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Una cortina de humo sobre la LOMCE

Los últimos cambios introducidos por el ministro de Educación no modifican el núcleo duro de la 'ley Wert'

Las reválidas siguen siendo obligatorias para tener el título y se mantiene la separación de alumnos en cuarto de ESO

Maria Jesús Ibáñez

El ministro Íñigo Méndez de Vigo saluda a la entonces ’consellera’ de Ensenyament, Irene Rigau, en la primera y de momento única reunión de la Conferencia Sectorial de Educación que ha convocado, el pasado 13 de agosto.

El ministro Íñigo Méndez de Vigo saluda a la entonces ’consellera’ de Ensenyament, Irene Rigau, en la primera y de momento única reunión de la Conferencia Sectorial de Educación que ha convocado, el pasado 13 de agosto. / AGUSTÍN CATALÁN

Con gestos más suaves y una mano derecha bastante más diestra que la de su antecesor (el siempre controvertido José Ignacio Wert), el actual ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha realizado en las últimas semanas un par de anuncios que han llevado a pensar en que quizás, solo quizás, se esté desballestando el núcleo duro de la LOMCE. Méndez ha convocado para este viernes a las comunidades autónomas para explicarles cuál va a ser su papel en la elaboración de las reválidas de final de secundaria y bachillerato, dos de las piedras angulares de la reforma educativa impuesta por el Gobierno del PP.

Los anteproyectos conocidos en el último mes ceden a las autonomías el diseño de las preguntas que tendrán que responder los estudiantes en cada una de esas pruebas externas. Una rectificación en toda regla, si se tiene en cuenta que, en las primeras versiones del decreto de reválidas que había preparado Wert, se hablaba de unos exámenes tipo test de 350 preguntas confeccionados íntegramente desde el ministerio. “En cierto modo, el Gobierno está dando a entender que quienes nos oponíamos a su sistema de evaluaciones teníamos parte de razón, aunque siguen siendo medidas insuficientes”, valoraba hace unos días Meritxell Ruiz, ‘consellera’ de Ensenyament.

¿Significa el giro ministerial que el PP está dando su brazo a torcer? ¿Qué queda de aquella declaración de intenciones de "españolizar a los estudiantes catalanes" y de acabar con una España con 17 sistemas educativos distintos? ¿Realmente se está diluyendo la LOMCE? “No olvidemos que la posición política del PP en estos momentos no es en absoluto cómoda y eso explicaría los últimos cambios”, apunta Montse Milán, exsecretaria de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO. Por una parte, los populares han perdido, desde las elecciones autonómicas de hace un año, la aplastante mayoría territorial que habían tenido en la etapa de Wert, cuando las comunidades gobernadas por el PP aprobaban todos y cada uno de los decretos de despliegue de la LOMCE sin rechistar.

Ahora, las cosas han cambiado y son más las comunidades (que son, en definitiva, las que tienen que aplicar la nueva ley) contrarias a la reforma que las partidarias. Por otra parte, a puertas de unas nuevas elecciones generales, cualquier gesto a favor del diálogo en torno a una de las leyes más discutidas de la pasada legislatura no deja de tener cierto tufo a precampaña.

TEMARIOS CONTROLADOS POR EL ESTADO

Ni Méndez de Vigo ha corregido el rumbo de la LOMCE, ni esta ha perdido el espíritu recentralizador y homogeneizador con que fue alumbrada, insisten los expertos. "Por mucho que el ministerio trate de disimularlo, estas pruebas siguen siendo reválidas", señala Milán. Los estudiantes que se sometan a estos exámenes tendrán que aprobarlos, sí o sí, para obtener el título de ESO o el de bachillerato, aunque ya hayan aprobado todas las asignaturas de estas etapas educativas en sus respectivos institutos.

"El Gobierno sigue decidiendo lo que quiere evaluar, porque, no lo olvidemos, es el Gobierno el que fija el 60% de los contenidos de las asignaturas que van a estudiar los alumnos", señala Milán. "Siguen empeñados en condicionarlo todo a un único examen y eso es, en nuestra opinión, una orientación equivocada", subraya la 'consellera' Ruiz, que recuerda que la Generalitat seguirá aplicando las pruebas de competencias básicas que ha venido realizando en los últimos años.

ITINERARIOS QUE ETIQUETAN A LOS ALUMNOS

Pese a los intentos de Méndez de Vigo por suavizar algunas de las aristas de la LOMCE, la reforma mantiene medidas tan cuestionadas por los pedagogos como la separación de alumnos en cuarto curso de ESO en función de los estudios que los jóvenes quieran seguir cuando terminen la educación obligatoria: bachillerato o formación profesional. El efecto inmediato de esta segregación, que en teoría debe de aplicarse ya el próximo curso 2016-2017 (aunque Catalunya ya ha anunciado que no lo hará), es que "los alumnos con peores resultados serán separados de los que tienen un buen rendimiento y eso se traducirá en una enseñanza de calidad inferior", lamenta Francesc Imbernón, catedrático de Didáctica y Organización Educativa de la Universitat de Barcelona.

Además, denuncia Imbernón, bajo la creación de dos vías o itinerarios (el de enselanzas académicas y el de enseñanzas académicas) “que encauza a los alumnos dentro de la etapa obligatoria, subyace la idea de dividir a los estudiantes para desempeñar trabajos de desigual nivel y de desigual estatus social".

Sin cambios en la Religión ni en la escuela concertada

Las modificaciones anunciadas por el Ministerio de Educación en las reválidas de ESO y bachillerato (dos de las cuestiones aún por desplegar de la LOMCE) no afectan, de todos modos, a aspectos de fondo o ideológicos de la reforma educativa, como la asignatura de Religión. Esta sigue siendo, como había previsto el exministro José Ignacio Wert, una materia evaluable y, por lo tanto, puntuable a la hora de obtener una beca de estudios.

También se mantiene el capítulo que permite a las administraciones ceder suelo público para la construcción de escuelas privadas, a las que, además, se les ha alargado la posibilidad de disfrutar de conciertos educativos de los cuatro años actuales a seis. "La LOMCE en su globalidad no deja de ser una ley en que la educación pasa a ser un servicio de mercado, y no un derecho universal, como debería ser", constata Montse Milán, actual secretaria de políticas públicas en CCOO en Catalunya.