El Gobierno retendrá a Catalunya de su financiación autonómica el coste de la enseñanza privada en castellano

Según Wert, el Gobierno está "muy tranquilo" sobre sus competencias porque el decreto está "al amparo" de la Constitución

Las familias tendrán que asumir la diferencia si la plaza en el centro privado supera los 6.057 euros anuales

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El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, deducirá o retendrá de la financiación autonómica a las comunidades con lengua cooficial la matrícula, escolarización, transporte, comedor e internado de los alumnos que quieran optar el curso que viene 2014-2015 a una enseñanza en la que el castellano sea lengua vehicular, si no se garantizan plazas públicas suficientes.

Esta disposición se dirige principalmente a Catalunya, donde algunas familias han querido que sus hijos estudiaran en castellano en la red pública pero no había oferta suficiente. El texto regula la obligación por parte de todas las administraciones educativas con lengua cooficial de garantizar el derecho del alumnado a recibir las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios.

El decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros desarrolla la disposición adicional 38ª de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), denominada 'Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal'.

Pago a cuenta

Según el texto, el ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumirá íntegramente, a cuenta de la administración educativa correspondiente y con previa comprobación, los gastos efectivos de escolarización de ese alumnado en centros privados en los que sí exista una enseñanza en la que el castellano sea lengua vehicular y que repercutirán a la correspondiente administración educativa.

El procedimiento será iniciado por las familias e instruido por la Alta Inspección de Educación y en él deberá darse audiencia a la administración educativa afectada. Los beneficiarios son los alumnos que cursen educación obligatoria --hasta los 16 años-- con un límite del gasto medio por alumno público en enseñanza no universitaria que actualmente es de 6.057 euros.

En el caso de que el alumno que quiera estudiar en castellano solo tenga un centro privado en su municipio o en el más cercano y éste rebase el límite económico establecido de 6.057 euros anuales, la familia tendrá que asumir la diferencia, según han explicado fuentes del ministerio. 

Las familias adelantarán el dinero

El decreto establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes por parte de las familias, de manera que éstas tendrán que abonar por adelantado a los centros privados la cuota de escolarización y, si es necesario, el comedor y el transporte. "No se intenta establecer modelos de utilización del castellano como lengua vehicular exclusiva en las comunidades con lengua cooficial propia", ha afirmado el ministro Wert, que ha recordado que "simplemente, se trata de garantizar ese derecho que reiteradamente tiene reconocido el Tribunal Constitucional". 

Wert ha indicado que se trata de un mecanismo "temporal y limitado" y ha explicado los requisitos para poner en marcha este mecanismo subsidiario: que el modelo educativo no garantice el uso del castellano, es decir, que solo contemple el uso del castellano en asignaturas de Lengua y Literatura castellanas; que no haya proporción razonable de ambas lenguas; que los padres lo hayan solicitado de forma fehaciente y no hayan sido asistidos; o que el alumno se haya tenido que matricular en otro centro.

Al amparo de la Constitución

El Gobierno está "muy tranquilo" sobre sus competencias en el real decreto ya que se aprueba "al amparo" de la Constitución, según el ministro. "Estoy convencido de que no existe ningún tipo de abuso de poder porque se sigue escrupulosamente lo que la doctrina constitucional establece", ha respondido sobre las quejas de la Generalitat, que lo recurrirá por ser "absolutamente ilegal".

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Según Wert, no supone "ninguna sorpresa" que Catalunya anuncie un recurso, dado que ya había acudido al Tribunal Constitucional contra esta cuestión en la LOMCE.

La 'consellera' de Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau, ha denunciado que el Gobierno prepara una "multa lingüística"Gobierno  a Catalunya, en un acto "muy autoritario" que, ha dicho, "nos lleva a los peores años de la persecución de la lengua" catalana.