La Catalunya que necesitamos

Si nada más lo impide, el 14 de febrero iremos a las urnas en Catalunya. Lo haremos en medio de una crisis sanitaria inédita en el último siglo y de una crisis económica y social cuyas dimensiones aún desconocemos. En nuestro caso, se suman a una crisis institucional que llegó a su máxima expresión en octubre de 2017, que no arreglaron las elecciones de diciembre de aquel año y que estuvo a punto de tener un punto de no retorno en el otoño de 2019 con las protestas por las condenas del Tribunal Supremo a los dirigentes independentistas que aceptaron el juicio y la prisión. Todo este camino ha provocado que el mínimo común denominador de la sociedad catalana se haya empequeñecido. Las leyes y las instituciones funcionan mejor cuanto mayor es el común denominador, y la democracia es el método que nos hemos dado en los países civilizados para generar esos consensos básicos. Cuando fallan estos mecanismos, algunos inician el incierto camino de saltarse las leyes que se ha demostrado inútil incluso para sus objetivos. Están pagando por ello, más personalmente que políticamente, de momento. Y otros tienen la tentación de responder con la misma moneda que no es la justicia sino la venganza. Los tribunales ya han hecho lo que tenían que hacer. No hay lugar para ninguna venganza legítima. 

La ponderación en el análisis de lo que aquí ocurre no debe interpretarse como equidistancia. Negar la dimensión política y el perímetro social del malestar que ha catalizado el independentismo es un error grave. Y reconocerlos es simplemente el mismo ejercicio de realismo que se le exige, desde el lado opuesto, para que admita que no tiene la mayoría necesaria. El respeto a la institucionalidad no es una opción sino un requisito. Ese debe ser el punto de partida de cualquier solución. No puede ni debe ser discutible.

Llegados a este punto arrancamos una campaña electoral difícil. Por las circunstancias objetivas, pandemia y crisis económica, y por las peculiaridades de la situación en Catalunya. Todo es objeto de pugna y de polarización, desde la fecha electoral hasta la celebración de los mítines. No es un buen clima para el debate sereno que necesita el ejercicio del derecho al voto. No es exagerado decir que hay un consenso básico: Catalunya no se puede permitir otra legislatura como la que ahora acaba. Quim Torra llegó a 'president' tras una serie de circunstancias que han dañado a la institución muy por encima de sus propias limitaciones personales y políticas. No puede ser que el partido que gana unas elecciones, en aquel caso Ciutadans, ni siquiera intente formar gobierno y ceda el protagonismo político a los jueces. No puede ser que el partido que tiene capacidad de formar mayoría, en aquel caso Junts, pretenda investir un candidato que vive en Bruselas por mucho que defiendan su legitimidad. No puede ser que se acabe invistiendo a un presidente no por su capacidad de liderazgo sino, justamente, por lo contrario. Y que el elegido actúe convencido de que es antes un activista que un cargo de representación. Todo esto no se puede repetir porque no es bueno para nadie, ni para los que ganaron las elecciones ni para los que las perdieron. Una primera reflexión de los votantes girará, pues, en torno al juicio que les merezcan las responsabilidades de los distintos partidos en lo acontecido. Cuando las mayorías absolutas de un solo partido son imposibles, como pasa en casi toda Europa, el voto debe dirimir quién gana en función de su programa, pero también de su capacidad de pacto. 

Los expertos y las encuestas indican que es muy difícil en este momento, sobre todo mientras haya gente en la cárcel, que los votantes cambien masivamente de bloque en un tablero político organizado a partir del debate sobre la independencia. Puede haber intercambios de votos entre partidos del mismo bloque. Y puede haber una abstención repartida de manera desigual. Si hace unos meses, los sondeos indicaban que el independentismo podía superar el 50% de los votos por primera vez a causa de la incomparecencia del voto constitucionalista, la irrupción de Salvador Illa como candidato del PSC podría estar revirtiendo esa tendencia. Ir a votar, un acto difícil a causa de la pandemia, es una de las decisiones de los electores que más van a condicionar el resultado final. 

Pero la participación dependerá en muy buena parte también de las propuestas de los partidos y del nivel del debate durante la campaña. En diciembre de 2017 se impusieron las opciones a la contra. Ciutadans les pareció a muchos votantes la mejor manera de drenar al independentismo. El freno no lo puso la política sino los tribunales. Eso no lleva a una solución duradera. Entre los independentistas se impuso el Junts de Carles Puigdemont que, delegando la presidencia en Torra, insistió en acelerar desde las calles. Esa tampoco es solución. El PSC aspira ahora a sustituir a Ciutadans como líder de este bloque. Basa su propuesta en los gestos del Gobierno de Pedro Sánchez, valientes pero faltos de concreción, y en el talante de Illa forjado en la lucha contra la pandemia. Esquerra aspira a sustituir a Junts al frente del bloque independentista. Lo ha hecho en las elecciones generales y en las municipales, pero no cuando ha confrontado directamente con Puigdemont. Esa es su debilidad. Posiblemente, que unos y otros alcancen sus aspiraciones depende de que en esta campaña, además de decirnos lo que no harán, también propongan a los electores lo que pretenden hacer, sin elixires mágicos, que ya somos adultos. No sería síntoma de debilidad sino de todo lo contrario. 

Catalunya necesita superar esta situación. Para ello debe recuperar lo mejor del catalanismo, el gusto por la excelencia y su carácter inclusivo, y dejar atrás lo peor del populismo, los atajos institucionales y la irresponsabilidad de los líderes. Eso no se conseguirá ni en estas elecciones ni en una legislatura. Se trata de no empeorar. Hay dos escenarios muy negativos: que se repita la fórmula de gobierno débil de los últimos tres años o que se tengan que repetir elecciones. Hay dos aspiraciones ineludibles: un Govern que afronte a la vez la crisis social e institucional y un liderazgo efectivo. Cualquier otra cosa, ese cuanto peor mejor o la subrogación de las soluciones políticas a las decisiones judiciales, se han demostrado dañinas e insoportables con la crisis económica viene. Aún más tras un goteo insufrible de muertes.

La Catalunya que necesitamos no nacerá ni de la derrota por la fuerza de la mitad de los catalanes ni de una supuesta desinflamación. Surgirá de un nuevo pacto que reconozca la alteridad, sea nacional, cultural o ideológica. Un reconocimiento que debe llevar a compartir la reglas de juego y, hasta donde se pueda, los objetivos comunes, sean pocos o muchos, modestos o ambiciosos. A corto plazo, esa senda pasa por algunas estaciones previas. La primera, la renuncia a la unilateralidad. La segunda, un salida legal a los políticos que han aceptado el juicio y que siguen en la cárcel. “Yo creo que, con un poco de entendimiento con la otra parte, se pueden hacer cosas que son legales y que ayudan”, así explica Mariano Rajoy a Antonio Caño por qué aceptó la petición de Rubalcaba de conceder el régimen abierto a José Barrionuevo. La cita puede ser más que oportuna cuando los herederos de Rajoy intervengan en el debate sobre los indultos a los independentistas que llegarán a la mesa de Consejo de Ministros. 

Si se superan estas estaciones faltará afrontar la cuestión de fondo. Henry Kamen la resume así: “[En 1714], unidos políticamente a España, los catalanes se vieron obligados a buscar respuestas en Madrid. Empezaron a contribuir de forma positiva a la invención de España”. 

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