Dos años conviviendo con 35 pisos turísticos en el 'Bloc Tarragona': "Es interminable lo que sufrimos"

Enrique Núñez tiene 83 años y lleva 25 años viviendo de alquiler en el Bloc Tarragona, ubicado en la calle Tarragona, en el Eixample de Barcelona. En los últimos dos años ha visto cómo 35 pisos del bloque se convertían en pisos turísticos y teme que cuando termine su contrato, en julio de 2028, la propiedad no se lo renueve. Es el mismo año en el que, según los planes del gobierno de Jaume Collboni, se acabarán los pisos turísticos en la ciudad. Mientras tanto, continúa la pugna judicial entre la propiedad -que quería convertir el bloque entero en viviendas de uso turístico (HUT)- y el Ayuntamiento de Barcelona. A 31 de marzo de 2025 constan diez sentencias favorables al consistorio y siete contrarias, y tanto el Ayuntamiento como la propiedad han recurrido las sentencias que les son desfavorables.

En declaraciones a la ACN, Enrique denuncia que la convivencia con apartamentos turísticos genera a los vecinos un sufrimiento "interminable" y dice que seguirá luchando "hasta el último momento". Rebeca Pérez, portavoz del Sindicat d'Habitatge de l'Eixample, demanda la renovación de todos los contratos de alquiler que hay ahora en el bloque y exige la revocación de las licencias turísticas.

35 licencias vigentes

De los 120 comunicados de vivienda de uso turístico (HUT) que tenía la propiedad, la inmobiliaria Gallardo, hoy constan 35 comunicados de actividad vigentes, según datos facilitados por el Ayuntamiento de Barcelona a la ACN. Es decir, hay 35 pisos en el bloque que disponen de licencia para operar como piso turístico.

Son los 35 pisos que no pudieron ser revocados porque el consistorio, en las diversas inspecciones realizadas, no pudo demostrar que, entre el momento de la vigencia del comunicado de HUT y los tres meses posteriores, no se había iniciado la actividad turística. En los otros casos sí se produjo la declaración de ineficacia de los comunicados de HUT y se pudieron iniciar los expedientes de revocación porque la vivienda no se destinó al alquiler turístico durante ese plazo de tres meses que marca la Ley de facilitación de la actividad económica.

Así, a estas alturas los vecinos que viven en el bloque tienen que convivir con los turistas que entran y salen del mismo edificio. Mientras que Enrique y su esposa pagan 1.200 euros mensuales de alquiler, pasar una sola noche en uno de los pisos vecinos que operan como piso turístico en el mismo edificio puede costar entre 350 y 750 euros aproximadamente, dependiendo de la temporada. Así se aprecia en uno de los anuncios publicados en la web de Arrivo Apartments, empresa que gestiona pisos turísticos en el bloque.

Una pesadilla: de las obras a las incidencias constantes

En los anuncios se ven pisos reformados y con mobiliario nuevo. Enrique recuerda que las obras para transformar algunos de los pisos del bloque en apartamentos turísticos comenzaron el 8 de enero de 2023, después de las fiestas de Navidad. No recibió ninguna notificación explicándole los cambios en el bloque, sino que principalmente se enteró por el sindicato de la Esquerra del Eixample.

Mientras Barcelona se encontraba en precampaña electoral de las municipales, Enrique y el resto de vecinos sufrieron durante unos siete meses las obras simultáneas en varios pisos. La propiedad había obtenido la autorización para una treintena de licencias de HUT en el bloque y realizó obras para reformarlos. "Era imposible de soportar", comenta.

Una vez finalizadas las obras, hacia finales del verano de 2023, comenzó lo que Enrique describe como una pesadilla. Las incidencias son continuas desde que conviven con una treintena de pisos turísticos. Él tiene uno justo encima, en el piso de arriba, y otro al lado, puerta con puerta en el mismo rellano. Día sí y día no, señala, se encuentran con problemas como ruidos, fiestas u otros incidentes, como que los turistas que se alojan en estos pisos lleguen borrachos de madrugada, toquen otros timbres o vomiten en espacios comunes del edificio, como las escaleras o el tejado. "Un ruido, portazos, gritos... insoportable", relata.

"Lo importante a la hora de intervenir en estos casos es recordar a los vecinos afectados por este tipo de problemáticas que no son casos aislados", dice Rebeca Pérez, portavoz del Sindicat d'Habitatge de l'Eixample.

Negociación abierta

Algunos de los antiguos inquilinos, explica Enrique, han tenido la suerte de encontrar algo y se han ido, una opción que él descarta en estos momentos. "¿Adónde voy con 83 años?", se pregunta. "Si hubiera un mercado libre y asequible, entonces diría, cuando llegue el momento te marchas, o te vas un poco antes", comenta. Ahora, sin embargo, denuncia que la situación es "muy difícil".

Según expone el sindicato, hay abierta una negociación con la propiedad que ha empezado recientemente. Explican que se ha conseguido después de que el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ocupara a finales de febrero la sede de la inmobiliaria Gallardo para exigir la renovación de todos los contratos del Bloc Tarragona. En este sentido, Rebeca Pérez destaca que es "la fuerza colectiva" la que permite "cambiar un poco las tornas".

Enrique aún afronta con incertidumbre los tres años de contrato de alquiler que le quedan, pero no está dispuesto a rendirse. No porque sea una persona mayor, dice, se irá fácilmente. "Yo seguiré luchando igual que el resto de vecinos para conseguir quedarme aquí", asegura.

De una grieta a la lucha en los juzgados

El caso del Bloc Tarragona salió a la luz en la primavera de 2023, en plena precampaña de las elecciones municipales. La entonces teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, explicó que la propiedad del bloque aprovechó una grieta de oportunidad para solicitar las licencias. Fue a raíz de que en 2019 el TSJC anulara por un defecto de forma el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) impulsado por el gobierno de Colau y que limitaba esta tipología de usos. Entonces, dijo Sanz, el Ayuntamiento se vio obligado a tramitar las licencias por orden judicial.

En mayo de 2023, después de conocerse el caso y de que la propiedad hubiera solicitado 120 licencias, Sanz explicó que el Ayuntamiento revocaría, al menos, las licencias de los pisos que aún tenían contratos de alquiler vigentes, como sería el caso de Enrique. La fórmula para hacerlo era aplicar la Ley de facilitación de la actividad económica de la Generalitat y retirar la licencia a los pisos que llevaban tres meses con ella pero que aún no ejercían.

En febrero de 2024 el gobierno municipal, ya liderado por Jaume Collboni, decidió detener la revocación de licencias de pisos turísticos por la vía diseñada por el anterior gobierno después de que la propiedad impugnara los expedientes iniciados en el Bloc Tarragona.

"Estas resoluciones judiciales han sido objeto de recurso de apelación, ya sea por el interesado o por el Ayuntamiento, y en consecuencia, y a la espera de una nueva resolución judicial, no ha modificado la situación legal en la que se encontraban, es decir, son comunicaciones HUT que han perdido su eficacia y, por lo tanto, no disponen de título habilitante", explican fuentes municipales. Las mismas fuentes detallan que a fecha del 31 de marzo de 2025 constan diez sentencias favorables al Ayuntamiento y siete sentencias en contra. Tanto el Ayuntamiento como la inmobiliaria han recurrido las sentencias que les son contrarias.

"El gobierno municipal ve con preocupación la contradicción entre los pronunciamientos judiciales. Hemos recurrido las sentencias desfavorables, como no puede ser de otra manera. Habrá que ver cómo terminan los casos y, por lo tanto, si esta herramienta se consolida como una opción para recuperar pisos turísticos como viviendas habituales", indican desde el consistorio.

Horizonte 2028: la eliminación de los pisos turísticos

Por otro lado, fuentes municipales remarcan a la ACN que el gobierno de Collboni trabaja con el horizonte de 2028 para recuperar los 10.000 pisos turísticos que hoy hay en la ciudad para uso residencial, cuando aseguran que decaerá la vigencia de todas las licencias de pisos turísticos legales que existen actualmente en Barcelona.

El Sindicat d'Habitatge de l'Eixample, sin embargo, no confía en ello y, mientras tanto, se dedica a ayudar a vecinos y organizar bloques enteros como es el caso del Bloc Tarragona. "Nosotros hacemos presión a la administración, pero al final no confiamos en ella, tiene que ser nuestra intervención la que lo garantice", apunta Rebeca Pérez.

"Hay muchas promesas de que se va a hacer una regulación en materia de pisos turísticos y de alquileres de temporada, parece todo fraseología que no se traduce en nada, no se traslada a la práctica", concluye.