El desafío de labrarse un porvenir

La progresiva flexibilización del mercado laboral iniciada en los 80 del siglo pasado, sumada a la crisis de 2008 y a la reforma laboral de 2012 han consolidado un modelo de empleo juvenil caracterizado por una elevada temporalidad, jornadas a tiempo parcial, sobrecualificación y bajos salarios. Esta situación, además, está afectando con mayor intensidad a las mujeres jóvenes, reproduciendo las situaciones de desigualdad de género en el mercado laboral.

A partir de 2008 los jóvenes han visto reducida su presencia en el mercado laboral y también su tasa de emancipación, han percibido unos salarios reales medios menores a los de generaciones anteriores y conviven con la incertidumbre ante la imposibilidad de programar un futuro laboral estable, hasta tal punto que no son conscientes de su pertenencia a una clase social y no ofrecen resistencia al modelo. Lo aceptan como único e inevitable. Esta situación no solo tiene consecuencias en sus condiciones de vida y en sus expectativas de desarrollo personal y familiar; también sobre la sociedad, ya que son su principal activo para la necesaria renovación generacional del capital humano y social. Sin olvidar que su precariedad impacta en la economía productiva en la medida en que ésta no apuesta por la innovación real, las capacidades flexibles de las nuevas generaciones y por unas estructuras empresariales más dinámicas y horizontales.

En este marco de mayor vulnerabilidad, la pandemia está suponiendo un duro golpe para el colectivo juvenil al constatar cómo disminuyen sus opciones reales de lograr una transición plena a una vida adulta independiente. En 2020, especialmente durante el confinamiento, los que buscaban su primer empleo hallaron nuevos obstáculos y aquellos con contratos temporales, a tiempo parcial, temporales a media jornada o que exigen una escasa formación fueron los primeros en experimentar los efectos del cese de las actividades no esenciales y el aumento del paro. Los que tuvieron acceso a un erte pudieron mantener su empleo, aunque con una merma salarial y con la incertidumbre de acabar en el paro. Los jóvenes no estuvieron en la agenda política en 2020, ni el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se diseñó teniendo en cuenta sus necesidades.

Si en 2019 los datos de emancipación juvenil eran ya preocupantes en España, con una edad media de abandono del hogar de los padres a los 29,5 años (28,7 años en el colectivo femenino), en 2020 la situación se agravó como consecuencia de la reducción de los ingresos necesarios para sufragar los gastos de vivienda y suministros básicos de muchos que ya estaban emancipados. A finales de año solo el 12% de los hombres y el 19,8% de mujeres menores de 30 años estaban emancipados.

La incertidumbre y el retraso en la emancipación son, en gran parte, consecuencia de su situación en el mercado laboral. A finales de 2020, la tasa de paro de los menores de 30 años alcanzó el 30,2%, 6,4 puntos superior a la del año anterior; la tasa de empleo, el 36,4%; la tasa de temporalidad, el 52% (55,6% en el caso de las mujeres, 55% entre técnicos y profesionales científicos y el 76,6% en el sector público); y solo el 15,2% tenía contratos cuya duración superaba el año. 

La frustración, el desánimo y el temor a un futuro incierto cunden entre los jóvenes. Hay que revertir la situación. Los jóvenes tienen derecho a hacer realidad el futuro que se imaginen y la sociedad tiene la obligación de hacerlo posible. Especialmente, las políticas de juventud deben situarse en el centro de la acción pública para favorecer la emancipación juvenil, mejorando su inserción laboral y el modelo de empleo; es urgente fomentar un cambio en el modelo de crecimiento económico que sea capaz de crear empleo de calidad, apostando por sectores que generan valor añadido e incrementando la inversión en innovación e investigación e impulsar un nuevo marco de relaciones laborales que recupere el principio de estabilidad en el empleo; es necesario apostar por un sistema educativo que dé respuestas a las necesidades cambiantes del tejido económico y productivo y dotar de más recursos y medios a los servicios públicos de empleo para su modernización, que permitan una atención continuada e individualizada de los jóvenes.

La juventud ha pasado de tener un futuro muy incierto a única y exclusivamente preocuparse por sobrevivir. La pandemia se ha cebado con los jóvenes; ha sido uno de los colectivos más directamente afectados por las consecuencias de la crisis sanitaria. De entrada, ya partían de una situación muy complicada, puesto que aún no se había recuperado de los efectos de la crisis financiera anterior. Por lo tanto, ni la tasa de emancipación, ni el número de puestos de trabajo ocupados por jóvenes, ni el poder adquisitivo eran comparables a los de 2007.

Cuando irrumpe el covid-19, la situación de los jóvenes en el mercado laboral se ve profundamente deteriorada y son los primeros en verse expulsados. La mayoría trabajan en empleos poco cualificados, precarios y con una tasa de temporalidad elevadísima que produce una alta rotación. En tiempos de crisis, los primeros trabajos y los primeros contratos en desaparecer son los poco cualificados y temporales. A esto hay que sumar que antes de la pandemia, más del 83% de jóvenes trabajaban en el sector servicios, como hostelería o comercio; a día de hoy no llega al 80% porque ha sido el sector más paralizado por el confinamiento obligatorio. Todo ello indica que ha habido más destrucción de empleo juvenil y que la tasa de empleo sigue cayendo, pasando del 47,8% a finales de 2019 al 43,3% a principios de 2021. Evidentemente, la tasa de paro ha crecido hasta situarse en el 27,3%, pero más preocupante aún es cómo ha crecido para los y las jóvenes de entre 16 y 24 años, llegando al 38,1%.

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Sus condiciones en el mercado laboral son muy duras, tanto que, debido a la temporalidad y la precariedad, la mayoría se ve inmersa en una inestabilidad económica que limita su autonomía y aplaza o paraliza su proyecto de vida. Las cotizaciones intermitentes debidas a esta inestabilidad se traducen en una nula o irrisoria cobertura de subsidios y prestaciones: solo el 10,6% de jóvenes reciben algún tipo de ayuda pública. Este dato es muy preocupante, ya que muestra cómo cada vez más los jóvenes se encuentran en riesgo de exclusión social. Cuando pierden su trabajo y no obtienen ninguna ayuda, no pueden hacer frente a los alquileres abusivos y se ven obligados a volver a casa de los padres (aquellos que pueden). Así lo indica la tasa de emancipación, en mínimos históricos: solo un 18,6% de jóvenes logran emanciparse y cuando lo hacen, tienen una media de 29 años.

La única visión clara de futuro para la juventud es acabar con este paternalismo y edadismo. Logrando un acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones, acabando con las cotizaciones irrisorias y las dobles escalas salariales encubiertas. También, aprovechando la elevada formación para descubrir y desarrollar sectores estratégicos, y sobre todo, dejando de hipotecar la vida de los más jóvenes. Es prioritaria su emancipación y autonomía para mantener este sistema de bienestar social.