La Formación Profesional Dual cumple dos años con una implantación lenta y desigual según los territorios

La Formación Profesional (FP) Dual, que conecta al alumno con la empresa desde el primer año de estudio, cumple dos años en 2026. Sin embargo, su implantación en las empresas está siendo desigual según territorios y sectores, y la pugna de los centros por colocar a sus alumnos es una realidad cotidiana. La ley establece dos tipologías: la general, con entre el 25 % y el 35 % del tiempo en la empresa y alta en la Seguridad Social; y la intensiva, con entre el 35 % y el 50 % de formación en la empresa y contrato de formación en alternancia, siendo esta segunda categoría la que mayores retos está planteando a la aplicación práctica de esta reforma.

“Los centros tienen dificultades para encontrar empresas” es la frase más repetida por los expertos consultados por EFE. Identifican a los Contratos de Formación en Alternancia (CFA), necesarios para acoger alumnos en la modalidad intensiva, que concentra la estancia en la empresa en el último año, como el freno para las pymes, que, junto con las microempresas, representan el 99% del tejido empresarial del país. Este tipo de contratación complica la incorporación de 1,8 millones de alumnos de FP a sus prácticas.

El reto de la modalidad intensiva

El director de Educación y Formación de la CEOE, Juan Carlos Tejada, señala que el problema no está en la cotización del alumno, sino en el plan de trabajo que debe acordarse con el centro, que incluye evaluación y formación en prevención de riesgos laborales. Afirma que cada semana recibe decenas de llamadas de centros que buscan empresas para que su alumnado pueda titular. “Si el joven no hace la estancia en la empresa, no titula. Es el gran perjudicado”, advierte Tejada, quien explica que muchos centros han optado por la modalidad general, con menos horas en empresa que la intensiva y que presenta menos trabas que esta. Así lo reconocía el director del Servicio Público de Empleo Estatal, Gerardo Gutiérrez, en un foro de la Fundación Bertelsmann, donde explicó que la cifra “no está creciendo” y que se firman unos 3.000 contratos de este tipo al mes.

Según la CEOE, la FP intensiva crece en grandes empresas, pero no en pequeñas, lo que genera disonancias y diferentes velocidades entre alumnos. Además, cada comunidad autónoma gestiona las horas de prácticas con fórmulas distintas. La mayoría concentra pocas horas el primer año y más en el segundo, como ocurre en Madrid, con 120 horas el primer curso y más de 300 el segundo. Tejada alerta de que algunas autonomías buscan sustituir la estancia en empresa por formación en el centro, algo que considera de dudosa legalidad.

Una red pública insuficiente

El director de Zona FP y de la Feria La Red Dual, Roberto Cereijo, coincide en que el principal problema no son los costes, sino la carga de trabajo y la burocracia. Las empresas repiten que no tienen personal para tutorizar, ya que la ley exige personal específico tanto en el centro como en la empresa. Además, la matriculación en grandes ciudades crece más que el número de empresas disponibles. Esta situación causa una falta de plazas que también depende del territorio y la rama profesional de la formación. En regiones despobladas, la demanda supera la oferta empresarial, lo que obliga a algunos centros a retrasar titulaciones por falta de prácticas. En la FP pública el problema se acentúa en la rama sanitaria, donde la administración dispone de pocas plazas.

La secretaria de FP en CCOO, Lourdes Núñez, recuerda que estos ciclos requieren una elevada dotación y suponen un alto coste para la red pública. Un informe del sindicato señala que el aumento de la demanda no ha venido acompañado de una expansión equivalente de la red pública ni de una planificación territorial suficiente, lo que ha impulsado significativamente la matrícula privada, especialmente en Madrid, Euskadi y Aragón, donde también resulta más difícil encontrar empresas.

Dificultades entre centros y empresas

El caso del IES Luis Vives, centro de excelencia en Leganés, refleja esta situación. Con 1.480 alumnos y seis familias profesionales, su director, Juan Carlos Morales, afirma que incluso siendo un centro destacado tienen grandes dificultades para colocar a todo su alumnado en empresas. Morales reconoce que la implantación está siendo muy complicada. En Informática, por ejemplo, hay mucha competencia y escasez de estancias; además, las pymes prefieren alumnos de segundo curso, lo que genera cuellos de botella y desorganiza el currículo. Los profesores, añade, empiezan a sentirse agotados por tener que llamar a empresas para que acepten estudiantes de primero.

El profesor Javier Nieto señala que la ampliación de la oferta ha incrementado el alumnado y ha generado “batallas” entre centros y familias profesionales por colocar a los estudiantes. Morales apuesta por la modalidad intensiva, con el primer año en el centro y el segundo completo en la empresa, aunque advierte de que a partir de 2028 las empresas deberán pagar al estudiante una beca equivalente al salario mínimo, lo que podría suponer un obstáculo para pequeños negocios. Carlos y Gonzalo, alumnos de primero de Automoción en modalidad intensiva, consideran que una estancia de un año completo facilita la contratación posterior, objetivo primordial de los estudiantes.

Las soluciones del sector privado

Entre las propuestas empresariales figuran modificar el contrato de formación en alternancia, considerado rígido, y reforzar el papel de organizaciones intermedias como patronales y cámaras de comercio para reducir burocracia. También se plantea financiar la mitad del salario del alumno desde el Estado, conceder ayudas directas a empresas, remunerar a los tutores o establecer sellos de reconocimiento.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) propone un plan de relevo generacional ante la jubilación prevista de cerca de 600.000 autónomos en los próximos años. Por su parte, la Fundación Bertelsmann aboga por permitir una selección consensuada de estudiantes entre centro y empresa. Otras recomendaciones incluyen mejorar la coordinación territorial y aumentar la participación de empresas públicas y organizaciones sin ánimo de lucro.