Los municipios con pozas se plantean prohibir el baño en los ríos

Los municipios que tienen pozas, remansos de ríos o lagos se preparan para una temporada de baño excepcional en plena pandemia de covid-19. Garantizar la seguridad de los visitantes y vecinos y evitar aglomeraciones, respetando las distancias de dos metros entre personas, son los principales retos al margen del coste económico y las dificultades técnicas.

Algunos contratarán un servicio de vigilancia y habilitarán un aparcamiento. Es el caso de los municipios por donde pasa la riera de Merlès, en las comarcas del Ripollès, Berguedà, Osona y el Bages, donde cada verano recibe una "afluencia masiva y desordenada" de visitantes. Se ha acordado que contratarán un servicio de vigilancia para hacer cumplir la normativa y no descartan acabar prohibiendo el baño para evitar contagios.

Una decisión drástica que ya han tomado en Campdevànol con el Torrent de la Cabana.

Según los científicos, el virus puede permanecer activo algunos días en aguas no cloradas. "Además de la preservación del espacio natural protegido y la convivencia entre vecinos y visitantes, este año se añade un motivo de salud pública motivado por el coronavirus. Hay que recordar que hay seis municipios que tienen una captación de agua y que es su principal fuente de abastecimiento de agua de boca", subrayan desde el Consell Comarcal del Berguedà.

Servicios de vigilancia

De entrada, han anunciado que por primera vez contratarán un servicio de vigilancia rural que contará con el apoyo de los Agentes Rurales y los Mossos d'Esquadra para hacer cumplir con las ordenanzas supramunicipales de uso público aprobadas en el 2018. Queda prohibido acampar, hacer fuego, dejar basura y llevar los perros desatados, entre otros. Los infractores serán sancionados con multas de entre 750 a 3.000 euros y la vigilancia incluirá caminos y entornos a lo largo de todo el río. El coste de las patrullas se asumirá desde los cuatro consejos comarcales y los nuevos ayuntamientos. 

También habilitarán unas espacios señalizados con 60 plazas de aparcamiento a partir de San Juan para limitar el aforo a un máximo de unas 200 personas por día. "Antes era un caos, en un fin de semana podían venir 1.500 personas y aparcar en campos o entradas de casas y ahora se quiere despejar" y restringir mucho más por el covid-19, detalla el consejero de Medio ambiente del Consejo Comarcal del Berguedà, Jesús Calderer.

Por su parte, el alcalde de Santa Maria de Merlès, Josep Costa, admite que están preocupados porque no se produzcan masificaciones como en años anteriores y que será complicado controlar todos los kilómetros de río. Personalmente, vería bien que se prohibiera el baño porque antes venían pocos visitantes pero ahora se ha "descontrolado". Con las playas y las piscinas restringidas, se temen un efecto llamada en espacios naturales. Y subraya que habrá que asegurar la calidad del agua de boca y la salud pública y hacer cumplir las ordenanzas.

Controles en Campdevànol

Campdevànol cerrará los accesos al Torrent de la Cabana, que transcurre entre Campdevànol y Les Llosses (Ripollès). La alcaldesa de Campdevànol, Dolors Costa, explica a ACN que este año es "excepcional" y hacen falta medidas "excepcionales". En los últimos años, habían limitado el aforo a 600 personas en el día y el trabajo de regulación iba a cargo de una empresa que había ganado el concurso. Los visitantes tenían que pagar 5 euros por persona (excepto menores de 12 años y vecinos) y 3 euros más si usaban un aparcamiento.

Este año tocaba volver a sacar a concurso el servicio de control pero se ha decidido que no se hará a pesar de estar muy satisfechos de los resultados. El motivo es que creen que no podrán garantizar la seguridad de los visitantes ni cumplir con las distancias y normas de los protocolos contra el covid-19. Estos días están haciendo los carteles para informar que el baño a las pozas quedará prohibido.

La alcaldesa admite que controlarlo no será fácil. "No se pueden cerrar puertas en la montaña", dice, pero confía que con los fondos de los ayuntamientos y la ayuda de Protección Civil podrán controlar la zona. También se plantean contratar algún vigilante. Y avisan que los visitantes que no lo respeten serán sancionados con multas de entre 600 y 1.000 euros para acceder a un lugar prohibido y sin permiso. 

La zona del Torrent de la Cabaña tiene cinco propietarios y dos ayuntamientos. En los últimos años se acordó limitar el aforo para garantizar la seguridad y reducir el impacto ambiental. Desde Campdevànol destacan que dejar un verano sin visitantes contribuirá a la regeneración natural del entorno. 

Garrotxa también se plantea el cierre

En la Garrotxa también se ha abierto el debate sobre la gestión de las pozas. En Les Planes d'Hostoles, donde cada año contrataban dos vigilantes para hacer cumplir las normas y combatir el incivismo, se plantean un cierre total o parcial. Su alcalde, Eduard Llorà, pide a la Generalitat una "pauta clara" para poder hacer las contrataciones a tiempo. Desde el Ayuntamiento, creen que cerrar el acceso es "muy difícil" en su caso, porque hay muchos kilómetros de río y diferentes accesos y reclaman apoyo económico.

Como alternativa, creen más viable limitar el aforo y velar por el cumplimiento de las distancias de seguridad. Esto quiere decir más personal de vigilancia y más coste. Llorà cree que el visitante tendrá que pagar una tasa porque ya no es solo un tema de preservación natural ni de civismo como otros años sino de salud pública.