apasionante. La energía fotovoltaica lidera la transición a un modelo descarbonizado y competitivo, palanca para el incremento de la industrialización en nuestro país. Tal y cómo recogía en 2019 la comunicación que acompañaba la presentación del 'European Green Deal', “la transición es una oportunidad para expandir una actividad económica sostenible e intensiva en empleo”. Caminamos hacia una economía circular y neutra en emisiones. Los 25.000 millones de euros que se esperan en España de inversiones en fotovoltaica suponen una magnífica oportunidad de consolidación de una industria que en 2019 empleaba a 60.000 personas.

Según la Agencia Internacional de la Energía, la tecnología fotovoltaica será líder de aquí a 2050 en nuevas inversiones porque, además de renovable, es tecnológicamente simple, competitiva, limpia y versátil, capaz de proveer grandes plantas de generación en suelo o pequeñas instalaciones de autoconsumo. Ahora bien, deben evitarse errores del pasado: el progreso del sector fotovoltaico ha de ser constante y estable. 

España cuenta, además, con la ventaja competitiva de disponer en abundancia de buen recurso solar y territorio para desarrollar las plantas sin que ello suponga una incompatibilidad con el uso de la tierra para la agricultura. Aunque toda la capacidad fotovoltaica prevista en la planificación se desarrollase en terrenos de cultivo -cosa que no será así porque al menos un tercio se desarrollará a través de autoconsumo- la fotovoltaica ocuparía solo un 0,35% de la superficie destinada a los mismos.

Si hacemos las cosas bien, esta tecnología es, además, reversible, ya que dentro de 30 años, cuando se desmonte la planta, el medioambiente local estará incluso mejor que antes. Para lograrlo, en UNEF hemos elaborado el documento 'Recomendaciones para la Sostenibilidad Ambiental de las Instalaciones Fotovoltaicas'. La clave es evitar instalar plantas en zonas protegidas, huir de hormigones o productos fitosanitarios, crear muros vegetales, facilitar la circulación de la fauna, instalar nidales y promover la compatibilización del suelo con usos agropecuarios. Además, seleccionar personal local para la construcción y priorizar la contratación de bienes y servicios en función de la distancia respecto a la instalación logrará reducir la huella de carbono de la actividad, luchar contra la despoblación y favorecer la integración de colectivos con dificultades de inserción laboral.  

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Así, no solo los propietarios de terreno se beneficiarán al diversificar unos ingresos al incluir unos más estables; toda la población contará con mejores servicios y estructuras gracias a los impuestos que los ayuntamientos recibirán de las plantas. Obviamente siempre sería mejor no necesitar construir nuevas plantas de ningún tipo, pero nuestra sociedad precisa energía y lo seguirá. Oponerse indiscriminadamente a la energía solar no solo es desperdiciar una oportunidad económica para nuestro país, sino, sobre todo, una irresponsabilidad ambiental al retrasar los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. 

Por primera vez disfrutaremos de unos precios eléctricos más competitivos que las economías de nuestro entorno, haciendo posible la transición hacia energías limpias, minimizando el impacto medioambiental, reactivando la economía de zonas rurales y generando empleo, con la consecuente fijación de la población. Podremos empezar a hablar, incluso, de relocalizaciones.