El pulso de la gentrificación
Las 'casas Orsola' unen sus fuerzas en un acto en el que afloran nuevas compras de fondos de inversión
La última gentrificación: 23 residentes de un geriátrico de Barcelona tienen que irse por sorpresa antes de fin de mes
El Ayuntamiento de Barcelona quiere "desincentivar" la llegada de más fondos de inversión inmobiliarios gentrificadores

Vecinos afectados por los planes de fondos de inversión, frente a la Casa Orsola. / Manu Mitru


Carles Cols
Carles ColsPeriodista
En vísperas de la fecha en la que estaba previsto el primer desahucio de la Casa Orsola (18 de febrero a las cinco de la madrugada), el Sindicat de Llogateres y vecinos de decenas de fincas amenazados de expulsión de sus hogares porque sus fincas han sido compradas por fondos de inversión se han dado cita en Consell de Cent y Calàbria, desde hace cuatro años esquina simbólica de la lucha contra la gentrificación. Allí está la Casa Orsola, caso resuelto de una forma inesperada, porque el Ayuntamiento de Barcelona finalmente la ha comprado. ¿Ha sido una buena noticia? Según ha recordado el sindicato en el acto convocado, eso solo ha sido la vía de escape que ha encontrado el alcalde Jaume Collboni para “pacificar la situación”, pero en realidad ha tenido el efecto contrario, ha catalizado a los vecinos para que las movilizaciones surgidas alrededor de la Casa Orsola perduren en el tiempo.
“Nos enteramos el pasado jueves de que el día anterior, miércoles, nuestra finca, en la calle Diputació con Roger de Flor, ha sido comprada y que no nos renovarán el contrato de alquiler”. Ha sido la primera intervención de la suerte de coloquio abierto allí, en plena esquina de la Casa Orsola. Esa es la realidad semanal del Eixample. La semana pasada se supo que los residentes del geriátrico de Gran Via 625 tienen que abandonar la finca antes de fin de mes porque el edificio se transformarán en piso de lujo y esta (y solo es lunes) como mínimo se han conocido dos nuevos casos, el citado de Diputació y otro en la calle de Rosselló, justo al lado de la Casa de les Punxes, expuesto por otra vecina. Algunos de los afectados nacieron en los pisos que ahora, con la ley en la mano por parte de los fondos de inversión, tienen que abandonar.

Una vecina de Rosselló, que acaba de saber que su finca también está afectada. / Manu Mitru
El propósito del Sindicat de Llogateres es terminar con lo que ha terminado por conocerse como los ‘desahucios invisibles’, es decir, aquellas ocasiones en las que una familia claudica nada más recibir el temido burofax y prepara la mudanza porque cree que está sola en esa lucha. “Se puede”. Ese es el mensaje de los dirigentes del sindicato, que tiene un condicionante, la fuerza del grupo.
A su manera, Casa Orsola ha significado un punto de inflexión o, como mínimo, el tiempo confirmará que así ha sido. La semana pasada, por ejemplo, en la audiencia pública del distrito del Eixample salió a la palestra en varias intervenciones la crisis de vivienda que sufren los vecinos de la ciudad. La respuesta del concejal del Eixample, Jordi Valls, causó una cierta sorpresa. Explicó que con el anuncio de que en 2028 Barcelona pretende anular todas las licencias de apartamento turístico y con la compra de la Casa Orsola, el gobierno municipal pretende “desincentivar” el aterrizaje de más fondos de inversión en la ciudad. Desde el punto de vista del Sindicat de Llogateres, la mejor manera de desincentivar sería poner fin a los alquileres de temporada, que se han convertido en el nudo gordiano de la gentrificación en la ciudad.
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