Impacto del Caso Cifuentes
Funcionarios de la Universidad Rey Juan Carlos esperan un "descenso brutal" en sus ingresos por másteres
Trece millones de euros de su presupuesto dependen de cursos de posgrado, títulos propios y convenios con centros concertados
Tras un mes de nervios en el claustro, protestas estudiantiles en los campus e ir y venir de cámaras de televisión por el rectorado, reina en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) una calma solo aparente, a la espera del golpe que se le aproxima en las matrículas de máster.
Un tramo de 13 de los 154 millones de presupuesto de la segunda universidad con más alumnos de Madrid (45.200) recibirá el impacto del 'caso Cifuentes'. Por matrículas de másteres, la universidad proyectó ingresar seis millones de euros este año; por la expedición de títulos propios, 1,3 millones; y otros seis por su relación con centros adscritos.
El que sufrirán esas cuentas "puede ser un descenso brutal", calculan funcionarios veteranos del área administrativa del campus de Móstoles. En su pesimismo influye un mal síntoma: la California State University, el avanzado centro que fundó en Los Ángeles Bill Clinton, no quiere renovar el convenio de colaboración que negoció en el verano del 2017 con la URJC, relatan estas fuentes y confirman otras fuentes académicas.
"Que se vayan ellos"
El próximo 3 de mayo se acaba el plazo de preinscripción en los másteres presenciales, y el rector Javier Ramos y su equipo de Gobierno podrán hacer una primera valoración de daños.
Estos pueden alcanzar también al capítulo de matrículas de grado en primer ciclo, pues los jóvenes estudiantes que pasarán el examen de Selectividad en la Comunidad de Madrid los próximos 5, 6 y 7 de junio tendrán todo el mes para cambiar de universidad si pensaban ir a la Rey Juan Carlos.
Todos los profesores consultados descartan que se vaya a producir un numeroso traslado de expedientes de estudiantes de segundo ciclo. Y lo corrobora uno de ellos, Fran Molina, alumno de un triple grado de Filosofía, Economía y Ciencia Política: "Tenemos claro que no nos vamos a ir de nuestra universidad; en todo caso deben irse otros", asegura en referencia a los profesores implicados en el escándalo del máster de Cifuentes. Molina forma parte de la asociación estudiantil Res Publica, una de las que llevó el caso a la Fiscalía.
"No nos vamos a ir de nuestra universidad", asegura el estudiante Fran Molina
Su compañero Aníbal Valverde, que cursa Políticas y Economía y es miembro de otra asociación denunciante, Concejo de Estudiantes, descarta también que se vaya a producir una estampida en los cursos oficiales: "La imagen de la URJC ha quedado dañada por un entramado de personas favorecido por el actual modelo de universidad -opina-. Pero no creo que quede en entredicho la calidad de los grados. El trabajo de alumnos, profesores y personal de servicio es suficiente carta de presentación".
Malas notas
Sin embargo, la universidad pública que los expresidentes madrileños Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre edificaron y consolidaron como baluarte liberal y refugio de figuras del PP en plena periferia obrera madrileña no brilla en los ránkings.
En el listado web que publica el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la URJC ocupa el 33º puesto español y el 821º mundial. En el ránking de la Fundación BBVA-Ivie se sitúan en el séptimo de once escalones, con 37 universidades por encima. Para la Fundación Everis, la URJC no es digna de figurar entre los diez primeros puestos de su clasificación española por empleabilidad de los titulados.
No son buenos resultados para un centro cuyo modelo de captación de ingresos extra (más allá de los 57 millones que obtiene con las matrículas de enseñanzas oficiales y la subvención de 86 millones del Gobierno madrileño) se basa en la venta de títulos y cursos pegados a la demanda. La URJC 'vende' 92 másteres. Lidera ese filón comercial el área de Ciencias Jurídicas (la del máster de Cifuentes), con 46 másteres presenciales y 14 'online', contra nueve de Ciencias de la Salud, diez de Ingeniería y Arquitectura, cuatro de Ciencias, y ocho de Artes y Humanidades.
Cesados
En esa área de negocio, el curso "será muy difícil. A ver si a medio plazo conseguimos rehacernos con medidas claras", suspira un profesor miembro del Instituto de Derecho Público, la covachuela que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde hasta su suspensión, el pasado 13 de abril.
No es el único caído por el caso Cifuentes. Por toda la sede cúbica del rectorado de la URJC, de modernísima arquitectura, descendió el pasado viernes 20 como una catarata la noticia de que cesaban al director de seguridad. La razón, el robo del ordenador portátil de la secretaria general, Pilar Charro. A las ocho de la mañana del 21 de marzo, el mismo día en que se publicaron las primeras noticias del 'caso Cifuentes', Charro no halló el aparato en su despacho. El suyo no es un ordenador cualquiera: Charro redacta y custodia muchas actas de la universidad.
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