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'Falsos positivos', el horror del Ejército colombiano

El Tribunal de Paz de Colombia ha elevado a más de 6.400 la cifra de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército entre 2002 y 2008, durante el mandato de Álvaro Uribe. Alentados por el programa de estímulos del Gobierno, los militares asesinaron a miles de civiles y los presentaron como guerrilleros muertos en combate

Expertos forenses de la JEP llevan a cabo labores de exhumación en el cementerio de Dabeiba, en el noroccidente de Colombia, en una fosa común donde fueron hallados restos de víctimas de los ’falsos positivos’.

Expertos forenses de la JEP llevan a cabo labores de exhumación en el cementerio de Dabeiba, en el noroccidente de Colombia, en una fosa común donde fueron hallados restos de víctimas de los ’falsos positivos’. / Luis Eduardo Noriega A

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“No lloro porque yo ya no tengo lágrimas. No lloro porque ya sé quién me mató a mi hijo. El porqué no lo sé, pero tengo la esperanza de saberlo”, dijo Zoraida Muñoz, madre del asesinado Jony Duvián Soto Muñoz, en la audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) celebrada en Bogotá en octubre de 2019. “Yo no asimilaba que mi hijo les prestó el servicio militar dos años y dos meses y que ellos mismos me lo hubieran matado. Tenía 21 años, mi hijo. Y ellos mismos me lo mataron, y yo no asimilaba eso. Pero, ¿por qué?, ¿por qué? ¿Por qué me lo iban a matar así de miserablemente?” La de Jony Duvián fue una de las 6.402 ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por el Ejército durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2008), que en Colombia se conocen como ‘falsos positivos’. Los militares asesinaban a jóvenes humildes para presentarlos después como guerrilleros muertos en combate.

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Uribe, en el foco

Las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” es el nombre del caso 003 que investiga la JEP, el Tribunal de Paz que salió de los acuerdos de La Habana firmados por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC a finales de 2016. Hace unas semanas, a mediados de febrero, la investigación del tribunal echó luz sobre la auténtica envergadura del fenómeno. La Fiscalía General de la Nación hablaba de 2.248 casos. La plataforma de oenegés Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, de 3.512. La cifra de la JEP, que debe estar antecedida siempre de un “por lo menos”, volvió a poner en el foco al expresidente Uribe, que eludió cualquier responsabilidad. Más de 1.500 miembros de las Fuerzas Militares están presuntamente implicados. Decenas han sido condenados.

Ofensiva militar

Los 'falsos positivos' son una realidad que se remonta en el tiempo hasta el siglo pasado. Hay casos documentados desde los años 80. Sin embargo, según la JEP, el 78% de los casos registrados históricamente ocurrieron durante la presidencia de Uribe, en especial entre 2006 y 2008, durante su segundo mandato. No solo eso, sino que su salida del poder coincidió con una drástica reducción de las cifras: de 792 casos documentados en el 2008 a 122 en el 2009. El contexto: un Gobierno que no solo dio prioridad a la solución armada del conflicto con la guerrilla, sino que puso en marcha un programa de estímulos a los militares por las bajas obtenidas en combate. “La política institucional era de ofensiva militar, con algunos procedimientos de recompensas y beneficios por bajas en combate que terminaron alentando la ejecución de civiles”, explica Jorge Cardona, editor general del diario ‘El Espectador’.

La denuncia de las madres

La realidad salió a la luz gracias a las madres que denunciaron los primeros casos mientras Uribe aún estaba en el Gobierno. Hoy en día, organizadas en varios colectivos, especialmente Madres de Soacha y Madres Falsos Positivos de Colombia, se han convertido en una pieza clave de la búsqueda de la verdad. “En ningún momento fue mi hijo guerrillero. En ningún momento”, dijo Zoraida Muñoz ante la JEP. “Él salió del Ejército en marzo del 2008 y en septiembre del 2008 lo mataron. En qué momento iba a ser mi hijo guerrillero si venía con la mente puesta en irse otra vez al Ejército”. Los militares no tenían reparos ni con los suyos.

Un lugar literario

“Las directrices de los altos mandos del Ejército permitieron que se acabara de degradar el conflicto armado, ya degradado por las prácticas de secuestro y muerte de la guerrilla”, dice la escritora y columnista de prensa Piedad Bonnett, una de las primeras en dar forma literaria a los 'falsos positivos' en su novela ‘Donde nadie me espere’. Bonnett, que cree que los militares actuaron al amparo de un sistema que les brindaba la “certeza absoluta de impunidad”, dice que la literatura permite “sacar de las frías estadísticas hechos tan cruciales y tan definitivos como fueron las ejecuciones extrajudiciales”, y que su intención es “denunciar, perpetuar una memoria sobre aquellos hechos y llamar a la reflexión y a la conmoción ética en aras de una mayor consciencia”. Su personaje principal, un hombre sumido en la indigencia, deambula por el país, cae en la trampa de los ‘falsos positivos’ y acaba convertido en testigo de excepción.

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En Colombia nunca se sabe

Hace dos años, el ‘New York Times’ denunció que la comandancia del Ejército había cursado órdenes muy similares a las que habían dado lugar a los ‘falsos positivos’ en la década anterior. Algunos militares que hablaron con el diario decían que algunas de esas órdenes podían interpretarse en el sentido de que la protección de los civiles no era prioritaria. ¿Ha madurado el país o puede repetirse la historia? “Tenemos un país infinitamente más maduro y más consciente, pero pienso que ni las fuerzas armadas ni el Gobierno que tenemos en este momento muestran una verdadera voluntad de paz ni de esclarecimiento de la verdad”, dice Bonnett. Cardona, por su parte, considera que en algunos territorios “la situación, hoy, es de pronóstico reservado”, que “a cada generación le ha tocado afrontar momentos caóticos que se pensaban eran los últimos”, y que “es difícil que un momento como el de los ‘falsos positivos’ pueda darse de nuevo”. “Pero en Colombia –sentencia– no se sabe”.