Obligados a mover ficha

Los casos Bárcenas, Urdangarin, Gürtel, Millet, ITV... proliferan y ya no basta con decir «pongo la mano en el fuego» por fulano. Ya no basta con prometer que «las cuentas del partido son claras». Ya no basta con defender la presunción de inocencia. Ya no basta. El 91% de los catalanes opinan que la política está teñida de corrupción, revela una encuesta de la Oficina Antifrau. La indignación crece y los partidos se están viendo forzados a mover ficha. Ahora todos se llenan la boca al defender una mayor transparencia y nuevos mecanismos que limpien, fijen y den esplendor a la democracia. Pero hay algunas discrepancias que pueden dejar al ciudadano con el regusto de siempre: «Hablan mucho y hacen poco».

El primer gran escollo: ¿qué hacer con los imputados? ERC, Iniciativa, Ciutadans y la CUP no tienen dudas: apartarlos de todos sus cargos. Los titubeos y las contradicciones surgen en el resto. La presidenta de los populares catalanes, Alicia Sánchez-Camacho, por ejemplo, recordó ayer que ella separó a dos concejales del partido por esta razón (uno, en Sabadell, y otro, en Sant Andreu de Llavaneres), aunque después tuvo que admitir que, en otras comunidades, el PP no ha hecho lo mismo.

Tampoco en CiU parecen estar muy por la labor. Su máximo líder y presidente de la Generalitat, Artur Mas, defendía la semana pasada que los imputados puedan seguir en su puesto porque «una imputación no es una condena».

El portavoz del PSC, Jaume Collboni, aboga por separar de los cargos orgánicos a los imputados «hasta que se aclare la situación» (aunque él mismo avala que Manuel Bustos retorne este mes a la alcaldía de Sabadell) y coincide con el secretario de organización de Convergència, Josep Rull,

en que a veces «se utiliza la imputación como un arma política».

Otras coincidencias. Socialistas, nacionalistas y el resto defienden que el Parlament apruebe cuanto antes una ley de transparencia que permita que los ciudadanos tengan mayor (y más accesible) información de los partidos e incluso del patrimonio de los políticos. No obstante, Rull matiza que «lo relevante, más que el patrimonio en sí, es saber el incremento patrimonial» desde que se llega a un cargo hasta que se deja.

Cargos vitalicios

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Hablando de cargos, a las grandes fuerzas también les cuesta poner fecha de caducidad a la carrera política. Como mucho, aceptan que se pueda limitar el número de años que una persona pueda estar en un puesto de máxima responsabilidad. Vuelve a surgir ahí otra división con los partidos minoritarios, una fractura que se agranda al mencionar la financiación, puesto que los más situados a la izquierda exigen que esta sea totalmente pública y tan traslúcida como las donaciones. Sobre estas, el portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Santi Rodríguez, defiende que «se evite cualquier irregularidad, por supuesto, aunque hay que poner limitaciones [a hacerlo público todo] porque algunos donantes se podrían sentir intimidados».

En lo que sí parece haber cuórum es en la necesidad de dotar de más recursos a los órganos de control y en reducir el gasto de los partidos, y la mayoría apuestan por abrir las listas electorales. «Necesitamos medidas urgentes de regeneración democrática. La crisis ha hecho que la gente ya no mire a otro lado con la corrupción», alerta Laia Ortiz, portavoz de Iniciativa, que recuerda que su partido lleva «años» pidiendo medidas que ahora defienden otros. «Los partidos tradicionales se han movido cuando han visto que les llegaba el agua al cuello», denuncia Matías Alonso, secretario general de Ciutadans. Roser Veciana, de la CUP, aún es más crítica. Desconfía de los políticos de toda la vida y avisa: «Son los movimientos sociales, la presión del pueblo, los que cambiarán las cosas, no los partidos».