El Sindicat de Llogateres se alegra por los vecinos pero califica de "vergonzoso" el remedio de Collboni para la Casa Orsola

El Sindicat de Llogateres, o sea, la organización que catalizó las protestas en contra de los desahucios previstos en la Casa Orsola, ha celebrado con gesto serio que la finca deje de estar en manos del fondo inversor que pretendía echar a los vecinos y convertir sus viviendas en alquileres de temporada. Se ha alegrado el sindicato, por ejemplo, por Josep Torrent, al que una comitiva judicial y probablemente varias furgonetas de antidisturbios tenían previsto visitar el próximo 18 de febrero, pero considera que las formas y, sobre todo, el precio que ha pagado el Ayuntamiento de Barcelona para pasar a ser el nuevo propietario de la Casa Orsola son “una vergüenza” y solo un parche al problema de fondo que aqueja a la ciudad.

Según el portavoz del sindicato, Enric Aragonés, el gobierno municipal les ha orillado totalmente en la búsqueda de una solución. Ni el sindicato ni los vecinos afectados sabían nada del remedio en curso. El enfado, en cualquier caso, no es por culpa de haberse enterado, como se dice en estos casos, por la prensa, sino porque con el acuerdo recompensa económicamente en exceso al fondo inversor (compró por seis millones, dice el sindicato, y vende por más de nueve) y en especial porque nada cambia para el resto de casos similares que hay en la ciudad. La guinda del enfado, según Aragonés, es que el acuerdo lleve la firma de Carme Trilla, una de las defensoras de anular la norma que obliga a reservar un 30% de las promociones inmobiliarias (ya sean de obra nueva o rehabilitación integral) a pisos sociales. Para el sindicato, la simple existencia de esa norma ha frenado la irrupción de más fondos de inversión en la ciudad.

Para Torrent, el inquilino que iba a ser víctima del próximo desahucio, terminan ahora “tres años de sufrimiento”, pero más allá de su tranquilidad personal, tampoco está muy conforme con los modos en los que el ayuntamiento ha tratado de zanjar esta crisis. Nadie del ayuntamiento se ha puesto en contacto con los vecinos en estas semanas, ha lamentado. En su caso particular, no tiene ninguna de duda de que sin el Sindicat de Llogateres el final habría sido otro.

La cuestión es que, lejos de reconciliar al ayuntamiento con el sindicato y viceversa, el caso de la Casa Orsola ha agrandado la grieta que les distancias. Los socialistas, lamentan los miembros de esta organización, tienen en su mano regular el mercado del alquiler y poner fin al ‘todo vale’ de los alquileres de temporada. En barrios como la Esquerra de l’Eixample, tres de cada cuatro anuncios de alquiler de piso lo son de temporada, es decir, con rentas que triplican el de un arrendamiento convencional. La meta final, según Aragonés, debería ser que los pisos solo pudieran ser comprados para vivir en ellos, nunca como fórmula de inversión. A la vista de esta situación, el Sindicat de Llogateres ha convocado a los vecinos del resto de ‘cases Orsola’ de la ciudad, varias decenas, como poco, a una manifestación el próximo 17 de febrero, la víspera de cuando estaba previsto el desahucio de Torrent.