Una vez más, miles de inmigrantes no pueden votar

Solo los que han pasado por los eternos trámites que desembocan en la nacionalidad tienen garantizados sus derechos políticos

Una mujer musulmana vota en el Remei, en Vic, el barrio con el mayor número de inmigrantes de la ciudad, en una foto de archivo. / JOSEP GARCIA

Si no fuera porque luego admitieron la situación de miles de inmigrantes que no tienen derecho a voto, lo que pidieron el martes en Sant Cugat Ernesto Carrión, número 25 en las listas del PSC por Barcelona, y André Diouf, diputado del PSOE en el Congreso, podía incluso sonar como una broma de mal gusto: ‘El PSC demana el vot de les persones migrades i defensa una Catalunya intercultural’, titulaba Jordi Pascual en 'El Cugatenc'. Pedir el voto de los inmigrantes en un país donde los inmigrantes no tienen derecho a voto sería una suerte de oxímoron perfecto si no fuera porque los extranjeros que pueden votar no suelen hacerlo como extranjeros, sino como españoles: votan porque han accedido a la nacionalidad.

Lo cierto es que el voto de los inmigrantes no le importa a nadie más que a los inmigrantes. Más de dos décadas después de la gran oleada que cambió el paisaje de las calles españolas, no sería un disparate esperar que algún partido hubiera asumido la defensa de los derechos políticos de los extranjeros, aunque solo fuera porque, más allá de consideraciones éticas, al fin y al cabo son votos. Pero no. En época electoral, de vez en cuando un partido recuerda la existencia de esas decenas de miles de inmigrantes nacionalizados –esas decenas de miles de votos–, y como el PSC en Sant Cugat, hace un tímido llamamiento. Por si pescan algo.

Paradojas

“El punto principal que hay que tener en cuenta en todo esto es que los derechos políticos se han vinculado con la nacionalidad y no con la ciudadanía, que debería ser lo relevante”, dice Karlos Castilla, miembro del consejo de SOS Racisme. “El voto tiene que ver con el pasaporte, no con dónde vives y desarrollas tu vida. La paradoja es que hay personas con la nacionalidad española que no están en el territorio y pueden votar, mientras que la persona que en su día a día está aquí, que trabaja aquí, que paga sus impuestos aquí, no tiene ese derecho”. Es difícil, añade Castilla, encontrar un país donde las cosas funcionen de otro modo, no solamente en el entorno europeo sino en otros continentes. Por ejemplo, el llamado “voto latino” de EEUU lo depositan en las urnas inmigrantes latinoamericanos ya nacionalizados estadounidenses.

El miedo atávico a que el foráneo, el extranjero, el otro, pueda decidir sobre “lo nuestro” ha lastrado desde tiempos la posibilidad de participación política de ese otro. Quizá en un mundo globalizado y atravesado por permanentes flujos migratorios tiene menos sentido que antaño.

Excepción municipal

Por regla general, un inmigrante, tenga el permiso que tenga (de residencia, de trabajo) no puede votar en unas elecciones en España. La norma no abriga excepciones en lo que toca a los comicios generales y autonómicos, pero sí en los municipales, donde entran en juego convenios recíprocos con una serie de países, especialmente latinoamericanos, que han permitido que los españoles residentes en el extranjero también puedan votar en las municipales del país de acogida. De la extrañeza que causa que un extranjero tenga derecho a votar habla, y muy elocuentemente, la reacción de no pocos jurados de mesa que, cuando el inmigrante de turno enarbola su NIE, le dicen educadamente que con eso no puede votar.

“¡Que alguien me preste su voto!”, empezaba Silvio Ajmone la carta que escribió hace unos días a este diario. Italiano, con 20 años de residencia en Barcelona, Ajmone subrayaba que aquí se ha integrado, ha aprendido dos idiomas, ha formado una familia, se ha hipotecado y ha vivido intensamente la vida social y política del país, sin dejar de mencionar que es aquí donde paga sus impuestos. ¿Cómo es posible que no pueda votar? “Para mí, el tema de la política es un tema de recursos, de manejo de los recursos –dice–, y ya que pago mis impuestos aquí creo que tengo derecho a decidir qué hacen con mi dinero”. Ajmone puede votar en las municipales, por descontado en las europeas, y puede votar en las elecciones italianas. “Pero a mí, la verdad, lo que hagan en Italia con los recursos me importa menos que lo que se haga aquí, que es donde vivo”. Al final ha decidido gestionar la nacionalidad española, única vía para tener derechos políticos: la pidió en 2018 y aún está esperando. “Cuando la tenga tendré que renunciar a la italiana. Para mí lo ideal sería tener las dos, pero como no se puede…”

El gran absurdo

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La situación es rayana en lo absurdo cuando el que no puede votar es alguien que ha nacido aquí y que de todas maneras carece de la nacionalidad. ¿Por qué? Porque en estas cuestiones prima el derecho de sangre (‘ius sanguinis’) sobre el derecho de suelo (‘ius soli’), es decir que alguien nacido de padres extranjeros en España no tiene automáticamente la nacionalidad española, mientras que el hijo de un español nacido en Colombia sí. Es el caso de Safia el Aaddam, nacida en Catalunya de unos padres marroquís establecidos desde hace décadas en Segur de Calafell (Baix Penedès). Este domingo le gustaría votar, pero no puede: su nacionalidad es la marroquí. Safia es la responsable de Votar es un Derecho, una iniciativa para denunciar las contradicciones de la legislación española y para, entre otras cosas, poner en contacto a españoles que quieran ceder su voto con inmigrantes impedidos para votar.

“Nuestra principal reivindicación es que el derecho a voto no esté vinculado a la nacionalidad sino a la ciudadanía”, dice. Luego explica que, lamentablemente, no hay voluntad política. Cuenta que lleva seis años intentando obtener la nacionalidad, hasta ahora en vano, de modo que esa es su segunda reivindicación: “Que se agilicen los trámites de la nacionalidad”. Mientras tanto, si vota, vota de prestado. Quizá, antes de pedir el voto de los inmigrantes (esos miles y miles de votos), los partidos deberían tomar nota de estos detalles.