El Ayuntamiento de Barcelona quiere "desincentivar" la llegada de más fondos de inversión inmobiliarios gentrificadores

La primera audiencia pública del Eixample posterior a la inesperada resolución del caso de la Casa Orsola ha estado copada en gran parte, cómo no, por la que es la primera preocupación de los barceloneses, según todos los estudios demoscópicos, y ha sido ahí, en la sede del distrito, donde el concejal Jordi Valls ha dicho, sin medias tintas, que el ayuntamiento, con acciones como la compra de ese edificio, quiere “enviar un mensaje” para “desincentivar las inversiones” de determinados fondos que buscan grandes beneficios a coro plazo a costa de gentrificar los barrios.

El mensaje, perfectamente audible en los consejos de administración de esas empresas, tanto extranjeras como locales, se ha enviado con la compra de la Casa Orsola o con el insistente aviso de que el Ayuntamiento de Barcelona pretende que en el 2028 la ciudad quede absolutamente libre de apartamentos turísticos. También, por ejemplo, a través del hecho de que Barcelona sea la única ciudad en la que se aplica el tope de incremento a los alquileres que permite la ley, aunque en este caso admitió el concejal que hay una evidente fuga a través de los alquileres de temporada, que actualmente son la mayoría de cuantos se anuncian en los portales inmobiliarios.

Fueron varias los turnos de intervención en los que se reclamó más celeridad al ayuntamiento y al resto de las administraciones para poner fin a la sangría gentrificadora que, ya en la primera ocasión en que una vecina se acercó al micrófono, quedó crudamente descrito. Hizo hincapié esta vecina en detalles en los que no siempre se repara. Recordó que son demasiados los niños que han tenido que cambiar de escuela porque a la familia le han subido abusivamente el alquiler o directamente les ha llegado el temido burofax de la inmobiliaria para que dejen libre la vivienda a fin de mes. O, en su caso particular, sufrir un aislamiento no deseado, porque sus hijos, ya mayores, han tenido que mudarse a otro municipio y la vida familiar es así más compleja.

160 bloques

La audiencia pública ha coincidido, además, con el último caso de gentrificación que ha saltado a los titulares, el de los 24 residentes de un geriátrico de la Gran Via que el próximo 28 de febrero, como muy tarde, tendrán que mudarse a otro hogar, en muchos casos sin entender muy bien qué sucede. Jaume Artigues, dirigente vecinal de la Dreta de l’Eixample, ha recordado que este no es el primer geriátrico gentrificado en su barrio. Es el tercero. De hecho, las asociaciones de vecinos, al menos la Dreta y la Esquerra de l’Eixample, llevan de un tiempo a esta parte las cuentas del número de fincas adquiridas por fondos de inversión para construir viviendas de lujo o fraccionar los pisos en habitaciones de alquiler. Entre ambos barrios tienen localizados hasta ahora 160 bloques completos que cumplen esa condición.

En este sentido, si el ayuntamiento, como reconoce Valls, pretende no ser una ciudad amigable para determinados fondos de inversión, las asociaciones de vecinos y el Sindicat de Llogateres quieren ser en primera línea a la hora de enviar ese mensaje, porque tienen el convencimiento de que la compra de la. Casa Orsola solo ha sido la consecuencia de la multitudinaria movilización que tuvo lugar en el primer intento de desahucio. La próxima semana, en esa línea, está prevista el lunes una protesta del resto de ‘cases Orsoles’ de la ciudad justo allí donde está la finca protagonista del caso, en la esquina de Calàbria con Consell de Cent, y el 20 de febrero, en el auditorio municipal de Urgell, 145, se celebrará un acto bajo el título ‘Vivienda y especulación en el Eixample’.

Para los convocantes de ese acto, o sea, los cinco barrios del Eixample, el Sindicat de Llogateres y el Sindicat de l’Habitatge de l’Eixample, la pasividad o la lentitud de la política a la hora de dar respuesta al problema de la vivienda es inadmisible. Valls, en respuesta a algunas de las intervenciones habidas en la audiencia pública, recordó que por fin ha impulsado el Gobierno central la extinción de las llamadas ‘golden visa’, creadas en su día por el primer gobierno de Mariano Rajoy para que el sector inmobiliario pudiera vender parte del parque residencial que la crisis dejó sin colocar, a través de la fórmula de ofrecer permisos de residencia a quien las comprara a precios entonces por encima del mercado, una medida que en último término ha contribuido a la gentrificación.

30%

Y, eso era inevitable, ha salido en el mitad de la audiencia pública la controvertida cuestión de la reserva del 30% de vivienda pública en cada promoción nueva o en casos de reforma integral de bloques de vivienda, y que según Valls solo ha reportado 180 pisos en total, y no los miles previstos cuando se aprobó la norma. Para los vecinos, ha habido falta de control a la hora de exigir el cumplimiento de este precepto. Para el Sindicat de Llogateres, la simple existencia de la norma ya ha supuesto un freno para el desembarco de más fondos de inversión en la ciudad, o se, otra suerte de mensaje. Sobre esta cuestión, en cualquier caso, Valls no se mostró tajante a la hora de defender la supresión de la fórmula del 30%, pero sí, dijo, hay que reevaluarla.

Sobre la compra de la Casa Orsola, defendió la compra, pero advirtió de que ese tipo de acciones podrá llevarlas a cabo el ayuntamiento solo en contadas ocasiones. En esta, explicó, pareció oportuno, por la señal enviada. De igual modo, sostuvo que la señal enviada con la aplicación del tope a los alquileres ha sido acertada, pero avisó de que a medio y largo plazo serán necesarias iniciativas legislativas más poderosas y una inevitable colaboración entre el sector público y el privado para construir más viviendas.