Miembros de mesas electorales de Catalunya se movilizan por el derecho a la salud

Centenares de personas a las que ya se ha comunicado que tiene que ir a una mesa electoral para las elecciones catalanas se están movilizando para enviar una carta al Síndic de Greuges y denunciar que se está vulnerando su derecho a la salud. Además de movilizare a través de twitter, han creado un grupo de Telegram, #NOasermembremesa2021 para organizarse que ya roza el millar de seguidores.

T'ha tocat ser membre d'una mesa electoral el proper 14F? -> Hem obert un canal de Telegram per unir forces i demanar més garanties! Uneix-t'hi aquí -> https://t.co/M6GQQ9gPwZ
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Si no ets membre de mesa, ajuda'ns a fer arribar aquest link amb un RT!

— Ferran Vila (@Ferranvila73) 25 de enero de 2021

Los firmantes de la carta recuerdan que desde el inicio de la pandemia han tenido que cumplir todos las "obligaciones y recomendaciones sanitarias" ordenadas por la Administración, como por ejemplo la distancia social, la mascarilla, el confinamiento o el teletrabajo. Ahora, no obstante, las "80.000 personas" designadas para formar mesas se ven "obligados por la misma Administración Pública a incumplir todas estas directrices".

Los firmantes de la carta lamentan tener que estar "más de 12 horas en un local cerrado" en "plena tercera ola" en contacto con "centenares de personas", con una franja horaria para "recibir positivos" y contactos estrechos a los cuales "la misma Administración" obliga a hacer cuarentena.

Recelan, también, de las medidas de seguridad que propone la Administración, como por ejemplo la distribución de EPI, o del hecho que muchos locales serán los habituales otras contiendas electorales, "pequeños" y "sin la ventilación necesaria".

"Alto riesgo"

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Por todo ello consideran que están ante una situación "de alto riesgo" para su salud y la de sus familias "sin ningún tipo de defensa", y recuerdan que no presentarse a la mesa puede comportar "penas de prisión y multas bastante elevadas".

Ante esto, los firmantes de la misiva opinan que las administraciones públicas infringen su "derecho fundamental" a la salud recogidos en la Constitución Española.