Informe sobre enseñanza inclusiva

El Síndic reclama eliminar el 70% de plazas en centros de educación especial

Rafael Ribó reivindica al Govern más medios para que los niños con algún tipo de discapacidad puedan integrarse en escuelas ordinarias

Un aula de la escuela de educación especial Montserrat, en Barcelona

Un aula de la escuela de educación especial Montserrat, en Barcelona / Ferran Sendra

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Carlos Márquez Daniel
Carlos Márquez Daniel

Periodista

Especialista en Movilidad, infraestructuras, política municipal, educación, medio ambiente, área metropolitana

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Son varias las leyes y los decretos, amén de que también lo demanda Naciones Unidas, que señalan el camino de la formación de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Pero a pesar de la base legal, todavía existe un cierto abismo entre la teoría y la práctica, entre la enseñanza en centros diferenciados y su integración efectiva en la red ordinaria de enseñanza. Al menos eso es lo que opina el Síndic de Greuges, que ha puesto el asunto sobre la mesa este martes con la presentación de un informe que hace sonrojar al sistema y que marca el camino a seguir en un mundo ideal. Rafael Ribó ha instado a reducir en un 70% las plazas en estas escuelas especiales de manera que los chavales con algún tipo de discapacidad se incorporen a los coles públicos y concertados.

Hay, sin embargo, varios tropezones por sortear que el propio defensor del pueblo de Catalunya se ha encargado de desglosar. Primero está el previsible, el de los recursos, el de la escasez de presupuesto para personal de apoyo en las aulas. Ribó admite una franca mejora en los últimos 10 años, década en la que, por ejemplo, se ha doblado el número de horas de personal auxiliar de apoyo en los centros públicos y concertados. Pero eso no ha achicado el número de alumnos en centros especiales, todo lo contrario, puesto que el curso pasado se alcanzó la cifra más alta hasta la fecha, con 7.818, por 29.028 estudiantes con necesidades especiales que sí están en escuelas ordinarias. Para comparar, en 2010 eran 6.369 y 18.407.

Actividades vetadas

El crecimiento de alumnos en centros especiales, que parece contradictorio si se tiene en cuenta el despliegue del decreto a partir de 2017, se explica también por una mejora en su detección en edades infantiles y también por una ampliación, a partir del curso 2016-2017, de las categorías establecidas para el reconocimiento de la necesidades educativas especiales. El Síndic constata una "insuficiencia de recursos destinados a hacer posible el nuevo modelo de educación inclusiva", tanto en la dotación de personal especializado como por la atención que ya se dispensa en los centros ordinarios, con familias que denuncian que sus hijos tienen limitada la participación en muchas actividades o que incluso se ven obligados a reducir su jornada lectiva en el cole porque no hay suficientes herramientas que les permitan vivir la experiencia educativa con normalidad y estabilidad.

Inicio de curso en una clase de la escuela pública CEIP Castella

/ Manu Mitru

Otro escollo por resolver es la reticencia de muchas familias a la hora de inscribir a sus hijos en un colegio de la red pública o concertada. Es necesario, reclama Ribó, "un cambio cultural" que también incluya al profesorado, pues todavía son muchos los que no ven las bondades del plan. Para ellos, el Síndic pide un "programa de formación para que todos los actores puedan compartir el marco teórico y las prácticas asociadas al modelo de escuela inclusiva". "Una parte importante del profesorado -reza el informe de la Sindicatura- todavía considera que la educación inclusiva afecta solo al alumnado con necesidades educativas especiales, y que la atención de estos estudiantes es responsabilidad principal del personal de apoyo". Muchos docentes creen que se les debe recibir "sin necesidad de modificar la misma práctica profesional y la dinámica de funcionamiento del aula". Es decir, cambiar el sistema pero sin que nada cambie.

Sin cierres

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Sobre el cierre del 70% de plazas en centros especiales, solicita un "plan general de cierre y transformación", pero no para que estas escuelas bajen la persiana, sino para que puedan "convertirse en recursos de última ratio y de apoyo intensivo y que pasen a ser proveedores de servicios para la escuela ordinaria".

Este informe se enmarca dentro de pacto contra la segregación escolar impulsado por el Síndic a principios de 2019 y firmado por el Govern y numerosas entidades sociales. Uno de los puntos previstos en este acuerdo es precisamente el de crear una comisión de estudio específica para identificar buenas prácticas para combatir la segregación escolar en distintos ámbitos, entre ellos, el de la educación inclusiva.