La escuela pública se rebela contra los cierres anticipados de aulas de P3

Las reglas del juego no convencen. En un momento de fuerte caída demográfica de la población infantil, no es justo, dicen familias, maestros y otros defensores de la escuela pública, que la Conselleria d'Ensenyament anticipe cierres de aulas antes de que los padres puedan preinscribir a sus hijos en el colegio que más les convence, o más les conviene. Estas voces, a las que últimamente se están uniendo también las de algunos ayuntamientos (de momento, gobernados por partidos de izquierdas), reclaman que todos los colegios que se financian con fondos públicos de la Generalitat, sean de titularidad pública o de titularidad privada, pasen por un mismo rasero a la hora de atraer a nuevos alumnos. Que haya, en definitiva, igualdad de condiciones. 

Porque ahora, aseguran los valedores de la pública, las reglas del juego no son las mismas para todos. Lo primero que se tendría que modificar, dicen, son los mecanismos que prevén que la Generalitat pueda dictar, antes de que se inicie el plazo de preinscripción (normalmente en el mes de marzo), cuántas clases cierran cara al curso siguiente y en qué colegios lo hace. Esta cifra, que el próximo curso se prevé abultada porque en Catalunya ingresarán casi 6.000 alumnos menos que en el 2015, la calcula Ensenyament a partir de los padrones municipales. 

Con la información facilitada por los ayuntamientos "y siempre de acuerdo con ellos", insiste Ensenyament, la 'conselleria' realiza una previsión de la demanda que se va a producir y presenta lo que denomina la oferta inicial de plazas escolares. "El problema es que los anuncios anticipados de cierre que en los últimos años ha venido haciendo la Generalitat afectan, siempre, a las escuelas públicas", denuncian sus defensores. La supresión de aulas (o líneas) en la escuela concertada se produce 'a posteriori', es decir, cuando ya se ha completado la matrícula, normalmente después del mes de junio, según está previsto en la ley de educación de Catalunya (LEC).

ESTAMPIDA EN BERGA

Ajena a lo que se cuece en los despachos, una estampida infantil sale corriendo hacia el patio en el colegio Santa Eulàlia de Berga ataviada con sombreros de colores: chisteras decoradas con purpurina, coronas de princesa, gorros de esquiar o gorras de rapero. Es la semana de Carnaval y todos los alumnos (y los profesores) llevan un tocado en la cabeza. En el vecino colegio de la Valldan, los apenas 75 estudiantes del centro van, en este caso, vestidos con el pijama. En la escuela de Sant Joan, el tercer centro público que imparte educación infantil y primaria en la capital del Berguedà, hay ensayo general sobre la coreografía que los alumnos más pequeños representarán el próximo viernes, con motivo de la llegada del Rei Carnestoltes.

El Ayuntamiento de Berga es uno de los que han reclamado con más ahínco el cambio de sistema en la publicación de la oferta inicial de plazas escolares. El próximo curso 2016-2017, en el municipio, solo pasarán a P3 un total de 122 alumnos, insuficientes para llenar las más de 175 plazas que hasta este año han ofrecido las escuelas locales. El consistorio, que comprende que la demografía obliga a cerrar al menos un grupo (y a reducir, en consecuencia, la oferta inicial de plazas en 25 alumnos), "aprobó en el pleno de enero una moción pidiendo a la Generalitat que reconsidere su decisión de actuar solo en las públicas", explica Mònica Garcia, concejala de Educación por la CUP.

La moción municipal se hace eco de una petición promovida por una plataforma ciudadana, que tiene el apoyo de 2.800 firmas y que pide que Ensenyament "contemple también la posibilidad de tocar alguna línea de P3 de alguna de las dos escuelas concertadas de la ciudad, financiadas también con fondos públicos", constata Garcia. "El número de alumnos en la escuela pública de Berga es superior al de la concertada, con lo que reducir la oferta de las plazas públicas podría comportar que algunas familias no pudiesen escolarizar a sus hijos en ese sistema", afirma la concejala.

La Generalitat, que insiste en que el asunto todavía está siendo debatido en la Mesa Mixta de Planificación, asegura que aún no hay ninguna decisión tomada. "Cualquier medida que se adopte en firme será pactada con los ayuntamientos", informan fuentes de Ensenyament. Y recuerdan que, en cualquier caso, todas las familias que soliciten plaza en escuelas públicas en su formulario de preinscripción, la tienen garantizada por ley.

UNIÓN EN LA PÚBLICA

Lejos de entrar en una competición, "de aprovechar cualquier situación de debilidad", los directores de las escuelas públicas de Berga ha optado por unir esfuerzos. "Nuestra petición es simple: solo queremos que la Administración mantenga la oferta inicial de plazas del curso pasado y que sean las familias las que decanten la balanza", indica Ramon Gassó, director del colegio Sant joan. "Se trata de no predisponer a nadie, de permitir que los padres puedan elegir libremente dónde quieren escolarizar a sus hijos", defiende Betlem Guillén, directora del Santa Eulàlia (el colegio de los sombreros coloridos). "Es un acuerdo que tomamos entre todos, porque no queremos que el cierre sea una lotería", abunda Imma Armengol, directora del centro de la Valldan, que se ha sumado a la iniciativa, pese a que ya sabe que a su colegio, una antigua escuela rural que ahora agrupa a los alumnos por ciclos, no va a afectarle el recorte.

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