Pleno extraordinario
Órdago de Colau para desencallar el veto comercial del Eixample este viernes
Un informe de Urbanismo pone fecha límite a la aprobación del plan de usos que enfrenta Comuns y PSC
Meritxell M. Pauné
Periodista y jefa de 'Gran Barcelona'
Periodista especializada en información local de Barcelona y Catalunya. Responsable de la sección 'Gran Barcelona' desde septiembre de 2022. Antes, en los diarios TOT Barcelona y La Vanguardia, entre otros. Profesora de Periodismo digital en la UIC tres cursos y puntualmente del máster del Observatori de la Cobertura de Conflictes. Colaboradora en prensa vecinal ('Carrer', 'Cap a peus') tertulias de televisión y radio (betevé, Catalunya Ràdio, Ràdio Estel...), libros de historia local ('Retrats per la memòria', 'Objetivo Venus', 'Josep Maria Huertas Claveria i els barris de Barcelona') e investigaciones académicas (Observatori de la Cobertura de Conflictes, Periodismo UAB).
El pulso entre Comuns y PSC por las restricciones a tiendas y bares del Eixample sigue sin ganador después de la votación cancelada el pasado viernes en el pleno. El partido de la alcaldesa Ada Colau redobla la presión sobre su socio y apuesta ahora por celebrar un pleno extraordinario dedicado únicamente a la aprobación del plan de usos del distrito.
Según ha sabido El Periódico, la alcaldesa ha propuesto a los grupos políticos sentarse de nuevo en la sala de plenos este viernes 3 de febrero a las 11h de la mañana. Debe formalizar la convocatoria con 48 horas de antelación mínima, lo que situaría el anuncio este miércoles a primera hora. No obstante, todas las fuentes consultadas aseguran que no hay aún consenso sobre el veto comercial.
No obstante, el tiempo apremia porque el 13 de marzo se agota automáticamente la suspensión de licencias que el gobierno municipal dictó en 2021 para las calles Consell de Cent, Rocafort, Borrell y Enric Granados. Con la aprobación inicial en marzo de 2022 del plan del Eixample en comisión de gobierno se amplió a todo el distrito durante un año. Dicho de otro modo, los negocios afectados, como restaurantes y supermercados 24 horas, no pueden abrir en la zona afectada mientras dure este veto provisional. El plan de usos tiene el objetivo de fijar qué requisitos deberán cumplir los que quiera abrir a partir de entonces. Si una aprobación demasiado tardía empujara la entrada en vigor más allá del 13 de marzo, se abriría la veda para pedir permisos oportunistas para los tipos de establecimiento que justo Barcelona quiere limitar.
Precedentes: de 14 días a más de dos meses
¿Cuál es la fecha límite para la aprobación, pues? Depende del partido del gobierno al que se pregunte. El departamento de Urbanismo, que impulsa el plan y que dirige la teniente de alcaldía Janet Sanz (BComú), sostiene en un documento interno que la tramitación requiere al menos un mes de margen. “En los planes de usos tramitados en las dos últimas legislaturas se comprueba que el tiempo medio es aproximadamente un mes”, indica el informe, al que ha tenido acceso este diario.
Para respaldar este calendario, lista los 17 planes urbanísticos que ha tramitado el departamento en la era Colau y cuánto tiempo ha necesitado cada uno entre la aprobación y la entrada en vigor. Once de los 17 ejemplos han requerido un mes o más de trámite para entrar en vigor, y de hecho dos de ellos superaron los dos meses de espera al coincidir en periodo estival. Uno de ellos es justamente el plan de usos de Sant Antoni que los comerciantes reclaman abolir al aprobar el de distrito.
En cambio hay 6 que no necesitaron un mes entero, lo que respaldaría la posición de los socialistas, que no avalan la existencia de una fecha límite inmediata y ven más margen para acercar posiciones. Los más veloces son tres planes que tardaron solo 14 días en aplicarse, concretamente para limitar los locales de juegos de azar, los clubs de cannabis y negocios de alimentación y pubs en la Travessera de Dalt. También destacan, por su similitud con el plan del Eixample ahora polémico, los 27 días que necesitaron la limitación comercial vigente en la calle Girona y la que se aplica a toda Ciutat Vella.
En un comunicado, el área de Urbanismo ha estimado incluso que la apertura de veda descontrolada supondría saturar con hasta 200 restaurantes más vías ya pacificadas como la avenida Gaudí o en proceso de estarlo como la Superilla. Solo quedarían en pie las restricciones en la calle Girona y en el barrio de Sant Antoni, fruto de dos planes previos a la moratoria.
ERC se ofrece como salida
El texto que se someta a votación este viernes debería incluir un número consensuado de calles afectadas por la restricción, entre las 11 que pedía el PSC y las 40 que quería BComú. Si no llegarán a un término medio, ambas formaciones tienen sobre la mesa una oferta de ERC: incorporar una Disposició Addicional al plan para evaluar dentro de un año los resultados obtenidos en Sant Antoni. Cuenta con el respaldo de la FAVB y las entidades vecinales del Eixample, que preferirían una restricción firme pero aceptan esta "tercera vía" a fin de resolver el "bloqueo institucional". Para sacar adelante el plan con este retoque bastaría con una abstención del PSC y los 20 votos a favor de BComú y ERC.
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