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PERIODISMO CON EL CIUDADANO

El voto más difícil

Casi dos millones de españoles afrontan el incierto trámite del voto desde el extranjero para el 20D

El caos vivido en las elecciones desde la reforma del 2011 impulsa iniciativas que piden el fin del voto rogado

MIRIAM GARCÉS


"En las elecciones catalanas del 2012 no pude votar porque solo llevaba seis meses aquí. En las europeas del 2014, las papeletas llegaron tarde. Para el 27-S, estaba de vacaciones en España y cuando volví el plazo había expirado. Ya he iniciado el proceso para votar el 20-D, pero temo que las papeletas tampoco lleguen a tiempo", explica desde Seúl Juan Pablo Postigo, estudiante barcelonés, de 21 años. Desde hace cuatro años, cada proceso electoral supone una enorme decepción para muchos de los españoles que viven en el extranjero y que acaban atrapados en una maraña burocrática que les impide ejercer su derecho al voto. Con el éxodo de jóvenes en busca de futuro de estos últimos tiempos, son casi dos millones de votos en el limbo. Ante la falta de respuesta del Gobierno, los expatriados tratan de organizarse cara a las próximas elecciones generales, en las que nada indica que la cosa vaya a funcionar mejor.

La prueba del algodón de que aquí hay un problema es la enorme caída de la participación electoral desde el exterior: si en las generales del 2008 votó el 31,88%, en las del 2011 la cifra se desplomó hasta el 4,95%, según datos del INE. Y no paró ahí. A lo largo de este año 2015 de numerosas citas electorales, la participación desde el extranjero se ha situado por debajo del 4%. Cara al 20-D, el proceso de voto exterior ya ha empezado y, como en el caso de Juan Pablo, la frustración y el temor a no poder votar cunden en un colectivo que ya alcanza la cifra de 1.875.272 personas, cerca de 400.000 más que en las últimas generales. Si se repiten los precedentes, más del 95% de los expatriados españoles se abstendrán el 20-D. Por voluntad propia o víctimas del caos.

 

CREAR PROBLEMAS PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA

Y este caos tiene un motivo muy claro: la reforma de la ley orgánica del régimen electoral general  (LOREG) impulsada por el PSOE y el PP, con el apoyo de CIU y el PNV, y aprobada en enero del 2011. Con la modificación, se obliga a los electores en el exterior a solicitar el voto, un paso inexistente en la LOREG original. Antes del 2011, el español residente en el extranjero e inscrito en el censo recibía los documentos electorales por correo y en su casa, sin necesidad de realizar ningún otro trámite, y solo tenía que enviarlos en el periodo establecido. Este proceso presentaba algunos problemas censales, ya que había personas fallecidas que recibían las papeletas al no haber sido eliminadas del censo. Para solucionar este problema se hizo una reforma que ha creado otros.

Así, se pasó de ese simple sistema de recibir y enviar a uno de tres pasos, conocido como voto rogado: primero se solicita el voto, luego se recibe la documentación electoral y, finalmente, se vota. Esto no tendría que ser un problema si los plazos fueran acordes al tiempo que efectivamente tardan los envíos para llegar a su destino, pero la realidad es que acaban haciéndose cortos para que algunos de los procesos se puedan realizar a tiempo. Esto se suma a otras trabas, como la exigencia de trámites presenciales en consulados que pueden estar a cientos de kilómetros de distancia, fallos en los recursos telemáticos facilitados para agilizar el proceso o el cierre del censo (CERA) sin previo aviso.

 

Así las cosas, varios grupos parlamentarios (incluidos algunos de los impulsores de la norma, como el PSOE CiU) han presentado peticiones de eliminación del voto rogado, pero todas han caído en saco roto. También una proposición de ley del Parlamento de Galicia que llegó incluso a ser aprobada en el Congreso, pero quedó parada en la comisión constitucional de la Cámara. "En el 2011 parecía que la reforma era la medida correcta para una mayor transparencia, pero la merma de participación es muy negativa", admite Roberto Jiménez, secretario de Emigración del PSOE, que gobernaba cuando se aprobó. Jiménez acusa al actual Gobierno de haber impedido la rectificación: "El PP ha puesto precio al voto exterior, ya que no lo ha considerado motivo suficiente para un cambio de la ley, alegando que se debe incluir en una reforma más grande con temas como el proceso de elección de alcaldes".

Jordi Xuclà, portavoz de exteriores de CDC en el Congreso, también ha reclamado el cambio: "Una vez visto el problema se debería haber actuado, pero la falta de voluntad de un Gobierno insensible no lo ha permitido, y ha causado que el derecho de voto de muchos ciudadanos se haya ignorado".  En cambio, fuentes del Ministerio de Interior hablan de falta de consenso para una nueva reforma: "No corresponde al Gobierno proponer una reforma de un procedimiento que surgió del trabajo conjunto de los grupos parlamentarios, y de haberse alcanzado el consenso de la mayoría de los grupos dicha reforma habría salido adelante, como sucedió en el 2011", sostienen.

LOS EXPATRIADOS SE ORGANIZAN

Ante la repetición año tras año, elección tras elección, de los mismos problemas y la ausencia de soluciones, los expatriados optan por organizarse. Así Marea Granate, una plataforma que lucha contra los motivos que “obligan a irse de España", ha creado un Grupo de Trabajo de Voto para informar de todo lo relacionado con el voto exterior. Este mes ha emprendido asimismo una colaboración con un grupo de juristas para lanzar DosMillonesDeVotos, otra plataforma que ofrece igualmente ayuda práctica y técnica a los españoles que envían sus consultas, de la misma manera que ya lo hacia el grupo granate, pero con mayor profundidad gracias a los conocimientos legales que aportan sus integrantes.

DosMillonedeVotos, que ha denunciado los problemas encontrados en el presente proceso electoral a los ministerios de Economía y Asuntos Exteriores, propone 11 medidas para reducir los efectos negativos del voto rogado, como la ampliación de los horarios de consulado, la eliminación de los trámites presenciales y la ampliación extraordinaria de los plazos. Si la Administración se decidiera a aplicar este tipo de medidas, casos como el de Júlia Miralles, residente en Buenos Aires, podrían encontrar solución: “En todas las elecciones anteriores las papeletas me llegaron después de los comicios. Esta vez espero poder ejercer mi derecho al voto”.

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