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TÍTULOS EN EL ALERO

El Parlament aprueba por fin aplazar la exigencia de inglés para los universitarios

El Parlament da luz verde a la reforma por la que la exigencia del certificado B2 se cumplirá dentro de cuatro años

El Periódico

Exámenes de selectividad en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

Exámenes de selectividad en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. / JOAN CORTADELLAS

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves la moratoria, anunciada por la Generalitat hace ahora un año, por la que los estudiantes universitarios dispondrán de cuatro años más de tiempo para presentar un certificado B-2 de conocimiento de una lengua extranjera. El retraso del Parlament a la hora de aprobar esta moratoria había dejado cientos de títulos universitarios en el alero.

Según estimaciones hechas por la Conselleria d'Empresa i Coneixement a finales del curso pasado, un 25% de los alumnos que se gradúan este año no tendrían el nivel de inglés requerido. Como en Catalunya se están graduando en los últimos años una media de 30.000 universitarios en cada promoción, por lo que los afectados vendrían a ser unos 7.500 estudiantes.

Los estudiantes, que habían presionado los últimos meses para que se aprobara de una vez por todas la moratoria prometida, habían denunciando que "alguna universidad, en concreto la Pompeu Fabra, había comunicado ya a sus alumnos que iba a aplicar la exigencia del certificado de inglés", según denunció el pasado enero Pau Parals, presidente del Consell de l’Estudiantat Universitari de Catalunya (Ceucat). En un comunicado enviado a principios de curso a sus alumnos, la UPF alegó que, como la legalidad vigente todavía no había sido modificada, "la universidad mantenía el requisito [del inglés], que los estudiantes conocían", cuando se matricularon. 

Medidas de apoyo

La moratoria, que ha sido aprobada por unanimidad y tramitada por lectura única, se ha aprobado de hecho en el primer pleno ordinario que celebra el Parlament desde el pasado octubre. En concreto, el texto aprobado modifica el artículo 211 de la ley de acompañamiento'de los Presupuestos de la Generalitat del 2014 referido a la "acreditación de los conocimientos de una tercera lengua".

Con esta aprobación, se modifica la exigencia de acreditar el nivel B-2 al finalizar los estudios de grado para que empiece a aplicarse a los estudiantes que han iniciado la carrera universitaria este curso 2018-2019, en lugar de los del curso 2014-2015 como estaba vigente hasta ahora.

La diputada del PSC Alícia Romero ha pedido que el nuevo Govern se preocupe "de que los estudiantes puedan alcanzar el nivel de conocimiento de la tercera lengua en condiciones de igualdad, para que no haya que aprobar una nueva moratoria de aquí a cuatro años".

Romero ha advertido que "el origen socioeconómico del estudiante afecta" al nivel de exigencia de la tercera lengua "porque vemos que las familias que pueden pagar escuelas concertadas o enviar a sus hijos al extranjero tienen muchas más posibilidades que las otras", lo que implica que hay una educación "a dos velocidades".

La misma diputada socialista ha recordado que es el Consell Interuniversitari de Catalunya quien pidió la moratoria porque la gran mayoría de estudiantes están finalizando los estudios de grado sin poder acreditar el nivel B-2 de una lengua extranjera.

Enmiendas

Al defender las enmiendas presentadas, la diputada de JxCat Gemma Geis, ha reconocido que lo ocurrido con la exigencia del nivel B-2 es algo parecido a lo que ya pasó al ser aprobado el plan Bolonia que unificó los estudios universitarios en el ámbito europeo pero que supuso un encarecimiento de los mismos.

"Se han aprobado exigencias sin prever los recursos suficientes y esto también lo vemos en los precios de los másters mucho más elevados que los estudios de grado", ha añadido esta misma diputada.

Desde ERC, Gemma Espigares ha sido la única oradora que ha defendido la gestión del anterior Govern y ha minimizado las cifras de estudiantes que no han llegado al nivel B2, si bien ha admitido que "hacen falta más recursos".

Para posicionarse sobre la moratoria, el diputado de Ciudadanos Jorge Soler, ha querido dejar claro que "no son los alumnos los que tienen la culpa" de lo ocurrido, sino que el Govern cometió errores como los de "poner una fecha, poner un indicador -el nivel B-2-, y no hacer todo lo que había que hacer para alcanzar el nivel".

Por parte de 'los comunes', Xavier Domènech, ha considerado que "más que una moratoria es un fracaso que no puede atribuirse a los estudiantes" porque "la educación debe ser un derecho y no un privilegio, y las universidades catalanas tienen tasas desorbitadas".

Domènech ha culpado de este fracaso a "los gobiernos de los 'Esade boys' encabezados por el expresidente Artur Mas y el exconseller Andreu Mas-Colell, que contaban con el asesoramiento de la ahora diputada de JxCat Elsa Artadi, a la hora de recortar 140 millones de euros la financiación de las universidades públicas".

Desde la CUP, Carles Riera ha explicado que su formación "desde dentro y fuera del Parlament seguiremos luchando por la reducción de un 30% de las tasas universitarias" y "para que no haya discriminaciones".

Andrea Levy, del PPC, ha apuntado que "es evidente que, entre las prioridades de los anteriores gobiernos catalanes, no figuraban los estudiantes universitarios", y ha coincidido con Domènech en que la moratoria implica "el reconocimiento de un fracaso".