La historia de la VPO en cuatro actos

De acoger el éxodo rural durante el franquismo a reivindicarse como respuesta a la actual crisis habitacional

La Vivienda de Protección Oficial (VPO), antaño una de las principales soluciones habitacionales promovidas desde la esfera pública, vuelve a situarse en la actualidad en el centro del debate inmobiliario en un contexto de crisis en el acceso a la vivienda y ante el reto de volver a despuntar como elemento clave para solucionar la crisis habitacional.

En El Periódico hacemos un repaso histórico desde sus inicios bajo mandato franquista y la eclosión en los años 60 a sus vaivenes con la llegada de la democracia, el boom inmobiliario y la posterior crisis.

El origen de la vivienda protegida en España se entiende en el contexto de posguerra y de la industrialización acelerada: faltaba vivienda, crecían las periferias urbanas y el Estado buscó canalizar la demanda con un paquete de normas, organismos y financiación. En la autarquía (1939-1959) dominan la escasez y el intervencionismo: se crean o refuerzan instituciones como el Instituto Nacional de la Vivienda y se recurre a legislación para impulsar vivienda “social”, pero con resultados irregulares. A partir de 1959, con el Plan de Estabilización y el ciclo desarrollista, aumenta la inversión y se levantan grandes residenciales para absorber el éxodo rural.

La clave política fue orientar la vivienda social hacia la propiedad: se pretendía que el acceso a un piso en propiedad actuara como mecanismo de integración y disciplina social, y se favoreció el protagonismo de promotores privados apoyados por el Estado, con un esfuerzo presupuestario que llegó a superar el 13% anual del total. Esa combinación permitió acelerar la producción, pero dejó también sombras: barrios periféricos con déficits de equipamientos, estándares constructivos desiguales y segregación socioespacial. El legado es doble: por un lado, la vivienda protegida queda como palanca histórica de acceso a la casa; por otro, se consolida un modelo con poco parque público de alquiler y una fuerte dependencia del ciclo inmobiliario, que condicionará las décadas posteriores.

En democracia, la VPO se mantiene, pero cambia de marco. Durante los primeros años 80, el Estado usa planes de vivienda, ayudas y suelo para sostener el acceso a la compra, y la vivienda protegida llega a dominar el mercado de obra nueva: en 1985 se terminan 114.067 VPO, el 67% del total. Desde finales de los 80 se abre una etapa de descenso: el peso baja al 22% en 1990 y al 16% en 1991, en un contexto de mayor confianza en el mercado y de construcción de un Estado del bienestar centrado en otras partidas, como educación, sanidad o servicios sociales. En los 90 la producción oscila y hay repuntes, pero la tendencia se debilita hacia el cambio de siglo, aunque siguió siendo el trampolín hacia la propiedad.

En los 2000, la VPO vive una paradoja: se construye mucho, pero su papel estructural se diluye dentro de una ola de vivienda libre alimentada por expansión del crédito y del suelo urbanizable. El máximo de la burbuja llega en 2006, con más de 658.000 viviendas terminadas, 67.230 de ellas protegidas, alrededor del 10% del total. Entre 2003 y 2008, la VPO se mantuvo en niveles de producción por encima de las 50.000 unidades al año, con una cuota de alrededor del 15%, un volumen relevante. Además, una parte sustancial se promueve por promotores privados y es adquirida por particulares, motivo por el que muchas de ellas acaban perdiendo la protección tras unos años, entrando en el mercado libre: el sistema genera acceso temporal, no stock permanente. Cuando estalla la crisis, el desplome de la vivienda libre hace que la VPO gane peso estadístico por inercia, aunque en los siguientes años el ajuste del sector y las restricciones financieras dejan a la vivienda protegida sin músculo para sostener los niveles de la década anterior.

Desde 2015, la producción de vivienda protegida se ha mantenido en mínimos históricos, con repuntes puntuales. Desde 2012, las VPO terminadas pasan a cifras de menos de 10.000: son 8.471 en 2013, 7.931 en 2015 o 4.938 en 2017. En los últimos dos años, los niveles han crecido ligeramente, especialmente al calor de los fondos europeos que llegaron a España, de los que una parte se destinó a financiar la construcción de inmuebles de este carácter. Sin embargo, por el momento el ascenso es testimonial echando la vista varias décadas atrás. Sin embargo, políticos de diferente ideología y todos los estamentos de la administración están centrados en incrementar la VPO.

En un momento en el que la administración pública tiene el reto de dar una respuesta sólida a la alarmante falta de oferta de vivienda a precios asequibles, la VPO sigue siendo uno de los puntales que puede ayudar a dar solución a, tal y como indica el CIS, uno de los principales problemas que actualmente afecta a los españoles.