Debate sobre la reforma

Jubilados anticipadamente con más de 40 años cotizados: "Ya hemos contribuido suficiente"

El colectivo pide que se les eliminen los coeficientes reductores que no les permiten recibir el 100% de su pensión

Todas las partes coinciden en la necesidad de asegurar sostenibilidad de un sistema público de pensiones cada vez más tensionado por el envejecimiento de la población y una crisis económica. Precisamente los expulsados del mercado laboral tras más de 40 años cotizados exigen menos penalizaciones. Ya han tenido una carrera laboral completa, aseguran.  

De izquierda a derecha, Manuel Osuna, Menchu Vila y Luis Ortiga, todos ellos jubilados anticipadamente.

De izquierda a derecha, Manuel Osuna, Menchu Vila y Luis Ortiga, todos ellos jubilados anticipadamente. / ARCHIVO / RICARD CUGAT / DAVID CASTRO

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“La pensión debe determinarse por los años cotizados y no por la edad de jubilación”. Luis Ortiga, de 62 años, defendía esta idea en su carta enviada a EL PERIÓDICO. Él es una de las muchas personas que se vio obligada a jubilarse de manera anticipada y sufre una penalización que considera injusta y arbirtraria. “He cotizado más de 45 años, pero al jubilarme a los 61 me aplican un coeficiente reductor del 6% por cada año que me falta para llegar los 65, un 24% menos en total. Y esa reducción es ya para toda la vida”, afirma Ortiga, contrario a la penalización que suponen estos coeficientes que penalizan de por vida a personas que han contribuido más de cuatro décadas a las arcas del Estado.

La vida laboral de este barcelonés comienza con 14 años como ‘botones’ en un banco. Ese primer trabajo le permitió seguir estudiando bachillerato nocturno. Se licenció en Económicas y siguió en la banca hasta los 29 años, cuando sintió la necesidad de crecer profesionalmente. Saltó al sector químico, en el que ha trabajado ininterrumpidamente durante tres décadas. “Durante todos estos años he sobrevivido a diferentes crisis económicas y reorganizaciones empresariales que no son más que un adelgazamiento de las plantillas. Me fui librando hasta que por edad me tocó. Fue un despido por causas organizativas y me indemnizaron, pero yo habría seguido trabajando hasta los 65”, explica este pensionista que tuvo que abandonar la empresa con 59 años y estuvo dos años en el paro para poderse jubilar anticipadamente. Durante esos dos años él seguía pagando, contribuyendo, pues cada mes se le descontaba  la cotización a la Seguridad Social de la parte de su prestación por desempleo. “Y ni una sola notificación del SEPE para ofrecerme un trabajo”, añade algo disgustado, con este servicio de empleo y con los prejuicios de los que deberían contratar. “Deberían existir mecanismos para corregir este edadismo –continúa Ortiga-, porque la horquilla de gente que puede optar a un trabajo es cada vez más estrecha”.

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Voluntaria, no "forzosa"

Esa discriminación a la hora de buscar trabajo también la sufrió Menchu Vila cuando se encontró en el paro con 57 años. “Me despidieron de forma improcedente durante la crisis anterior, cuando parecía que todo valía. Me indemnizaron con lo que marca la ley y me encontré dos años en el paro y sabiendo que sería casi imposible encontrar trabajo”, rememora esta pensionista que pasados los dos años de paro no recibió ningún subsidio entre los 60 y los 63 porque en su unidad familiar entraba algo de dinero. Cuando finalmente se jubiló a los 63 sufrió una penalización en su pensión del 14% por tratarse de una jubilación anticipada considerada “voluntaria” al no ser “forzosa”, categoría reservada a despidos por objetivos y ERE.

Vila considera “una injusticia” como tratan a una generación que “siempre ha estado al pie del cañón” desde muy jóvenes, con los sacrificios que esto implica. “Empecé con 16 años a trabajar, primero en una oficina y luego en una compañía de seguros. Teníamos que aportar dinero en nuestras casas y eso interrumpió en cierto modo nuestra adolescencia. Trabajaba ocho horas de lunes a sábado y estudiaba por las noches”, recuerda esta licenciada en psicología de 64 años afincada en Tres Cantos, Madrid. “Las pensiones debe regirse por el principio de la solidaridad, pero también deben reconocer el esfuerzo de los que han aportado durante 40 o más, sin tener solamente en cuenta la edad de jubilación. Creo que ya hemos tenido una carrera laboral sobradamente completa”, apostilla.

Ortiga defiende, como la asociación ASJUBI40, que 40 años deberían ser suficientes. Recuerda que el Pacto de Toledo indica que debe existir un relación equilibrada entre el esfuerzo del contribuyente, es decir los años de cotización, y la prestación o pensión. “Las personas más afectadas somos precisamente las personas que más hemos contribuido al sostenimiento del sistema público de pensiones con nuestras cotizaciones, personas que nos incorporamos el mercado laboral con unos 14 años”, reivindica este pensionista preocupado por la deriva del sistema. Entiende que las nuevas medidas del Ministerio de Seguridad Social persiguen desincentivar las jubilaciones anticipadas y observa un interesado “bombardeo” con mensajes como que “la caja de pensiones está quebrada, que toca ahorrar y hacerse planes de pensiones privados”.

“Hoy, si llevas 36,5 años cotizados y llegas a los 65 años trabajando cobrarás el 100% de la prestación, pero en el 2027 pedirán 38 años y varios meses para cobrar la pensión completa y te penalizarán si te jubilas antes de los 67 años”, explica Ortiga, que subraya que la mayoría de las bajas laborales son debidas a movimientos repetitivos y dolores musculares. “Es obvio que trabajando más de 40 años hay más probabilidades de tener esas dolencias”.

"No somos clase alta"

Ortiga y Vila piden al Ministro Escrivá que derogue unos coeficientes reductores que penalizan las pensiones de los que han cotizado más años pero deben abandonan el mercado laboral antes de los 65 años. Otros, que también apoyan eliminar las penalizaciones a aquellos que han cotizado más de 40 años, están denunciando que se ven muy afectados por el cambio de penalizaciones a las carreras de cotizaciones más altas. Es el caso de Manuel Osuna, que también envió una carta a ENTRE TODOS. “Si me jubilo en Abril (es cuando cumplo 63), con la normativa actual cobraré el 96% del máximo, y tengo asumida esa pérdida del 4% por la anticipación de 2 años. Pero si se confirman los planes del ministro, me pegarán un buen palo: otros 250 euros menos”, estima este madrileño de 63 años, que reivindica que los trabajadores con una base de cotización cercana la máxima (4070 euros) no son clase alta y mucho menos ricos, si analizamos que su pensión neta (con las penalizaciones actuales) no llegará a los 2.200 euros. En su caso, su sueldo es el único que entra en casa y tiene a los suegros viviendo en su domicilio que únicamente reciben una pequeña pensión.

“Me quité el pantalón corto para entrar a trabajar”, rememora Osuna, que lleva desde los 17 años trabajando, primero como administrativo y posteriormente como informático. Se prejubiló a principios del 2019, con 61 años, por cuestiones personales y familiares. “Llegué a un acuerdo con la empresa e hice mis cuentas. Fue salida acordada y por tanto sin derecho a paro de ningún tipo. Con el dinero que me ofrecían podría aguantar hasta los 63 años y pagar un convenio especial para mantener la pensión”, recuerda este madrileño vecino de Rivas-Vaciamadrid, que ahora ve con preocupación una posible doble penalización irónicamente por cotizar lo máximo permitido. 

Ejemplos y cálculos

Pone dos ejemplos, trabajadores que solicitan una jubilación anticipada dos años antes de su edad ordinaria de jubilación para demostrar que, contra lo que dice el Ministro, la penalizaciones actuales a las cotizaciones más altas son muy elevadas: “Una persona que ha cotizado por una base reguladora media de 1.500 euros recibirá un pensión penalizada con un 13%, que son unos 195 euros, mientras un trabajador que como yo ha cotizado por una base reguladora media de 4.000 euros recibirá una pensión con una penalización mucho mayor porque la pensión máxima está topada con 2.707 euros y además recibe una penalización adicional de un 4% (0,5% por cada año que anticipa la jubilación). Al restar ese 4% por cada año de anticipación se quedaría en 2.598 euros (que considero razonable y solidaria para el mantenimiento del sistema), lo que representa una penalización de 1.400 euros mensuales (35% respecto la cantidad cotizada, 4000 euros)”, explica este pensionista con más de 45 años cotizados, 20 de los cuales cotizó al máximo y no ha estado “ni un solo día en el paro recibiendo alguna prestación”.

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“El cambio propuesto por Escrivá consiste en tomar como base para las penalizaciones la pensión máxima en lugar de la base real cotizada, lo que supone, un incremento de penalización de 240 euros sobre la actual al trabajador que ha cotizado por la máxima”. “Al final, parece que generan más subsidios que pensiones contributivas –añade-, porque lo que los que más aportamos pagamos los platos rotos, pese a estar ya siendo penalizados fuertemente con la normativa actual”.

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