Las familias ven insuficiente la reforma de las becas de comedor

Cada vez más sociales y también cada vez más politizadas, las becas de comedor vuelven a experimentar cambios este curso 2016-2017, después de que el Parlament de Catalunya, de acuerdo con lo aprobado en el pleno de la pobreza, impusiera a la Conselleria d’Ensenyament una modificación en los baremos de concesión de las ayudas, fijados tan solo dos años antes. Desde este curso, pues, para acceder a una ayuda alimentaria escolar en Catalunya las familias tienen que acreditar que sus ingresos no superan el umbral de riesgo de pobreza, en lugar del indicador de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), que era el utilizado hasta ahora.

Este criterio, aplicado desde el curso 2014-2015, había sido muy discutido por oenegés, entidades sociales dedicadas a la infancia, profesionales del sector y familias de alumnos, agrupados en la plataforma DIAE (Drets de la Infància en l'Àmbit Educatiu). Según los cálculos de esta entidad, tal y como estaban concebidas las becas de comedor no cubrían las necesidades del 28% de los menores que se encontraban bajo el umbral de pobreza.

Ensenyament ha conseguido que la Conselleria d’Economia le reserve 12,5 millones de euros extras para este concepto, un importe que la DIAE estima que permitirá cubrir las necesidades de entre 15.000 y 20.000 alumnos adicionales. No es ni mucho menos, afirman, lo que realmente se necesita. “Se van a quedar cortos. Ya sabemos que en este tema somos quizás repetitivos, pero es que las cosas no cambian o no cambian cómo deberían hacerlo”, lamenta Montse Conejo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Catalunya (Fapac), miembro de la plataforma.

DE 48 MILLONES A 53

El curso pasado se concedieron 80.000 becas de comedor por parte de la Generalitat, que destinó a tal efecto 53 millones de euros. Empezó con 48 millones y, a lo largo del curso fue añadiendo recursos en función de la necesidad. A ese importe se sumaron, en el caso de Barcelona, dos partidas extraordinarias habilitadas por el ayuntamiento, de 2,8 millones y de 5 millones, respectivamente.

El pleno de la pobreza del pasado marzo se comprometió a garantizar, además de que las familias que viven bajo el umbral de la pobreza reciben las becas, que se les asegure el acceso a alimentos de alumnos de secundaria que no tienen comedor porque el centro hace jornada intensiva, que se asegure la alimentación en periodos no lectivos de los alumnos que la requieran, informar ya desde el 1 de septiembre a los beneficiarios de que lo son (en los últimos años se han confirmado la mayoría de becas con el curso empezado, con los problemas que eso conlleva) y garantizar los recursos necesarios para becas a ayuntamientos y consejos comarcales.

LA SOLUCIÓN MÁS VIABLE

“¿Son las becas comedor la única manera de enfocar el problema de la alimentación infantil? No, pero es la única vía que genera aportaciones claras y hasta cierto punto cuantificables. Otras vías alternativas no dan la misma claridad en recursos invertidos ni en menores beneficiados”, señala el colectivo DIAE en un manifiesto.

La entidad denuncia, asimismo, lo que denomina el "agujero negro de secundaria". “Un 91% de los institutos que realizan la jornada intensiva no tienen servicio de comedor y no se espera cambiar la situación”, lamenta, y recuerda que el cierre de estos comedores escolares ha obligado a derivar a menores vulnerables a comedores sociales, a veces compartidos con adultos. Por eso, exigen la garantía de que las becas comedor sean del 100% de la comida para todos los alumnos que viven en hogares bajo el índice de pobreza. Y que se agilice la burocracia en la atención a las personas. "Las familias desfavorecidas necesitan recursos, no ahogarse en papeles", claman.