Un profesor de un instituto de Salt recurre a la justicia porque cree que lo situaron en último lugar por sus opiniones

Un profesor ha presentado un contencioso contra el Departament d'Educació porque considera que se le discriminó por razón de opinión poniéndolo en el último lugar de la lista del Institut Salvador Espriu de Salt, donde llevaba once años ejerciendo. El afectado apunta directamente al director del centro, con quien había tenido varios encontronazos y que, según dice, le habría advertido que “tomaría medidas” por el “malestar” que le generaban sus intervenciones en el claustro. La dirección lo situó en la última posición y cuando recurrió contra la resolución de las adjudicaciones del curso 23-24, la administración le respondió que “la priorización en la adjudicación viene determinada por el orden en que la dirección haya ordenado las propuestas”.

Los hechos se remontan al curso 2023-2024, cuando en la resolución de adjudicaciones el profesor se quedó fuera del centro, donde había ejercido como docente de física y química durante 11 años consecutivos. La dirección del centro lo habría puesto en última posición y eso comportó que, como solo había dos plazas, se quedara fuera.

El afectado asegura que antes había mantenido varias reuniones con la dirección del centro, a propuesta del director, donde le trasladaron el “malestar” por el contenido de sus intervenciones en las sesiones de claustro. Además, asegura, le comunicó que “tomaría medidas” si, en los próximos claustros, intervenía en la misma línea. “De hecho, durante el curso 2022-2023, el director ya había invitado al profesor a trasladarse a otro instituto donde se aplicaran las propuestas pedagógicas que él mismo había formulado para el centro”, aseguran en un comunicado desde USTEC-STEs, que han asesorado al docente.

El afectado recurrió contra la resolución y cuando la administración le respondió que “la priorización en la adjudicación” estaba determinada por “el orden en que la dirección del centro haya ordenado las propuestas”, emprendió la vía contenciosa. La vista oral está prevista para este martes por la mañana.

Desde el sindicato consideran que comportamientos como este “vulneran gravemente” los derechos de los trabajadores públicos y generan un “clima de miedo y autocensura” dentro de la comunidad educativa. “Un hecho que consideramos del todo inaceptable en un entorno que debe fomentar el pensamiento crítico, el respeto y la pluralidad”, aseguran en el escrito.

Además, exigen la derogación de los decretos de plantillas y de direcciones, que “posibilitan graves vulneraciones de los derechos de los trabajadores públicos ante la arbitrariedad, la coacción o el criterio unilateral de la dirección”.

Fuente: Diari de Girona