La desigualdad social asoma tras el absentismo escolar

No es lo mismo saber de las muertes por covid-19 por la televisión que por teléfono. No es lo mismo una familia de cinco miembros en 80 metros cuadrados que un clan de 17 que incluye a cuatro generaciones en un piso de 60. No es lo mismo tener todos los suministros al día que vivir ocupando sin garantías de gas, luz o agua. No es lo mismo ir al colegio entre la ilusión y un cierto nerviosismo que volver al cole con todo ese poso social de vulnerabilidad en la cartera. Así se explica, amén de los oportunismos, los que lo hacen por motivos puramente sanitarios o ideológicos o los que tienen un crío con la salud delicada, el absentismo que se está produciendo estos días en la educación. Y a la vista del incremento gradual de centros con grupos burbuja confinados, no va a ser un situación fácil de solucionar.

Todos los ojos se dirigen hacia la comunidad gitana porque ha trascendido que en algunas escuelas, muchos padres de esta etnia han optado por no llevar a los niños al cole. Betevé daba cuenta del caso de un instituto-escuela de la Mina al que el pasado lunes, día del estreno del curso 2020-2021, solo habían acudido el 20% de los estudiantes. Las familias pusieron como pretexto que no hay suficientes garantías ante la pandemia. Con la ley en la mano están cometiendo un delito, puesto que la educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años. Pero esa opción, la de la irrupción de Fiscalía para obligar a que esos niños vayan a clase, no se contempla por ahora. El Departament d'Educació apuesta por la pedagogía, por intentar convencerles de que es mucho peor dejarlos en casa privándoles del derecho universal a la enseñanza. Juanjo Falcó, director general de Atenció a la Família i Comunitat Educativa, explica a este diario que el presupuesto destinado a la figura del promotor escolar ha pasado de 125.000 a 750.000 euros, con lo que se pasará de 9 a 23 profesionales destinados a mantener viva y constante la relación entre el entorno educativo y las familias que más pueden sufrir los efectos de la segregación escolar. Es una de las medidas del plan de mejora de oportunidades educativas, musculado por la 'conselleria', entre otras cosas, para combatir el absentismo. Cuenta, respecto al pueblo gitano, que la estrategia es llegar a ellos a través de intermediarios, gente cercana, que sean referentes. En definitiva, personas que convenzan.

En general, frágiles

María Rubia es presidenta de la asociación intercultural Nakeramos y forma parte de la junta de la Unión Romaní. "Lo que pasa es que por desgracia el coronavirus ha tenido graves consecuencias dentro de la comunidad gitana. Viven hasta cuatro generaciones juntas, muchas veces no tienen acceso a los servicios básicos y además, según la Unión Europea, vivimos menos años y tenemos peor salud". Eso ha derivado en miedo y desconfianza. Y según insiste María, "en prevención". Se suma el hecho de que muchos tienen un primo o un tío o un conocido que ha muerto por covid-19. No ayuda, explica, que dos semanas atrás falleciera por coronavirus un gitano de 40 años sin patologías previas que era muy conocido en Nou Barris y Sant Adrià. 

Hay familias que aún mantienen el confinamiento porque no se fían del entorno que no controlan

En resumen, y a tenor de lo expuesto por María, la cosa parece ir menos de absentismo escolar, aunque también, y más de vulnerabilidad en general. Y en mayúsculas. Hay familias, sostiene, que siguen confinadas en casa con un solo miembro que sale para hacer la compra. Es decir, no han pasado ni por las fases y mantienen una suerte de autocuarentena que por ahora no piensan romper. Para evitarse problemas, y a través de la recientemente creada Plataforma Nacional por el Derecho Gitano, han presentado un papel en el que, apelando a dos artículos del Código Civil (154) y la Constitución Española (43), anteponen la integridad de sus hijos a la formación que les brinda la escuela. Ese papel, sin embargo, no tiene validez alguna, a pesar de que a ellos se les ha dicho lo contrario. Los colegios se limitan a recoger el papel y mandarlo a los inspectores de Educació, mientras los promotores escolares tratan de hacerles entrar en razón. Por ahora, sin demasiada suerte. Esta entidad gitana está liderada por un Guardia Civil, Antonio Martin, que inunda las redes sociales de noticias sobre la afectación del virus en los colegios y no tiene reparos en afirmar que en España ya han cerrado 200 escuelas cuando en realidad son grupos estables confinados. 

María admite el problema pero no acepta ni la estigmatización ni que se generalice. "Es una decisión familiar y personal, y no hay una voz que les dice a todos lo que tienen que hacer. Muchos sí han llevado convencidos a los niños al cole y eso no ha generado ningún conflicto". Falcó o confirma: este miércoles más que el lunes, y quizás menos que mañana.