La niña migrante a la que la ONU escuchó

Cuando Arcage (nombre ficticio) pisó suelo español mostró a la policía su documentación. El pasaporte, lógicamente, era falso. Pero su cartilla de vacunación y las notas del cole eran reales. Los agentes determinaron que era “una menor de edad posible solicitante de asilo” y fue trasladada a un centro de acogida en Madrid.

Ninguna autoridad administrativa dudó de su minoría de edad, pero la Fiscalía inició en 2018 un procedimiento para determinar los años de Arcange. Completamente desnuda, fue sometida a una exploración genital médica y a una radiografía de muñeca (que estimó que tenía 17 años) y otra de mandíbula (que no fue determinante a falta de piezas dentales). La Fiscalía, sin embargo, decretó que Arcange era mayor de edad. Se basó en el informe médico, que señalaba que su vello en el pubis y su desarrollo mamario era “compatible con tener 18 años”.

Arcange fue expulsada del centro de menores. De un día para otro se quedó en la calle. Sola. Sin casa. Ni dinero. Ni recursos. Ni ayuda. Ni familia. Un amigo le habló de Raíces, una fundación de asistencia social. La niña camerunesa llamó a sus puertas.

“Era una niña temerosa. Menuda y frágil. Estaba destrozada”, explica la psicóloga Lourdes Reyzábal, presidenta de Raíces. Las abogadas de la fundación llevaron el caso hasta Naciones Unidas, que -una vez más- ha tirado de las orejas a España. Y ya van 14 veces. El comité de derechos del niño de la ONU da la razón a Arcange e insta a nuestro país a reformar el procedimiento de determinación de edad de los niños migrantes. “Tiene que aplicarse una evaluación holística, con entrevistas y asistencia letrada. No puede haber desnudos integrales ni pruebas invasivas”, destaca Reyzábal.

“Llegué a España con 16 años y no con 18. Así que, por fin, puedo vivir siendo yo misma, con mi edad de verdad. Espero que gracias a mi historia ningún otro niño o niña pase por lo mismo que yo”, comenta, emocionada, Arcange, que deberá recibir una compensación por los daños morales ocasionados y un acompañamiento psicológico especializada en víctimas de la violencia sexual. Lo que más contenta le pone es que su documentación, a partir de ahora, pondrá el año en el que nació y no el que decretó la Fiscalía.

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Las abogadas de Fundación Raíces argumentan que el caso de Arcange (que no es ni mucho menos aislado) demuestra que las políticas de extranjería en España “solo tienen por objetivo el control férreo de las fronteras y no la protección de niños y niñas”.

Raíces ha presentado varias enmiendas al proyecto de ley de protección a la infancia, una norma que busca poner coto al maltrato infantil. La fundación de asistencia social pretende que se modifique el procedimiento de determinación de la edad y prohibir los desnudos integrales por “atentar contra la dignidad de niños y niñas". De momento, solo Ciudadanos y Más País han recogido el guante (Bildu también, aunque no en su totalidad). “La sociedad está muy concienciada, pero esto un problema de voluntad política”, concluye la presidenta de Raíces, que insiste en que el actual protocolo aboca a cientos de menores a la más absoluta indefensión.