División en el gobierno municipal

El PSC frena el plan para limitar tiendas y bares en el Eixample

Los socialistas y los 'comuns' se acusan mutuamente de infringir el acuerdo con el que suavizaron las restricciones y dejan la aprobación del plan de usos en el aire

Una valla protege una terraza ante la inminente retirada de la losa de la ronda Sant Antoni

Una valla protege una terraza ante la inminente retirada de la losa de la ronda Sant Antoni / Jordi Cotrina

Jordi Ribalaygue

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El acuerdo que los ‘comuns’ y el PSC anunciaron aún no hace una semana para salvar el reglamento que debía limitar la apertura de restaurantes y otros comercios en el Eixample ha encallado antes de ver la luz. Pese a alardear de haber logrado que el partido de la alcaldesa Ada Colau cediera suavizando las restricciones, los socialistas se han desmarcado por sorpresa justo antes de que el plan de usos se sometiera a votación en la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. La satisfacción que el PSC rezumaba hace tan solo unos días con el redactado final ha mudado este martes en un voto en contra de la norma que había conseguido que se modificara a su gusto. Barcelona en Comú se han mostrado estupefacto y disgustado, y ha asegurado que su socio en el ejecutivo ha cedido a presiones que ha atribuido a ejes comerciales agrupados en Barcelona Oberta.

Antes de la comisión, el PSC se ha destapado con una propuesta imprevista: los socialistas han reclamado excluir el entorno de Sant Antoni y la calle Girona del área en que se estrechan las condiciones para evitar que abran más bares, establecimientos de alimentación con espacio de degustación, locales musicales, súpers de autoservicio y tiendas de conveniencia. El pacto que las dos fuerzas del ejecutivo municipal presentaron juntos la semana pasada distingue entre dos zonas en el Eixample, con diferentes criterios para contener que proliferen aún más comercios que causen ruido y masificación.

Socialistas y 'comuns' se han contradicho antes de la comisión. La tercera teniente de alcalde, la socialista Laia Bonet, ha asegurado que ambos partidos se comprometieron a que los requisitos más estrictos se redujeran "a 11 calles", y que no incluyeran los ámbitos de Sant Antoni y del entorno de Girona. "Pero se extienden a casi 40 calles, no se recoge lo que se acordó. No podemos dar apoyo", ha zanjado Bonet. El PSC ha difundido que 11 entidades comerciales le secundan y se han manifestado en contra del contenido definitivo de la regulación.

En cambio, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha defendido que se convino que tanto Sant Antoni como los alrededores de Girona mantuvieran las limitaciones que ya se les aplica y se ampliaran a más vías. Según Sanz, los socialistas dieron un "giro repentino" a las "24 horas" de presentarse el detalle de la medida a los vecinos. En la votación de esta tarde, los 'comuns' se han quedado solos respaldando el proyecto del plan de usos, al que se han opuesto el PSC, Junts, Cs, PP y Valents. ERC se ha reservado el sentido del voto sobre la cuestión, que se volverá a discutir en el pleno municipal de finales de mes.

Planes propios

Sant Antoni ya cuenta con un plan de usos comerciales propio desde 2018 y la calle Girona, desde 2020. Ambos coinciden en tratar de sofocar la saturación de locales de hostelería, ocio nocturno y colmados abiertos por la noche.

Bonet ha sostenido que la pretensión era que el reglamento del Eixample revocara los dos códigos parciales. "Se dijo que se sustituiría a los dos vigentes y se afectaría solo a 11 calles", ha insistido la socialista. En cambio, los 'comuns' defienden que las restricciones que ya existen en Sant Antoni y el entorno de Girona deben continuar tal cual.

El gobierno municipal anunció mediante una nota hace cinco días que las mismas cortapisas se imitarían en la futura ‘superilla’ del Eixample y otras vías en que se ha reducido el tráfico, incluidas Enric Granados y la avenida Gaudí, repletas de bares y terrazas. Los integrantes del bipartito compartían que, en ciertas calles y dentro de un radio de 50 metros, se prohibiera que se instalasen más de cinco establecimientos de los cinco tipos de comercios regulados. Del mismo modo, se establecía que se impidiera excederse de 18 en 100 metros a la redonda. En cualquier caso, los negocios sujetos a la regla debían estar separados unos de otros por 25 metros como mínimo. En el resto del distrito, toleraban que se concentrasen 20 bares, locales musicales, badulaques y comercios de degustación en un radio de 100 metros.

Aun así, 'comuns' y socialistas se contradijeron en la comparecencia conjunta que protagonizaron el jueves pasado, preludio del desencuentro de este martes. Discreparon sobre el número de calles afectadas y la cantidad de negocios que, aun con las limitaciones, podrían abrir en el Eixample: el PSC los elevó a unos 2.000 y Barcelona en Comú los redujo a unos 1.100.

Las divergencias dejan ahora en el aire si el plan de usos entrará en vigor o acabará siendo abortado. Sanz ha exigido explicaciones a sus aliados en el ejecutivo municipal. “Lo único que sabemos es que hubo un 'lobby' que se activó y que hemos recibido correos de un eje comercial del centro de la ciudad para que los ámbitos de Sant Antoni y de Girona se suprimieran”, ha afirmado la teniente de alcalde, antes de concretar que se refería a agrupaciones asociadas a Barcelona Oberta.

Las negociaciones que se tiendan en los próximos días serán determinantes para resolver la incógnita que ahora planea sobre las restricciones. Sanz no se ha cerrado a revisar de nuevo la norma, en la que los ‘comuns’ ya rebajaron sus intenciones. “Tenemos una semana y media para seguir dialogando, pero en todo caso debe facilitarse la preservación del comercio de proximidad y no incentivar la gentrificación”, ha blandido. El pleno municipal de finales de mes dictará la suerte de la medida, que evidencia una vez más las diferencias que en el seno del gobierno muncipal separan al partido de Colau y el del primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, aún más distanciados si cabe a medida que se acercan las elecciones municipales del 28 de mayo.

Entidades comerciales rechazan extender las restricciones a más de 11 calles

Diversas entidades del comercio barcelonés rechazan el supuesto pacto político entre BComú y el PSC para desencallar el plan de usos del Eixample, al considerar que no cumple con los términos que acordaron previamente de la mano del área municipal de comercio, integrada en la cartera del primer teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni. Las distintas patronales se reunieron la semana pasada con Collboni y la concejala de Comercio, Montse Ballarín, para tratar de flexibilizar los criterios del documento original, que todo el sector consideró en su momento muy restrictivo y generó un alud de alegaciones, informa Patricia Castán.

El socialista trasladó la proposición a la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, y tras lograr el acuerdo lo comunicó a las asociaciones de comerciantes para corroborar su visto bueno, como así fue. La sorpresa llegó, según señalan en Barcelona Oberta, que aglutina a los ejes de tiendas más céntricos y turísticos, cuando supieron que los detalles que dio Sanz poco después no coincidían con lo que habían hablado "y afectaba a más calles de las 11 pactadas".

Tanto esta entidad como otras a título individual se dirigieron por escrito a la responsable de Urbanismo para hacerle saber que las condiciones que aceptaban -en cuanto a limitación de restricciones a 11 calles o zonas, y en cuanto a actividades- no eran las mismas. El grupo municipal del PSC detalla que las entidades que han suscrito por escrito su apoyo al posicionamiento de los socialistas son el Consell De Gremis, Gaudí Shopping, Som Sant Antoni, Pelai Centre, l'Eix Sagrada Família, Diagonal Boulevard, Coreixample, Barcelona Oberta, Foment Comerç, Eix Comercial de Rambla Catalunya i Barcelona Passeig de Gràcia.