La Generalitat lleva las pruebas de sexto de primaria al Constitucional

La Generalitat presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto que regula las pruebas de la evaluación final de educación primaria previstas en la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE) y que en principio deberían de realizar el próximo mayo los 460.000 estudiantes de sexto de primaria españoles. El Govern, que promueve el recurso en representación de la Conselleria d'Ensenyament, considera que el decreto vulnera la competencia de la Generalitat en materia educativa, así como su potestad para decidir en qué lengua se hacen esas pruebas.

La finalidad de esta evaluación, que Catalunya viene realizando desde hace años, pero que, por primera vez, estaría regulada por el Ministerio de Educación, debería de limitarse a comprobar el nivel de adquisición por parte del alumno de las competencias del currículo y de los objetivos de la etapa, cosa que, según Ensenyament, no será posible si se aplican los criterios y condiciones previstos por el ministerio, que ha establecido cómo será la prueba "de forma demasiado detallada". En su opinión, "el Estado debería ceñirse a regular las bases y no el desarrollo de estas pruebas".

Es más, asegura la Generalitat, la norma estatal objeto "también regula de forma expresa la lengua en que podrá realizarse la prueba". "Este punto contradice la legislación estatal ya que en ningún caso prevé que se pueda elegir la lengua", argumenta el Govern.

LA VERSIÓN MINISTERIAL

El ministerio que dirige Íñigo Méndez de Vigo rechaza estas consideraciones e insiste en que, en todo caso, en la evaluación "no se determina la obligación de utilizar el catalán o castellano" en las pruebas de asignaturas no lingüísticas. Educación entiende que "en todo momento ha actuado dentro del margen que le permite la competencia", tal y como a su juicio se establece en la Constitución y en la ley orgánica de educación (LOE), donde se prevé que el Gobierno, previa consulta a las comunidades, fije los criterios de evaluación y las características generales de las pruebas.

Además, ha recordado que se permite, si las autonomías lo creen conveniente, adoptar medidas específicas de mejora y "se confía al ámbito decisorio de las comunidades el diseño, aplicación y corrección de las pruebas", ha recalcado. Así, por ejemplo, una comunidad puede decidir no evaluar la expresión oral (como se ha hecho en los últimos años en las pruebas de competencias básicas que ha organizado Ensenyament). Puede optar también por realizar pruebas diferentes o una sola prueba integrada, o utilizar textos de diversos tipos y formatos.

CIERTA HOMOGENEIDAD

Es un examen, ha insistido el ministerio, de mero diagnóstico, que permitirá "detectar posibles deficiencias del sistema educativo y medir su calidad para adoptar correcciones, por lo que es necesario gozar de cierta homogeneidad y de resultados comparables".

Por ello, ya el pasado noviembre el Consejo de Ministros que la prueba evalúe las competencias de los alumnos en Lengua, Matemáticas, Ciencia y Tecnología. En catalunya, en cambio, Ensenyament lleva meses insistiendo en que en principio no está previsto que este primer año se hagan exámenes de estas dos últimas materias. "El modelo que se aplicará en las escuelas catalanas es el modelo propio, el que se ha desarrollado hasta ahora", han indicado fuentes de la 'conselleria' en repetidas ocasiones.