El curso escolar arranca con inquietud sobre la protección de datos

No hay mayor regreso a la rutina que la apertura del curso escolar. Y no solo para los padres, los alumnos y la comunidad educativa, también para la sociedad en general. Porque ciudades y pueblos recuperan el pulso, la movilidad vuelve a dispararse y regresan viejos y se generan nuevos debates en torno a la formación de las futuras generaciones. En estos tiempos modernos ha aflorado una inquietud vinculada al uso de la tecnología: la protección de datos de los menores cuando se pone a su alcance programas que pueden convertir su identidad en un bien comercial digital. O lo que es lo mismo, el blindaje de los alumnos cuando usan internet.

El Consell Escolar ya advertía hace un par de días sobre la necesidad de tutelar a los chavales cuando se les pone a trabajar en entornos online. La controversia tiene mucho que ver con la presunta privatización de la educación pública que los sindicatos llevan tiempo denunciando. Por un lado está la revolución pedagógica, que a ojos de los críticos ha quedado sobremanera en manos de entes privados, y por el otro están los programas informáticos, propiedad de multinacionales como Google o Microsoft, que ya han desembarcado en la escuela catalana ofreciendo sus servicios tanto a los alumnos como a los profesores. 

Simona Levi, portavoz de la plataforma de madres y padres que trabajan para advertir sobre los riesgos de estas aplicaciones y activista por los ciberderechos, asegura que "más de la mitad de centros públicos" ya están usando los aplicativos de Google. "Esa es la conclusión a la que llegamos tras habernos reunido varias veces con responsables de Educació". Argumenta que desde que han iniciado su campaña de alerta, muchos directores de escuela y familias se han puesto en contacto con ellos "porque no eran conscientes del riesgo que se corre". "El tema no es que compartan tus datos con otras empresas, que se supone que no sucederá, sino que estén al alcance del resto de compañías que están bajo el paraguas de Google", como por ejemplo, YouTube.  

Sin convenio

El conseller Josep Bargallóconseller  negó hace un par de días que el Departament d’Educació tenga convenio alguno con empresas tecnológicas para que suministren sus productos a la red de escuelas públicas, unas 3.800. En cualquier caso, cada centro, tal y como dicta la normativa, tiene la potestad de decidir qué herramientas pone a disposición de su comunidad educativa. La Agencia Española de Protección de Datos tiene en su página web un protocolo con recomendaciones específicas para las escuelas.

Sin embargo, tal y como denuncia Levi, la propia web del departament invita a recurrir a los servicios de Google Suitedepartament. "Nosotros tenemos un plan que incluye otras dos opciones (Moodle es una de ellas) que nada tienen que ver con Google y que no suponen un riesgo jurídico para los docentes". Esta propuesta, sin embargo, requiere "de un par o tres de meses de trabajo para que el software pueda estar a disposición de los centros y sin ningún tipo de conflicto a nivel de protección de datos". "El problema -prosigue esta experta- es que Google, además de ser "promocionado por el Govern", según denuncia, se lo da todo masticado a las escuelas, pero no las advierte de los peligros que corren". "¿Qué pasa si un alumno hace correr una foto delicada a través del Gmail escolar y termina en una web de Ucrania?". Por eso les sorprende que en una reciente circular enviada a los directores se siga recomendando el uso de esta empresa y de otro programa vinculado a Microsoft. En ese mismo documento, sin embargo, se incluyen una larga lista de recomendaciones y limitaciones sobre el uso, por ejemplo, de las redes sociales.  

 El Consell Escolar, en su reciente dictamen sobre el uso de dispositivos móviles en el aula, estima que cada colegio debe disponer de un código ético "para impulsar un uso educativo de los datos de los alumnos", así como de un docente que ejerza de "referente de protección de datos, que entienda los problemas que puede tener el centro escolar" y que sea capaz de "realizar una intervención rápida con el alumnado". En ese mismo documento, que incluye una encuesta realizada a un millar de escuelas, queda claro el sentir de los equipos directivos: el 80% considera necesaria una directriz sobre el uso del teléfono, lo que podría traer asida una única manera de proteger la identidad de los menores.

Informar en casa

Por si hubiera dudas, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), dependiente del Ministerio de Educación, dice lo siguiente: "Deben utilizarse únicamente aquellas aplicaciones que ofrezcan información claramente definida sobre los tratamientos efectuados, las finalidades de los mismos y sus responsables, así como sobre la ubicación de los datos, el periodo de retención, y las garantías con relación a su seguridad". Amén de "informar a los padres del comienzo de la utilización de la tecnología en las aulas, así como las apps que traten datos personales de los alumnos y su funcionalidad". Por eso Levi recomiendo no firmar el permiso de Google, o en caso de hacerlo, incluir una cláusula que deje claro que el uso de los datos es provisional.