Pactos postelectorales

Las dos almas de la CUP chocan por la entrada en el Govern

Endavant apuesta por mantenerse en la oposición, mientras Poble Lliure se decanta por asumir responsabilidades

Los anticapitalistas avisan de que la actuación de los Mossos d'Esquadra "dificulta" la negociación postelectoral

La candidata de la CUP, Dolors Sabater, comparece para hacer balance de los resultados, el domingo.

La candidata de la CUP, Dolors Sabater, comparece para hacer balance de los resultados, el domingo. / ACN

Júlia Regué

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La CUP rebobina hasta el 2015. Los anticapitalistas tenían la llave de la investidura de Artur Mas y la órbita posconvergente impulsó una estrategia de presión a los anticapitalistas bautizada como 'pressing CUP'. La asamblea decisiva terminó en un empate a 1.515 votos. El lema, convertido en una etiqueta viral llegó para quedarse. Se recuperó en el 2017 por las tortuosas negociaciones abiertas tras la imposibilidad de ungir a Carles Puigdemont, ya en Bruselas, como jefe del Govern. Los 'cupaires' vetaron a Jordi Turull, pero avalaron a Quim Torra. El futuro de un Govern independentista vuelve a estar en su mano, pero con una diferencia clave: es Esquerra y no la posconvergencia quien comanda ahora. Las primeras espadas ya espantaron el martes una nueva ola de 'Pressing CUP'.

Los 'cuperos' encaran la negociación con los republicanos dispuestos a condicionar al máximo la XIII legislatura. Este es el común denominador de todas las organizaciones que componen la CUP, pero no disipa la eterna disputa interna por el lugar que deben ocupar, en este caso, los próximos cuatro años. Endavant y Poble Lliure, las dos organizaciones más relevantes en el seno de la formación, vuelven a chocar por la entrada o no del partido en el Govern. Unos piden mantenerse en la retaguardia, y otros dar pasos adelante.

Cruce de comunicados

En un comunicado emitido este miércoles, Endavant sostiene que la CUP no puede formar parte de un Executiu "autonomista, ni tampoco ser la muleta para los recortes y privatizaciones que vendrán impuestos por la Unión Europea y el Estado español" tras los estragos de la pandemia del covid-19. Tampoco quieren corresponsabilizarse de fiar a la negociación con el Gobierno un referéndum sobre la desconexión de Catalunya del resto de España y aseguran que "sería un error confiar en la conformación de un Govern unitario independentista como elemento que pueda generar por sí solo un nuevo embate independentista con capacidad de desestabilizar al Estado y materializar la autodeterminación".

De ahí que apuesten por mantenerse en la oposición y encauzar una contundente negociación con Esquerra que no se conforme con pedir "compromisos abstractos con la autodeterminación y declaraciones simbólicas de giro a la izquierda", sino que ponga sobre la mesa exigencias de calado como la retirada de la Generalitat de todas las causas abiertas contra independentistas. 

Los retos que Poble Lliure encarga a la CUP son más etéreos: "contribuir a la formación de un nuevo Govern que presente un programa de mínimos" basado en un rescate social, un "plan de desconexión con el Estado que culmine con un referéndum de autodeterminación con reconocimiento internacional en 2025", la "lucha por la amnistía y el fin de la represión" y "el retorno de los exiliados y la reconstrucción nacional de los Països Catalans". Con todo, en otro comunicado urgieron a "contribuir a la consolidación de estructuras de institucionalidad republicana", a "diseñar un cordón sanitario contra la extrema derecha" y a "consolidar el crecimiento de la unidad popular".  

Los Mossos "dificultan" la negociación

La CUP aspira a que Esquerra compre buena parte de sus propuestas de escudo social como la renta básica universal, pero la actuación de los Mossos d'Esquadra, comandada por la Conselleria d’Interior, "dificulta" la negociación, alertaron este miércoles tras las manifestaciones en apoyo al rapero Pablo Hasél. La exdiputada Maria Sirvent cargó contra la "aceptación acrítica" por parte de Interior de "las órdenes de los jueces del régimen", más aún "cuando lo que está en juego es la libertad de expresión", y lamentó que el Govern en funciones no generara "ningún conflicto de legitimidades".

Hasta el 27 de febrero no celebrarán un consejo político ordinario para tomar la temperatura a la militancia sobre la negociación poselectoral, y pese a que fijarán unos primeros criterios para ofrecer su apoyo a una investidura, no habrá decisiones sobre este asunto. Pere Aragonès tendrá que ser paciente y esperar.