Ir a contenido

Las familias llaman a boicotear la primera 'reválida' de la LOMCE

La Fapac apoyará a los padres que no quieren que sus hijos hagan las pruebas externas de sexto de primaria

La Generalitat, que ha recurrido al TC los tests del ministerio, mantendrá el mismo tipo de examen que el año pasado

Maria Jesús Ibáñez

Alumnos del colegio público Duran i Bas de Barcelona, en las pruebas de competencias, el pasado mayo.

Alumnos del colegio público Duran i Bas de Barcelona, en las pruebas de competencias, el pasado mayo. / ALBERT BERTRAN

El rechazo a las que serán las primeras pruebas externas de evaluación de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la controvertida LOMCE del ministro José Ignacio Wert, ha unido en un mismo frente a casi toda la comunidad educativa catalana, incluida, en este caso, la Administración. Mientras la Generalitat sigue a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) le responda sobre el recurso presentado contra el decreto estatal que regula la popularmente llamada reválida de primaria, las familias están empezando a organizar actos de desobediencia en contra de estos exámenes, previstos para los próximos 4 y 5 de mayo.

Se trata, ha explicado a este diario Montse Conejo, nueva presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Catalunya (Fapac), "de no aceptar una imposición que solo busca poner etiquetas a los estudiantes y pone en cuestión el trabajo diario de los maestros". Máxime en esta primera edición bajo la LOMCE, que abre la posibilidad de que los resultados se hagan públicos. La entidad, que agrupa a más de 2.000 ampas de escuelas catalanas, está dando apoyo a las asambleas informativas y otras acciones reivindicativas que se están ya organizando en colegios, barrios y municipios de toda Catalunya.

La protesta de las familias incluye también el rechazo a las pruebas que harán los escolares de tercero de primaria a partir del 18 de abril y que ya el año pasado fueron boicoteadas por algo más de mil alumnos. Los resultados de estos tests, a diferencia de los que se realizan en sexto curso, no se hacen públicos y, según defienden el Ministerio de Educación y la Conselleria d'Ensenyament, sirven para analizar si los alumnos están adquiriendo conocimientos y competencias a un ritmo adecuado. Las escuelas (y los maestros) pueden de este modo aplicar medidas pedagógicas para solucionar los problemas de aprendizaje detectados.

PUERTA ABIERTA A LOS RÁNKINGS

Para la Xarxa d'Escoles Insubmises (XEI), que lideró la campaña de desobediencia a las pruebas de tercero del curso pasado, la postura de resistencia de la Generalitat en este asunto no deja de ser sospechosa. "En realidad, Ensenyament no está en contra de estos exámenes... De hecho, la ley de educación de Catalunya, la LEC, también los prevé. La diferencia es que aquí no se habla de publicar los resultados y la LOMCE sí lo hace", advierte Belén Tascón, portavoz de la XEI. Eso, precisa, abre la posibilidad a la publicación de ránkings de escuelas, "algo que castiga claramente a la educación pública".

Aunque la Generalitat asegura que los resultados catalanes no se van a hacer públicos (más allá de la comunicación que reciben los colegios y los padres de cada alumno), la XEI denuncia que ya está haciendo uso de esa información. "Desde hace unos meses, por ejemplo, los profesores pueden solicitar un aumento salarial, lo que se conoce como un estadio, siempre y cuando formen parte de la plantilla de un centro que haya salido bien puntuado en las pruebas de competencias básicas", señala la portavoz del colectivo de insumisos.

PRUEBA OBLIGATORIA

Pese a las indicaciones del ministerio, la Generalitat tiene intención de mantener las pruebas de sexto de primaria con el mismo formato que estas han tenido desde que se empezaron a hacer hace ocho años en Catalunya. "Aquí no habrá, al menos este año, prueba de competencias científicas y tecnológicas", han indicado fuentes del departamento que dirige Meritxell Ruiz, en respuesta a lo que prevé la LOMCE.

Quienes no se pronuncian (o si lo hacen, no hablan públicamente) son los maestros. Entre otras razones porque a principios de curso recibieron de la 'conselleria' una consigna clara: "Esta prueba es una actividad educativa y, como tal, tiene carácter obligatorio". Todos los alumnos, "excepto aquellos que sean declarados exentos según la convocatoria de la prueba, tienen la obligación de hacerla", dice el documento de instrucciones que todos los centros recibieron a principios de curso, aún con Irene Rigau como 'consellera'.

Los últimos estertores de una ley que nació sin consenso

El Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes, a propuesta del PSOE, la paralización de la LOMCE, una medida que cuenta con el apoyo de Ciudadanos y a la que podrían sumarse prácticamente todos los grupos de la oposición al Gobierno del PP en funciones. El PSOE, que se ha comprometido a derogar esta ley si llega al Gobierno, pide de momento "suspender el calendario de implantación de la LOMCE y la entrada en vigor de las normas que no hubieran tenido aún vigencia efectiva como es la evaluación final de primaria".

"Esperemos contar con un apoyo casi unánime a excepción del PP y que salga adelante lo antes posible", señaló la semana pasada el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, en la presentación de la proposición de ley. Esta recuerda que el PP "impuso a toda prisa un calendario de implantación que se ha mostrado a todas luces inasumible para las comunidades y los propios centros educativos".

También la Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha pedido a los grupos políticos que conforman el Congreso la paralización de las pruebas externas o ‘reválidas’, tanto la de sexto de primaria prevista este curso como las del próximo año, que afectarán a los alumnos de cuarto de ESO y de segundo de bachillerato.