2021, o cómo despertar de la pesadilla

Dejando a un lado el terrible impacto del covid-19 sobre la salud pública, con la pérdida incluida de muchos miles de vidas humanas, el 2020 será recordado como el de la mayor catástrofe económica en tiempos de paz que ha conocido la humanidad. El FMI pronostica un desplome del PIB mundial del -3%, el mayor desde la Gran Depresión de hace casi un siglo, mientras que la OCDE aumenta la caída hasta un 4,5%. En este contexto, el hundimiento de la economía española en el 2020 resulta especialmente dramático, puesto que tanto el Banco de España, como Funcas y la UE coinciden en una previsión de caída del PIB entre el 11 y el 12%, la más severa de todos los países miembros de la UE y la OCDE. Esta extraordinaria vulnerabilidad debería ser objeto de una profunda reflexión.

 ¿Qué podemos esperar y qué previsiones hay para el 2021? El Banco de España presenta una horquilla de crecimiento entre el 4,2% y el 8,6%, cuya banda central prácticamente coincide con la última previsión de Funcas: un 6,7%. Esta recuperación, apoyada sobre las expectativas favorables de la vacuna y la llegada de los fondos del Plan Europeo de Reactivación, se irá afianzando a lo largo del 2021 y el 2022. No obstante, el terreno perdido desde el comienzo de la crisis no se recuperará por completo hasta el 2023.

Referente a la tasa de paro, el Banco de España prevé finalizar el año entorno al 16%, cifra que podría llegar a crecer hasta dos o tres puntos más en el 2021. Esta relativa contención del desempleo se debe al papel atenuante que han tenido los ERTE, a las medidas de apoyo a los autónomos y a los mecanismos de flexibilidad interna de las empresas, principalmente el teletrabajo. Resulta importante destacar la gran heterogeneidad sectorial del paro, puesto que mientras algunas actividades han sido duramente golpeadas por la crisis (turismo, hostelería, pequeño comercio, etc.), otras presentan un dinamismo más elevado (farma y alimentación, por ejemplo).

Lógicamente, en este contexto las cuentas públicas presentan también un desequilibrio fuertemente acusado. Tanto el Banco de España como Funcas estiman que el déficit público se elevará hasta el 11 o el 12% del PIB a finales del 2020, mientras que podría bajar hasta el 8% en el 2021. Por su parte, la deuda pública se incrementará unos 20 puntos este 2020, y se prevé una cierta estabilización entorno al 120% del PIB durante los próximos años.

Ahora bien, suponiendo que en el 2021 podamos sacar la cabeza del agua y comenzar a respirar un poco de aire fresco, la pregunta es: ¿Y ahora qué? ¿Cuáles deberían ser las prioridades? La respuesta es doble. En primer lugar, es fundamental optimizar la gestión de los fondos europeos del programa 'Next Generation UE'. Y, en segundo lugar, es preciso retomar con convicción la vieja agenda de reformas económicas pendientes.

Respecto al excepcional paquete financiero europeo, España podrá recibir hasta 140.000 millones de euros en forma de subsidios y préstamos, durante los próximos seis años, y el 70% de estos recursos se asignarán durante el periodo 2021-2022. Por lo tanto, es prioritario que tanto el Plan Nacional de Reformas e Inversiones que deberá presentar el Gobierno en abril de 2021, como los proyectos que presenten los sectores privado y público, respondan a los tres ejes fundamentales del programa: transición verde, transición digital y reindustrialización, y alcancen un nivel de excelencia que permita optimizar la captación de recursos. Estamos ante una oportunidad sin precedentes y no la deberíamos desaprovechar.

Finalmente, hay que abordar de una vez por todas y con el máximo coraje político esa media docena de grandes reformas estructurales pendientes desde hace décadas. La reforma de las Administraciones Públicas, haciéndolas más eficientes, menos burocráticas y partidistas, y dotándolas de un sistema más robusto de incentivos, rendición de cuentas y evaluación de políticas públicas. La reforma del sistema fiscal, evitando penalizar la creación de riqueza y el emprendimiento, estimulando el dinamismo económico y luchando más eficazmente contra el fraude. La reforma del sistema educativo, para mejorar el nivel de formación de la población laboral, reducir los niveles de abandono escolar y favorecer el desarrollo y retención de talento. La reforma del mercado laboral, para acercar el nivel de paro a la media europea. Y, finalmente, la reforma del marco regulatorio para reindustrializar y atraer más inversión hacia sectores tecnológicos y de alto valor añadido.

En suma, nada nuevo bajo el sol, salvo el hecho de hallarnos ante una oportunidad histórica irrepetible para salir de la crisis del covid-19 y, al mismo tiempo, conseguir una economía descarbonizada, digitalizada y más competitiva.  

En ocasiones ninguneada. En otras denostada. E incluso a veces simplemente olvidada. Lo cierto es que en España la política industrial no ha acabado de salir de los círculos más especializados, académicos o de gobierno público o corporativo. Y nunca ha conseguido ni el consenso de todos los actores implicados, ni una fuerza suficiente para desarrollar iniciativas transformadoras.

Parecía asumido que en un libre mercado todas las naciones desarrolladas externalizan su producción a otros países. Y esto, incluso, se ha llegado a ver casi con orgullo, como un indicador de desarrollo y de posicionamiento en la economía del conocimiento. 

Y de repente, aparece un raro virus y todo cambia. 

Casi de un día para otro, nos encontramos hablando de capacidades productivas, soberanía tecnológica o resiliencia de la industria. Los telediarios empiezan a hablar de por qué Alemania pierde menos empleo durante la crisis del coronavirus, de la impresión en 3D de respiradores o de la importancia de disponer de determinadas cadenas de valor locales. 

Con la pandemia del covid-19, estamos volviendo a percibir lo que supone hacer política industrial cuando surgen conceptos como reservas estratégicas. Y asegurar determinadas capacidades de autosuministro no es precisamente un enfoque autárquico, sino justamente más europeísta.

Hacer política industrial no se basa en tratar de forzar la producción local, sino de establecer los mecanismos e incentivos más apropiados para que sea atractivo hacerlo para las actividades de mayor valor añadido. Lo hemos visto recientemente en la iniciativa llevada a cabo por el Ministerio de Industria,  por medio de la cual 50 empresas han recibido subvenciones por valor de 11 millones de euros para reconvertir su capacidad productiva y poder proporcionar material sanitario en un momento crítico para el país.

Este ejemplo denota que la nueva política industrial no va de financiar sectores sino de generar capacidades. Y no solo de hacer España, sino de hacer Europa. Eso, precisamente, es lo que nos está diciendo Bruselas con su programa 'Next Generation EU' y sus famosos 140.000 millones de euros pidiendo transformación y competitividad, pero convergente con los criterios europeos para mantener su peso y su influencia frente a la pugna tecnológica entre EEUU y China.

Se debe aprovechar la experiencia pública adquirida en los programas de digitalización para trasladarla a aquellos proyectos tractores que desarrollen tecnologías habilitadoras (fabricación aditiva, nuevos materiales, hidrógeno, inteligencia artificial, biotecnología…) implicando a toda la cadena de valor y que puedan ser realmente transformadores para la industria y para la recuperación económica poscovid.

Resulta imposible desligar la reindustrialización de la política de I+D o de la estrategia española de emprendimiento, con el foco en la ciencia, la innovación, la transferencia de tecnología como palancas al servicio del desarrollo y la competitividad empresarial. 

Pero resultará difícil transformar el tejido productivo mientras se siga sin superar el 1,25% del producto interior bruto (PIB) en I+D y la adquisición generalizada de competencias digitales para todos los perfiles profesionales no sea una realidad. 

Y todo esto manifiesta la necesidad real de disponer de una visión de futuro con un horizonte a largo plazo. Si queremos dar prioridad a los proyectos que generen mayor impacto, disponer de tecnologías estratégicas y aumentar el papel de la industria en la recuperación económica, debemos tener claro dónde queremos encontrarnos como país dentro de 20 años. 

Afortunadamente, en España las metodologías de prospectiva tecnológica o inteligencia económica han vuelto a recuperar protagonismo con la creación de la Oficina Nacional de Prospectiva. No obstante, sería deseable que, si se quiere dotar de una visión global e integradora, estos centros de pensamiento se replicaran al menos en aquellos departamentos ministeriales que deban dar prioridad a sus recursos de acuerdo con esa agenda común. 

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