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Educación

¿Qué hacer con las escuelas concertadas que "no están comprometidas con la diversidad"? El catedrático Antoni Verger responde

El mallorquín Antoni Verger Planells es catedrático de Sociología en la Universtat Autònoma de Barcelona e investigador de ICREA Acadèmia y en la Fundació Bofill. Ha analizado temas como la enseñanza concertada, la rendición de cuentas o los centros de alta complejidad

Antoni Verger es profesor en la Autònoma de Barcelona e investigador de la Fundació Bofill

Antoni Verger es profesor en la Autònoma de Barcelona e investigador de la Fundació Bofill / UAB

Mar Ferragut Rámiz

Palma
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PREGUNTA: En su ponencia de hoy hablará sobre las zonas escolares, pero no ligadas al sistema de admisión y el mapa escolar, sino con otro enfoque, ¿cuál es la idea?

RESPUESTA: Las zonas escolares permiten una gobernanza más compartida. En lugar de que cada escuela actúe por su cuenta, agrupan varios centros (tres, seis o diez, según el contexto) en un territorio con cierta identidad y proyectos comunes. No se trata solo de crear de redes que nazcan del voluntarismo, sino de que haya una nueva institucionalidad que coordine y libere a las escuelas de ciertas cargas. Ayudan a buscar asesoramiento pedagógico arraigado al territorio y soluciones colectivas. En Europa se está recuperando esta idea, porque las escuelas, solas, no pueden hacer frente a la creciente complejidad social y educativa. Necesitan estructuras intermedias de apoyo, con más perfiles educativos no docentes y profesionales que trabajen de forma colaborativa.

¿Qué condiciones son necesarias para que una zona escolar funcione?

Liderazgo compartido, distribución de recursos e implicación de la administración, pero, sobre todo, un cambio cultural: pasar de una lógica individualista a una cooperativa. Que haya consejos educativos de zona, coordinación entre servicios sociales, orientación psicopedagógica y entidades locales. Todo eso multiplica el impacto educativo y mejora la equidad. Este tipo de intervención se ha probado en diferentes lugares: Países Bajos, ciudades inglesas como Manchester, en Portugal durante muchos años... Ahora, en Barcelona se está empezando a pilotar y nosotros estamos acompañando el proceso.

¿La autonomía de centro ha provocado cierto aislamiento?

Sí. En los últimos veinte años, tanto en Baleares como en el contexto español y europeo se ha puesto mucho énfasis en la autonomía de centro y ha sido un gran avance y ha ido muy bien para adaptar los proyectos educativos al contexto y empoderar a los claustros, pero ahora mismo estamos en una realidad muy diferente a la de hace 20 años, con mucha más diversidad social en las aulas, pobreza infantil... Después del COVID han emergido muchos problemas que ya existían pero que ahora están sobre la agenda, como los problemas socioemocionales. No podemos esperar que las escuelas solas lo puedan solucionar. En nombre de la autonomía, se ha sobrecargado a las escuelas de funciones y responsabilidades demasiado grandes como para que las puedan solucionar de forma aislada.Hay situaciones en las que las escuelas necesitan directrices y recursos más centralizados porque son situaciones muy excepcionales. Creo que ahora estamos viviendo una realidad muy diferente a la de hace 20 años, cuando la autonomía se planteaba como una gran solución a todos los problemas.

¿Qué lecciones de Catalunya se podrían trasladar a Baleares en lo que se refiere a autonomía de centros y rendición de cuentas?

Lo primero es lo que hemos dicho que autonomía no debe equivaler a aislamiento, hace falta mucho apoyo, sobre todo en las zonas de más vulnerabilidad: recursos materiales (becas y demás) pero también de personal no docente estable, integrado en el centro y en el territorio (personal de atención psicopedagógica, los técnicos de integración social o educadores sociales...). Sobre rendición de cuentas hemos avanzando con evaluaciones externas y estandarizadas, que pueden ser muy positivas, pero que muchas veces no se traducen en procesos de mejora: no son lo suficientemente formativos o no se explica bien por qué se están haciendo. Incluso algunas comunidades autónomas han tenido la tentación de usar estas evaluaciones para hacer ránkings escolares y promover competición entre centros, lo que genera efectos muy perversos: las escuelas tienden a preparar a los alumnos para la prueba, independientemente de si eso es educación de calidad.

¿Cómo evitar que la rendición de cuentas sea una carga burocrática sin más?

Proponemos que la evaluación tenga un carácter sobre todo formativo. Y lo enlazamos con las zonas educativas: si esta evaluación se hace a nivel de centro individual y también de zona, se podrían generar dinámicas de intercambio para que todos los agentes se comprometan a nivelar el conjunto, sin caer en dinámicas de competición. Sería hablar muy abiertamente: «mira, a esta escuela le está yendo bien la enseñanza de las matemáticas, ¿cómo lo haces tú?». Intentar romper con esa dinámica de la evaluación como algo aislador para que genere cooperación y corresponsabilidad. La digitalización puede ayudar a facilitar los procesos: a veces pasa que la evaluación interrumpe la dinámica del centro durante semanas y luego los resultados llegan tres meses después, cuando los profesores están cerrando el curso y ya despidiéndose de esos alumnos que han sido evaluados. Tendría más sentido recibir esta información de forma más inmediata, con directrices más claras sobre qué va bien y qué se podría mejorar, y vinculándola a la formación permanente del profesorado.

¿Hasta qué punto se parecen los sistemas educativos de Catalunya y Baleares?

La estructura del sistema educativo es muy similar y también el esfuerzo a la hora de acoger más población y población más diversa. El porcentaje de población inmigrante en la enseñanza no universitaria en Baleares está sobre el 19%, muy superior a la media española y similar a Catalunya. Hay retos compartidos. La composición de la escuela concertada es bastante similar, pero lo que he estado viendo es que el esfuerzo que hace la concertada de acoger población recién llegada es superior en Baleares que en Catalunya. A veces se dice que Baleares podría aprender de Catalunya, y hay experiencias que sí valdría la pena, como las zonas escolares, pero hay indicadores que son mejores en el archipiélago. A nivel de resultados, en las pruebas PISA de 2009, que es el primer año con muestra propia por comunidades autónomas, Catalunya tenía un rendimiento educativo más elevado que Baleares, ahora es muy similar o incluso las islas están por encima en algunas competencias.

¿Catalunya ha empeorado o Baleares ha mejorado?

El último PISA fue el de la pandemia y todas las CCAA empeoraron, algo que muchas veces está vinculado no tanto a características del sistema educativo o de la política educativa, sino del tipo de población que se está atendiendo: cada vez hay más pobreza infantil, más diversidad sociolingüística, y eso genera tensiones en el sistema educativo.

Ha investigado sobre los centros de alta complejidad (o de atención preferente), que son aquellos con más alumnado con nivel socioeconómico bajo o con necesidades: ¿Cómo debe la administración ayudar a estos centros?

En primer lugar, debe haber una distribución lo más equitativa posible para evitar centros gueto. Por eso el trabajo en zona y la planificación conjunta pueden ir muy bien. Después, siempre habrá centros con más vulnerabilidad por la distribución urbana y se pueden hacer diversas cosas, como intentar atraer al profesorado más experimentado a este tipo de centros. Hay fórmulas, como los incentivos económicos, pero muchas veces hacen falta incentivos relacionados con la calidad del trabajo que pueden hacer: una ratio más baja, la posibilidad de hacer codocencia, tener garantizado apoyo educativo de profesionales no docente (que no tengan que ir a solicitarlo y lucharlo cada año) y formación adaptada al contexto. Así tendrán más confianza a la hora de enseñar en entornos interculturales y más diversos: en el último informe TALIS llama la atención que los docentes se sienten poco eficaces a la hora gestionar la diversidad socioeconómica y cultural de las aulas. Es muy importante personalizar la formación permanente y que ir a estos centros no se vea como un castigo, sino que haya una cierta especialización de profesorado.

¿Crear unos «cuerpos especiales» de la educación?

Sí, hay profesores que tienen esa motivación prosocial, pero se les debe compensar y que tengan las condiciones aseguradas para hacer su trabajo bien hecho: no solo incentivos económicos, sino garantizarles que no estarán solos.

La gestión de personal es un tema espinoso, ¿cómo plantearlo?

En el sistema educativo catalán ha habido un debate muy polarizado: o la distribución del profesorado es un procedimiento totalmente burocrático centralizado, o debe recaer en las direcciones de los centros. Los sindicatos creen que el decreto de plantillas puede generar nepotismo y dificultar voces críticas en los claustros. Los otros dicen que sistemas tan rígidos y centralizados no permiten crear equipos cohesionados y estables que promuevan innovación educativa. Aquí también la respuesta podría ser la zona educativa: asignar al profesorado no a un centro sino a una zona. Que los directores tengan voz a la hora de elegir qué perfiles de profesional quieren para su proyecto, junto con un responsable de la administración. En otros países hay comisiones tripartitas ayuntamiento-escuela-administración para seleccionar al profesorado. Podríamos pensar en modelos híbridos para limar las reticencias de ambas partes.

Desde la Fundació Bofill han realizado un análisis del sector concertado en Catalunya y concluyen que hay revisar el modelo, ¿por qué?

La concertada es una red muy diversa. El modelo de conciertos educativos en el sistema español parte de la premisa del principio de equivalencia: que la oferta pública y concertada deben ser equivalentes en procesos de admisión, currículum, rendición de cuentas... pero en la práctica esto no está pasando. Lo más relevante es que, sea por falta de financiación o por dinámicas de la propia red, muchas escuelas concertadas cobran cuotas que son una barrera de facto a la admisión de determinados alumnos y esto requiere un cambio regulativo, revisar el modelo de financiación y reconsiderar el concierto con aquellos centros que no quieren cumplir con el principio de gratuidad. Hay escuelas elitistas con concierto que cobran cuotas elevadísimas. La regulación pasaría por acabar de definir mejor qué escuelas privadas merecen o no concierto y cuáles deberían estar haciendo una oferta totalmente privada. También hace falta rendición de cuentas financiera más estricta, más transparencia... Estamos viendo que hay muchas normas y procesos que no aplican a la concertada. Cuando pides datos a la administración, los datos que recogen de la concertada son mucho más limitados. En Catalunya ha habido avances con el decreto de admisiones, hay incentivos económicos a la matriculación del alumnado vulnerable y se ha visto una tendencia de la concertada a asumir su responsabilidad con este alumnado.

¿Sabe si la situación es comparable a la de Baleares?

Si miras la matriculación de alumnado ‘nouvingut’, parece que hay cierta equivalencia entre pública y concertada. Eso no quiere decir que no haya algunos concertados en particular que no estén asumiendo esta responsabilidad. Se debería hacer es un análisis más detallado para ver qué concertadas están comprometidas con la diversidad y cuáles no, y en función de eso tomar las decisiones pertinentes.

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